De izquierda a derecha, los presidentes autonómicos de Murcia, Fernando López Miras, Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y Castilla-La Mancha, Emiliano García Page
Comunidad Valenciana Puig abandona la defensa constitucional de la unidad de España y la solidaridad entre las regiones
Frente a otros presidentes regionales, el valenciano ha renunciado a dar la batalla en cuestiones capitales como el agua o las ansias de anexión independentistas
Una de las principales características políticas del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, es su equidistancia. A pesar del acercamiento de su Gobierno hacia los postulados del independentismo catalán, a nivel nacional su imagen de barón territorial responsable y de hombre de Estado apenas se ha visto erosionada.
Ese equilibrio premeditado, o ese 'sí, pero no', ha derivado en tibieza o dejadez cuando de lo que se trata es de exigir que se respeten determinados principios constitucionales. En su defensa en la Comunidad Valenciana el socialista sigue ausente.
El último gran asunto que lo deja patente es el que la Carta Magna recoge en su artículo dos cuando habla de la «solidaridad» entre las «regiones» que integran España.
No solo en la Comunidad Valenciana, sino en todo el Levante nacional habar de solidaridad entre las distintas comunidades autónomas lleva automáticamente a pensar en el asunto del agua y de los trasvases.
Por ello, la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de elevar el caudal ecológico del rio Tajo y recortar el trasvase con el Segura ha reavivado le polémica entre regiones. En cambio, hay un cambio significativo respecto a episodios similares previos.
Tándem Mazón-López Miras
En esta ocasión, la Región de Murcia es la única administración autonómica en criticar la medida del departamento liderado por Teresa Ribera. Su presidente, Fernando López Miras, se ha encontrado a la hora de criticar el recorte en la infraestructura hídrica porque su homólogo valenciano Puig ha desistido de dar esa batalla.
El frente común para que el agua del Tajo llegue al sureste español con las cantidades necesarias lo encabezan el propio López Miras y el presidente de la Diputación de Alicante y del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), Carlos Mazón.
Mientras, el papel que está jugando la Generalitat es el de las buenas palabras, no molestar a La Moncloa –Puig no está para seguir haciéndolo– y apelar al diálogo y al acuerdo.
Así tanto López Miras como Mazón han anunciado que estudiarán litigar en los tribunales con el Gobierno central, al que acusan de proceder al recorte en el trasvase sin informes técnicos que lo avalen, a la par que reprochan a Puig su «rendición» ante los intereses del presidente castellano-manchego, Emiliano García Page.
Al respecto, el portavoz adjunto del PPCV en las Cortes autonómicas, Miguel Barrachina, echa en cara al jefe del Ejecutivo valenciano que se haya dedicado a «cruzarse de brazos» en vez de luchar para «defender la llegada de agua» a la región.
El diputado asegura que Puig actúa así porque su objetivo es el de «no molestar a Sánchez» y lamenta su ya mencionada propensión hacia la equidistancia: «No puede pedir consenso y solicitar actuar en Madrid de manera unida en defensa de los intereses de los valencianos y, al mismo tiempo, los tres grupos de la izquierda votar en contra en las Cortes de evitar los recortes de agua», indica Barrachina.
Pedro Sánchez y Ximo Puig se saludan en Alicante
En opinión del popular, esa ausencia para garantizar que la solidaridad entre las regiones españolas sea una realidad es producto de la «total intrascendencia» de Puig y «su peso en Madrid nulo».
El nivel en el recorte del trasvase no es que vaya a ser, precisamente, anecdótico. Con efecto inmediato, este será del veinte por ciento, mientras que en tres años, el porcentaje aumentará hasta el cincuenta por ciento.
En base a esas cifras, Barrachina considera «una vergüenza y una traición» que el tripartito compuesto por PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem haya votado en contra de revertir la decisión del Ministerio, que según el parlamentario, es lo mismo que decir «la muerte del 70 % del regadío alicantino».
Si en la política hídrica la gestión de Puig y su Gobierno no cuenta con grandes hitos ni reivindicaciones conseguidas, la defensa de la unidad nacional, directamente, es un asunto desconocido para el socialista desde su puesto institucional.
El anteriormente citado artículo dos de la Constitución Española comienza asegurando que la Carta Magna «se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles».
Patrocinio de actividades secesionistas
Frente a la contundencia y meridiana claridad que se desprende del artículo, el tripartito liderado por Puig ha callado ante los constantes insultos y amenazas de anexión que provienen del Gobierno catalán y sus numerosos satélites asociativos.
No solo eso, sino que, además, sigue manteniendo una política de marginación hacia lo estrictamente valenciano en favor de fomentar e imponer el catalán en todos los ámbitos de la vida diaria.
Esta abarca desde los colegios a la Sanidad, pasando por la Administración y acabando en el señalamiento púbico a comercios que no rotulen en valenciano según los postulados ideológicos del Gobierno autonómico.
No son pocos los analistas que coinciden en afirmar que la estrategia de Puig y sus socios de coalición es la ejecutar una suerte de procés independentista a imagen y semejanza del de Cataluña, pero imprimiéndole varias marchas más para que cristalice antes.
Para ello, desde las arcas públicas valencianas el tripartito no ha dudado en regar –también desde al Ayuntamiento de la capital u otras instituciones– con millones de euros a un conjunto de asociaciones catalanistas para que en la sociedad vaya calando el poso de la creación de los pretendidos 'Países Catalanes', también junto a Baleares.
Plataforma per la Llengua, Escola Valenciana o Acció Cultural del País Valencià son algunas, pero no las únicas asociaciones secesionistas que han sido agraciadas con las subvenciones del Ejecutivo valenciano.
Pegatinas sobre carteles reivindicando el valenciano en Valencia
Un caso podría ser el del Aplec Excursionista de los «Países Catalanes» que la Generalitat de Puig ha patrocinado económicamente y que se celebra hasta el 6 de diciembre en la localidad alicantina de Alcoy.
Por tanto, el salto cualitativo a la hora de obviar la unidad de España y la integridad territorial de la Comunidad Valenciana es más que notable: se pasa de no responder a subvencionar y de subvencionar a integrarlo en el propio territorio como algo normal y deseable.
Con este escenario, la portavoz de Vox en las Cortes regionales, Ana Vega, señala que el Partido Socialista está «promocionando activamente la ruptura de la unidad nacional y el enfrentamiento entre compatriotas».
Asimismo, acusa al PSOE de llevar a cabo «cesiones a sus socios separatistas y filoetarras, a quienes ha entregado la dirección política del Gobierno».
En su faceta de diputada autonómica, Vega no duda en asegurar que su formación defenderá «en las calles, en los tribunales y en los tribunales la libertad y la igualdad de los españoles» en lo que define como un «ataque constante a nuestro orden constitucional».
En esta línea, la portavoz de Ciudadanos en la Cámara regional, Ruth Merino, afirma que en la Comunidad Valenciana «las pulsiones nacionalistas y comunistas del tripartito» alejan muchas veces al Gabinete de Puig del «espíritu de concordia y unidad que predica la Carta Magna».
Como ejemplo, Merino pone el decreto de Plurilingüismo, que actúa contra la libertad educativa de las familias, y que la diputada recuerda que la norma ha sido «castigada» en más de una ocasión «en los tribunales».
Por tanto, la portavoz 'naranja' apunta a que su partido eliminaría de la Constitución la referencia a «nacionalidades y regiones» para evitar «la intención de los nacionalistas de hacer ver que existen territorios de primera y de segunda».