Comunidad Valenciana  Valencia se enfrenta a una situación «muy delicada» por el auge de las bandas

Episodios de reyertas entre bandas juveniles rivales o que decenas de encapuchados armados siembren el pánico en las calles de varios municipios y se enfrenten a la Policía son cada vez más habituales en la ciudad de Valencia y sus alrededores.

Los datos sobre delincuencia en España facilitados por el Ministerio del Interior no sitúan a la capital levantina en un lugar deseable. Más bien, todo lo contrario, ya que únicamente tiene a la Barcelona de Ada Colau con peores registros al respecto.

De ello da buena cuenta el secretario Provincial del sindicato de Policía Nacional Jupol, Sebastián Gómez, apuntando que la situación «en las calles cada vez es más complicada» por el aumento de reyertas «organizadas y fomentadas por grupos juveniles».

Tan es así, que el agente indica que ha aumentado la incautación «de armas blancas, punzantes y palos», lo que ha obligado a la Jefatura Superior a «organizar dispositivos de refuerzo» ante lo que se tienen que enfrentar «los compañeros».

Una de las causas de ello Gómez la enfoca en la «cobertura jurídica» de los agentes, ya que se ven «vendidos en la calle y en los tribunales, sin la garantía» que consideran debieran tener «como agentes de la autoridad». «Las faltas de respeto van en aumento y las condenas, si las hay, son demasiado livianas», añade el policía.

La misma opinión sostiene el coordinador de Sindicato Profesional de Policía Local y Bombersos (SPPLB), Vicente Gil, que apunta a la «modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana», conocida como 'Ley Mordaza': «El contexto es muy delicado porque se disminuyó el principio de autoridad y eso es bastante problemático», a lo que añade que, con ello «los políticos muchas veces» les «echan a los pies de los caballos» a los agentes y estos quedan como «los culpables de todos los males».

No llegan a los 30 años

En cuanto al asunto de las bandas, el miembro de Jupol describe el perfil de sus integrantes señalando que suelen ser «varones, armados, y extranjeros o de orígenes extranjeros», aunque también hay grupos con «jóvenes nacionales».

En relación a la edad, Gómez afirma que los miembros de estas pandillas son «tanto menores como mayores de edad», pero en este último caso «no llegan a los treinta años, por lo que la horquilla más común abarca desde los dieciséis hasta los veinticuatro años».

Sobre ello, Gil añade que la mayoría son jóvenes con «una familia desarraigada y que tienen o han tenido lazos familiares complicados», por lo que hace que se unan «en bandas muy problemáticas a nivel de seguridad».

Ambos coinciden en que los integrantes de estas bandas tienen comportamientos violentos: «Corremos mucho riesgo porque te encuentras en muchas ocasiones solo ante el peligro con tres o cuatro patrullas frente a decenas de jóvenes que te la están liando, no tienen conciencia del principio de autoridad y no respetan nada», comenta el miembro del SPPLB.

En esta línea, Gómez insiste en que, aunque en un primer momento «huyen para evitar ser identificados y detenidos», cuando se ven «acorralados, no dudan en enfrentarse a la Policía sin ningún tipo de miedo a la autoridad».

Preguntados por el comportamiento de estos grupos, el secretario Provincial de Jupol explica que sus motivaciones son «quedar a través de las redes sociales para pegarse sin más entre ellos» o también para «agredir y robar con intimidación y violencia a los ciudadanos».

En todo caso, Gómez resalta que a estos jóvenes no les mueven «motivos étnicos ni religiosos», sino el simple hecho de «demostrar fortaleza de cada grupo respecto al otro».

De cara a frenar esta espiral delictiva y violenta que se está expandiendo desde la propia Valencia a sus barrios periféricos y localidades adyacentes, los representantes de ambas asociaciones policiales hacen hincapié en reivindicaciones comunes que, por mucho que la san planteado, no han sido atendidas.

De este modo, piden un refuerzo de «personal» en relación al aumento del «número de funcionarios» y a «ampliar el catálogo de puestos de trabajo», que lleva desfasado «quince años», lo que, en opinión de Gómez, ha provocado que actualmente haya «una plantilla muy menguada para las necesidades de los vecinos».

La mejora y aumento de medios materiales también son exigencias policiales históricas que no terminan de ser satisfechas. Así, Gil reclama «chalecos antibalas, antipunzantes, cascos, escudos y vehículos adaptados para este tipo de situaciones».

Además, el policía local incide en que se debería impartir formación a los agentes «en control de masas» para que, en caso de verse en un «conflicto de estas características», puedan «recular» y defenderse.

En la derivada política, la diputada autonómica del Partido Popular Verónica Marcos apunta una doble circunstancia. Por una parte, recuerda que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «incumple» el convenio firmado con el Gobierno valenciano según el cual su departamento se comprometía a dotar con «quinientos agentes» a la Unidad Adscrita de la Policía de la Generalitat.

Por tanto, a ojos de Marco, esto demuestra que el presidente regional, Ximo Puig, «no pinta nada» porque «no es capaz de lograr que el ministro cumpla con el convenio firmado».

La segunda circunstancia que apunta la popular es la «falta de coordinación y competencia» entre la Administración central y la autonómica en esta materia, ya que las cifras proporcionadas por Interior ponen a la Comunidad Valenciana como la «segunda más insegura de España tras Cataluña» mientras, por otro lado, la consejera de Justicia, Gabriela Bravo, afirma «todo lo contrario».

Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, Pepe Gosálbez, señala que las «reyertas entre bandas están a la orden del día en la Valencia de Ribó», por lo que apunta a una delincuencia de carácter «multiétnico». «De cada ocho delitos, siete son cometidos por extranjeros», indica en base a los datos del propio Consistorio.

Por otro lado, el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés censura que en la capital «se hayan tenido que vivir episodios tan violentos» y reclama al alcalde, Joan Ribó –de Compromís- y a todo su Gobierno municipal que reaccionen «de una vez por todas» y pongan «en marcha los recursos» del Ayuntamiento.