Comunidad Valenciana  Las protestas de sanitarios se le acumulan a un Puig que pinta un panorama envidiable

Una de las líneas argumentales del Gobierno valenciano es la de cargar cada vez que tiene oportunidad contra el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid. Una de las últimas ocasiones en que ocurrió fue la semana pasada, cuando el consejero de Hacienda y Modelo Económico, Arcadi España, hizo una crítica velada a la gestión de Isabel Díaz Ayuso.

Sin nombrarla explícitamente, España presumió junto a su homólogo balear de haber superado dos crisis –en referencia a las provocadas por el covid-19 y la guerra de Rusia en Ucrania– «sin crispación» ni protestas sociales frente a lo ocurrido en otros territorios, en clara alusión a Madrid.

Sin embargo, como los hechos son más tozudos que la retórica política, la aseveración del consejero valenciano no responde a la realidad.

Un buen ejemplo podría ser el clima de protestas e indignación que el sector sanitario lleva demostrando desde hace meses. Si bien es cierto que la atención mediática se centra casi exclusivamente en las huelgas de los profesionales madrileños, no lo es menos que el clima en la sanidad pública valenciana es de tensión.

Saturación y colapso

Frente al panorama idílico que transmite el tripartito liderado por el socialista Ximo Puig, los trabajadores del sector aportan otra visión al respecto. Así, el personal del hospital La Fe de Valencia ha iniciado cinco jornadas de concentraciones para exigir a la Consejería más espacios y medios en el día a día.

Según fuentes del sindicato Satse, el centro se encuentra en estos momentos al 97 % de su capacidad, con lo que está sufriendo una situación de «saturación» y «colapso» en la que al pico de enfermedades y patologías habituales de esta época del año hay que unirle el covid-19.

Según datos del colectivo, sobre treinta o cuarenta pacientes esperan al día para que se les asigne una cama y están entre veinticuatro y 36 horas hasta que son ingresados.

Tal es la situación, que Satse denuncia que la Consejería no puede «normalizar» que se esté atendiendo a pacientes «en las camillas en los pasillos» y sin respetar «su intimidad y dignidad».

El panorama no es mejor en el hospital Clínico, también en Valencia. Según denuncia la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), desde el centro se han visto obligados «a derivar pacientes a otras salas u hospitales» porque, entre otros motivos, mantiene cerrada una de las salas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Tal como relata la central sindical, «pacientes con patologías de ictus o neurocríticos están siendo trasladados a la unidad de reanimación por falta de espacio». Del mismo modo, otros que «teóricamente tendrían que ser instalados en la UCI», son habilitados «en la unidad de recuperación postanestésica o en la de observación a la espera de ser conducidos a UCIs de otros hospitales».

En el Clínico, la saturación también es algo habitual, dado que la media de horas aguardando para ingresar es de veinte.

CSIF también explica el caos que se está viviendo en el hospital de La Ribera, antaño ejemplo mundial de gestión.

Sin cortinas ni tomas de oxígeno

El colectivo señala la «falta de espacio» en el centro, lo que ha obligado a atender a pacientes de Urgencias «en un pasillo sin los medios adecuados». Ante ello, reclama la «apertura urgente» de un reciento que se construyó en los momentos más duros de la pandemia, así como un «incremento inmediato de personal».

En este sentido, CSIF indica que los enfermos que se atendieron en los pasillos, tanto en Urgencias como en Consultas Externas, lo hicieron en lugares que están destinados a la «evacuación, sin cortinas separadoras ni tomas de oxígeno», además de las «corrientes de aire» que allí se suelen dar.

Por ello, el sindicato considera «inadmisible» que la Consejería de Sanidad recurra a «parches» para revertir esta situación y no adopte «soluciones con las condiciones adecuadas como la zona de urgencias respiratorias».

Mientras tanto, el colapso hace que se estén tomando medidas extremas como que los boxes estén «duplicados», con ciudadanos que esperan horas y horas mientras se les asigna una cama libre en planta.

Estos son tres casos que, en absoluto, constituyen una excepción ni son una anécdota dentro del panorama de la Sanidad pública en la Comunidad Valenciana.

Así, el tripartito mira hacia otro lado cuando se le exige que todas las ambulancias SAMU cuenten con un médico a bordo y no estén desprovistas de dicho profesional facultativo. De hecho, en Valencia solo hay, según el Partido Popular, un único vehículo con médico asignado.

Tampoco en el área de la salud mental se libra el Gobierno valenciano de las críticas, ya que el personal de psiquiatras y psicólogos en muchos centros de salud de la Región ha sufrido un «deterioro progresivo».

Por último, el propio Ejecutivo recibió un varapalo por parte de la Justicia. El pasado noviembre, el Tribunal Superior autonómico confirmó la condena a la Consejería de Sanidad por haber vacunado contra el covid-19 más tarde a los médicos privados que a los de la pública.

En su escrito, los magistrados aseguran que el Ejecutivo de Puig vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, a la salud y a la vida de estos facultativos.

Y todo ello, con una convocatoria de huelga los días 17 y 18 de enero y a cinco meses de una cita electoral que puede desbancar al PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem del poder tras ocho años de tripartito de izquierdas.