Comunidad Valenciana  El tripartito valenciano sube 5.000€ al año el sueldo de sus asistentes

El Gobierno valenciano sigue tirando de chequera. Y lo hace a pesar de la inflación galopante que arrasa las economías domésticas y a la par que, desde la misma Generalitat, se pide esfuerzos a consumidores, familias y negocios para mitigar los efectos de la escalada de precio.

En esta ocasión, la generosidad de los miembros del tripartito integrado por el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem ha recaído en sus colaboradores más estrechos, sus asistentes personales.

En términos porcentuales, estos –tanto de Presidencia, como de Vicepresidencia y el resto de consejerías– notarán a fin de mes cómo su nómina habrá aumentado desde el mes de enero en un 14 %.

Esta cifra corresponde al 4 % que el Ejecutivo autonómico fijó como subida a los funcionarios y a todo el personal que trabaja en la Administración regional, más un 10 % extra aprobado a modo discrecional por el Pleno del Gobierno valenciano.

De esta manera, los asistentes del presidente de la Comunidad, Ximo Puig, y de los responsables de las carteras del Gabinete pasarán de percibir 35.500 euros anuales a 40.500, es decir, un aumento de 5.000 euros al año prorrateados en catorce pagas.

«Aumento de las necesidades»

Aunque el Ejecutivo lo conforman Puig, la vicepresidenta, Aitana Mas, y diez consejeros, de la medida de gracia se verán beneficiadas veintiuna personas, costándole a las arcas públicas más de 100.000 euros en 2023.

El motivo que el tripartito esgrime para este incremento de gasto cuando ya disfrutarán del 4 % fijado es que estos asistentes, que el propio Gobierno define como «secretario/a», van a experimentar un «aumento de las necesidades».

Asimismo, se asegura desde el Ejecutivo que la «actividad de los gabinetes ha puesto de manifiesto» la obligación «de adecuar las retribuciones de este personal a la mayor responsabilidad, dedicación y disponibilidad exigidas en su desempeño».

Asimismo, el propio acuerdo del Gobierno valenciano describe las funciones de quienes ocupan estos puestos de trabajo: «Mantenimiento de las relaciones de la persona titular del departamento con los altos órganos e instituciones de la Generalitat, del Estado y de las demás administraciones públicas».

También se encargan de «mantener las relaciones informativas y con los medios de comunicación y de todas aquellas, de análoga naturaleza que se les encomiendan». Dicho de otra manera, agenda y prensa.

Cabe recordar que este hecho se produce a escasos seis meses de unas elecciones autonómicas que se prevén tan cruciales como reñidas y en las que la presidencia de la Generalitat pueda acabar dependiendo, literalmente, de un puñado de votos.

Además, llama la atención que ese aumento de la carga laboral se haya descrito de manera etérea y sin concreción, así como que se produzca a las puertas de los comicios y no, por ejemplo, durante el confinamiento y otras etapas de la pandemia, con una situación sin parangón sobrevenida.

Preguntado por El Debate, el Partido Popular rechaza aumentar las retribuciones de los asistentes de Puig y sus consejeros porque «cada día las familias lo pasan peor y es más difícil llegar a fin de mes».

En este sentido, las mismas fuentes lamentan que el tripartito «no se quita ningún privilegio» mientras sus políticas fiscales van a provocar «que cada valenciano el próximo año vaya a pagar 430 euros más en impuestos».

Semejante opinión tiene la portavoz de Ciudadanos en las Cortes regionales, Ruth Merino, que afirma que el Gobierno autonómico «ha perdido el norte», aspecto que achaca a que los casi ocho años «que han estado gobernando han hecho que se alejen de la realidad». «Para ellos y los suyos no existe la crisis y bien que se encargan de que no les afecte la inflación mientras familias y empresas se ahogan y hacen grandísimos esfuerzos por reducir gastos», apunta Merino.

Por su parte, la 'síndica' de Vox en el parlamento valenciano, Ana Vega, califica la subida de sueldos como «una auténtica vergüenza» y argumenta que mientras Puig «pide más esfuerzos a las familias y hace caja con el sufrimiento» tiene «la desfachatez de subirse el sueldo un 4 % todo el Gobierno y ahora subir las nóminas un 10 % más a todos sus asesores».

Así, Vega insiste en que lo que el Ejecutivo regional debería acometer es una rebaja en el «gasto público innecesario» y señala que a la política se llega «con vocación de servicio público y no a llenarse los bolsillos a costa de las familias».