Comunidad Valenciana  La guerra entre PSPV-PSOE y Compromís pone en peligro 7.000 millones en inversiones en renovables

El pasado 25 de octubre, la consejera de Agricultura y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Mireia Mollá, fue cesada fulminantemente por su compañera de filas en Compromís y vicepresidenta autonómica, Aitana Mas.

El motivo esgrimido por la número dos del tripartito fue la de dotar al Ejecutivo regional de un mayor grado de cohesión interna horas después de que Mollá hubiese criticado abiertamente al grueso del Gabinete.

Sin importarle que los consejeros aludidos fuesen del PSPV-PSOE, de Compromís o de Unides Podem, la todavía responsable de Medio Ambiente reprochó a sus compañeros su gestión en cuanto a la tramitación de los proyectos de inversiones en energías renovables. Así, les apremió a agilizar su aprobación definitiva y desengrasar la maquinaria burocrática del Gobierno valenciano.

Esas palabras, como se ha dicho, le costaron el cargo a Mollá. Para el diputado del Partido Popular en las Cortes autonómicas Felipe Carrasco, la decisión adoptada por Mas responde a que dijo abiertamente «que las cosas no se hacían bien en la Generalitat».

Más de 400 proyectos, en el limbo

Idéntico razonamiento aplica en el caso de la «defenestración» del director General de Cambio Climático porque también abogaba por una «mejor gestión». «Es la doctrina del tripartito: quien dice la verdad no sale en la foto», asegura Carrasco.

Pero, ¿qué fue lo que criticó Mollá? Principalmente, que el Ejecutivo regional mantenía en el limbo administrativo la tramitación de más de cuatrocientos proyectos en energías renovables que todavía están previstos que se lleven a cabo en la Comunidad Valenciana.

Según explica Carrasco, las empresas que han decidido invertir en la Región han depositado avales por un valor en torno a los 7.000 millones de euros «confiando en una Administración eficaz» que, a la hora de la verdad, «les tiene esperando la certificación dos años».

La situación es tan límite que de esos proyectos que están en vilo, 64 se han de licitar antes del 25 de enero y, por aquello de que el tiempo apremia, tan solo tres meses después, el 25 de abril, se deben tramitar otros 350.

De no llegar a tiempo, tal como señala Carrasco, la Generalitat Valenciana «se arriesga a correr con los gastos generados y las posibles demandas de las empresas» que apostaron por la Comunidad en un primer momento. En estimaciones del popular, si esa circunstancia se produjese, el montante podría rondar los «1.000 millones de euros» que saldrían, naturalmente, de las arcas públicas.

El hecho de que se haya llegado a este panorama, Carrasco lo achaca a dos motivos. El primero es la dejadez del tripartito. Para él, el Gobierno liderado por el socialista Ximo Puig ha dejado a la Comunidad «a la cola en el desarrollo de energías verdes» y ahora «se acuerda de cumplir con los objetivos de la Comisión Europea y con las empresa que están esperando».

Además, el diputado considera que no se han hecho «los deberes» por una segunda razón, que no es otra que la «guerra encarnizada» entre partidos políticos «que en teoría son socios de Gobierno, pero que se ha evidenciado que no es así».

Según relata Carrasco, entre «técnicos y altos cargos» de diferentes consejerías «se han puesto palos en las ruedas mientras se olvidan de los administrados», algo que lamenta porque la Comunidad «podría recuperar posiciones» en el ranking de uso y desarrollo de energías renovables.

Frente a ello, Puig ha asegurado que el 25 de enero estarán aprobadas las certificaciones de los proyectos y se ha autoerigido como máximo responsable para lograrlo.

Para dar visibilidad a ello, organizó una reunión presidida por el propio Puig con cuatro consejeros que se analizó como un golpe en la mesa ante las constantes fricciones y tensiones internas.

Tras ella, el jefe del Ejecutivo autonómico se comprometió a dar un vuelco a la problemática energética y resolver los expedientes pendientes en tiempo y forma.

Sin embargo, Carrasco no confía en las promesas del presidente autonómico. Ante el compromiso del socialista, señala irónicamente que «solo faltaba». Pero no se queda ahí: «Es una escenificación y lo más preocupante es que no ha dicho cómo lo va a hacer, no ha presentado medidas, un plan de choque ni ha dicho con qué recursos lo va a resolver».

Para el parlamentario, da la sensación de que es «un titular más» y no cree que el tripartito vaya a «resolver una situación» que los propios socialistas, nacionalistas y comunistas «han generado».

Por su parte, fuentes de Ciudadanos inciden en la inestabilidad interna del Ejecutivo valenciano como principal causa del bloqueo de proyectos energéticos. Así, advierten de que, si finalmente no se logran aprobar en los plazos previstos, «se va a perder mucho dinero de Europa y muchos puntos de conexión para las empresas valencianas».

Puig apuesta todo a grandes inversiones

En este sentido, acusan a PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem de un «sectarismo» que les «impide ver las necesidades que tienen los ciudadanos», por lo único que provocan es «bloquear el crecimiento».

Así, las mismas fuentes ponen el foco en los años venideros para la industria regional y se preguntan si, en el caso de no contar con las energías renovables que se pretenden implantar, «de dónde se va a nutrir la Comunidad» para abastecer a su sector secundario «y para su día a día», ya que «se está jugando mucho».

Cabe recordar que una de las líneas argumentativas de Puig es la que hace referencia a las grandes inversiones en la Región.

Muestra de ello es que no hay prácticamente intervención en que no haga mención a la futura construcción de la gigafactoría de baterías eléctricas en la localidad valenciana de Sagunto.

Lo mismo sucede con otros proyectos de una envergadura notable como la planta logística de la multinacional Amazon en la castellonense Onda o la recuperación de los estudios cinematográficos de la Ciudad de la Luz en Alicante.

Por tanto, una hipotética pérdida de las inversiones previstas en renovables supondría un duro golpe a la estrategia retórica y política de Puig que, por si la bronca intestina no fuese suficiente, tiene en cinco meses unas elecciones con previsión de empate técnico.