Comunidad Valenciana  El Corredor Mediterráneo, una infraestructura crucial que lleva 20 años de retraso

Cuando se habla de Europa o de la Unión Europea como organización política, buena parte de la población –al menos en España– tiene la concepción de una gran maquinaria burocrática en la que se acumulan políticos que ya han dejado paso a las siguientes generaciones y cuyo trabajo lo describen como un «chollo» porque, eso creen, se pasan más tiempo en España que en Bruselas.

Quizás, las respuestas ofrecidas por los Veintisiete ante retos de gran relevancia y sin ejemplo en la historia reciente como la pandemia del covid-19 y la guerra de Rusia en Ucrania hayan colaborado a variar esa percepción social. En tal caso, ese cambio obedecería a circunstancias excepcionales.

Para llegar a ese punto se podría achacar cierta apatía de la gente a la hora de conocer la importancia de la Unión, sus ámbitos de actuación y cómo afectan sus decisiones al día a día. Pero también Bruselas ha puesto su granito de arena con su falta de pedagogía y la dilación ad eternum de algunas de sus grandes iniciativas.

El caso que posiblemente más afecte a España sea el del Corredor Mediterráneo, una obra crucial para vertebrar ese arco entre sí y con otras grandes ciudades europeas tanto en el tránsito de pasajeros como de mercancías, y que acumula más de veinte años de retraso en su finalización y puesta en marcha.

¿Qué es el Corredor Mediterráneo?

Para conocer qué es más concretamente, la Asociación Corredor Mediterráneo –liderada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE)– señala en diferentes documentos corporativos que no se trata de «un tren, un proyecto del Gobierno o una hazaña», sino de una «infraestructura ferroviaria» que conectará Algeciras (Cádiz) con otras ciudades importantes de España como Málaga, Murcia, Alicante, Valencia o Barcelona con la frontera francesa.

A su vez, todas estas estarán enlazadas con grandes otras urbes de gran relevancia en el continente como Lyon, Milán, Liubliana, Zagreb o Budapest, entre otras para transportar, como se ha dicho, tanto personas como mercancías en ambos sentidos de circulación.

En total, serían 3.500 kilómetros de vía que unirán por tren el 54 % de la población europea, lo que supone el 66 % del Producto Interior Bruto (PIB) de la zona Euro.

¿Qué beneficios aportará?

De este modo, los beneficios que supondría llevar a término esta obra son varios para España. Por una parte, la asociación indica que supondría que el territorio nacional estaría «más completo y sería más eficaz y justo», ya que el Corredor serviría para «complementar» la red radial con una circular.

En cuanto al turismo, la infraestructura actuaría como «impulso del sector», ya que atraería «más turismo de calidad desde Europa» y conllevaría un «incremento de los viajes de fin de semana».

También en el terreno económico, se reducirían los «costes de transporte», los puertos españoles estarían «mejor conectados» con los europeos y habría un incremento de las exportaciones.

Todo ello repercutirá directamente en la «productividad y competitividad de las empresas» nacionales, en la calidad del empleo y será un generador de «más oportunidades y nuevos negocios».

Otra clase de beneficios serían de índole medioambiental, con reducción de emisiones de CO2 y un ahorro energético, y en el campo de la movilidad, con unos tiempos de viaje que bajarían «prácticamente a la mitad» y con un tráfico «rodado y con menos accidentes».

¿Cuándo se prevé que esté acabado?

El estado de las obras o, más bien, su evolución, es lo que dio origen en 2016 a la iniciativa #QuieroCorredor, promovida por la propia asociación. La suma de retrasos llevó a un conjunto de empresarios y la sociedad civil a reivindicar la finalización del proyecto.

La última fecha concreta que se dio era 2025, pero el propio colectivo ya reconoce que es imposible «aunque técnicamente era posible». Al respecto, una de las caras más visibles de la asociación es Vicente Boluda, propietario de la compañía de navieras homónima y presidente de AVE, quien afirma que España «no puede esperar más»: «Lo necesitan nuestra industria, nuestro campo, nuestras exportaciones, nuestro turismo, nuestra sostenibilidad y nuestra cohesión territorial», apunta el empresario valenciano.

Para evitar que la causa defendida sea catalogada como partidista o perteneciente solo a una comunidad autónoma, las asociación hace hincapié en que los retrasos son responsabilidad «de los distintos gobiernos», que han hecho que el objetivo de 2025 haya quedado desfasado.

El propio Boluda pone en valor la iniciativa, asegurando que en ella está representados «el cien por cien de la sociedad y de los sectores productivos» y destaca algunos como «la logística, la cerámica, el turismo, la innovación, el mundo universitario, colegios profesionales de todo tipo, la construcción o la automoción», entre otros muchos.

En el mismo sentido se expresa el abogado de Roca Junyent, Miquel Roca: «El progreso de Europa no se improvisa, pasa por grandes corredores», indica el jurista, que define el Mediterráneo como «fundamental no solo para España, sino para Europa entera». A juicio de Roca, el Continente «deberá atender a construir paz y progreso a través de infraestructuras».

Actualmente, de los dieciséis tramos de los que consta la obra, tan solo tres están finalizados. En cambio, hay otros que tienen fecha prevista de término entre 2022 y 2026, mientras que algunos ni siquiera tienen un horizonte temporal determinado.

Para intentar remediarlo, la asociación, con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia de reivindicar la culminación del Corredor, ha puesto en marcha diversas campañas en las ciudades que estarán conectadas con lemas creativos para enganchar a la gente.

Algunos de estos son «Para tardeo, el del Corredor Mediterráneo» (Murcia), «Seguimos como en el Lejano Oeste» (Almería) o «Colecciona retrasos», que se promovió en Barcelona.

¿Qué postura tienen los partidos?

Si en los ámbitos empresarial y civil hay un consenso indiscutible, el panorama es bien distinto en el terreno político.

Así, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez indicó en un acto sobre el Corredor celebrado este mes de noviembre organizado por la asociación que en el conjunto de las comunidades autónomas afectadas hay obras que equivalen a «700 kilómetros», aunque descartó dar una fecha aproximada para la finalización de la infraestructura.

En esa línea, fuentes del PSPV-PSOE resaltan a El Debate «los importantes avances» que se han dado en la construcción de Corredor desde que los socialistas están en el poder porque consideran que se trata de una «infraestructura clave y necesaria».

Por ello, consideran que los Presupuestos Generales del Estado recientemente aprobados reafirman el «compromiso» del Gobierno de Pedro Sánchez, ya que invierte «1.750 millones de euros en el Corredor», por lo que, en su opinión, el avance de este va «por el buen camino».

No opina lo mismo el Partido Popular. Vicente Betoret, diputado en el Congreso por Valencia, cataloga de «vergüenza» el ritmo «tercermundista que llevan las obras», así como la «falta de compromiso» de la Moncloa.

El parlamentario popular cree que «por supuesto se puede hacer mucho más» y para ello asegura que bastaría con «comprometerse de verdad y no solo con propaganda y marketing». En contraposición, exige al Ejecutivo central que ponga en marcha «partidas económicas concretas y un cronograma claro y específico».

Con ninguna de estas dos posturas se identifica Ciudadanos. El coordinador de la formación en la provincia de Alicante y diputado en San Jerónimo, Juan Ignacio López-Bas, señala al «bipartidismo» de la dilación en la puesta en marcha del Corredor y acusa a populares y socialistas de haber tenido «una legendaria ausencia de compromiso»

Para él, esto significa «una de las cuentas pendientes más sangrantes de PSOE y PP».

El parlamentario 'naranja' recalca que, al igual que su partido hizo presentando una propuesta en el Debate sobre el estado de la Nación, seguirá «reclamando con tesón» en el Congreso las partidas necesarias para el Corredor para impedir que el «conchabeo» de Sánchez «con el nacionalismo centre las inversiones solo en Cataluña».