Comunidad Valenciana  La Fiscalía cree que el Gobierno de Puig pudo dar «favores» a la trama Azud

La Fiscalía Anticorrupción cree que la trama 'Azud' pudo obtener «favores» por parte del actual Gobierno de la Comunidad Valenciana liderado por el socialista Ximo Puig.

Así lo asegura el Ministerio Público en un informe que forma parte del sumario del caso y al que ha tenido acceso el diario regional Las Provincias. Según esta información, dicho escrito hace referencia a las conversaciones entre el empresario Enrique Gimeno y el extesorero de los socialistas valencianos José María Cataluña.

En una de estas conversaciones, tal como publicó El Debate, Gimeno le escribe al antiguo dirigente del PSPV-PSOE vía mensaje de Whatsapp que «el contacto es Manolo Mata». Por aquél entonces vicesecretario general de la formación y portavoz del grupo parlamentario en el hemiciclo autonómico, Mata era considerado la 'mano derecha' de Puig.

Asimismo, en los datos revelados por Las Provincias también se hace mención a los encuentros que ambos habrían mantenido con altos cargos de la Consejería de Hacienda.

En concreto, los investigadores apuntan a que las reuniones tuvieron lugar en 2019 y a ellas habrían acudido la directora General de la Agencia Tributaria, Sonia Díaz, y también la secretaria autonómica de Financiación y Modelo Económico, Mako Mira.

En base a ello, Anticorrupción destaca las responsabilidades orgánicas que tenía Mata en ese momento dentro de las filas socialistas, lo que unido a la relación «personal y de confianza» de Cataluña con los presuntos cabecillas de la trama pudiera haber derivado en «obtener favores frente a la administración gobernada por el Partido Socialista», en alusión al vigente Gobierno valenciano.

Cataluña fijaba las «comisiones»

De este modo, y tal como viene desgranando El Debate a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el caso que investiga la presunta financiación ilegal del PSPV-PSOE tiene a Cataluña en el centro de las sospechas y sus propias anotaciones apuntando presuntas comisiones como principal carga probatoria.

En su escrito, la Fiscalía señala que, a pesar de que había dejado sus funciones en el partido en 2004, Cataluña seguía desempeñando prácticamente los mismos trabajos durante todos estos años. De este modo, el Ministerio Público indica que sus responsabilidades como financiero de la formación las compatibilizaba con «el control sobre la adjudicación pública, determinando las comisiones y porcentajes que las empresas adjudicatarias debían satisfacer».

Una de las obras en cuestión es el concurso público del trasvase entre los ríos Júcar y Vinalopó en 2007. Dividido en cinco tramos, la Guardia Civil cree que las obras de uno de ellos, el E, fue adjudicada a una empresa en concreto previo compromiso de Cataluña.

Según la exclusiva publicada por El Debate, tras concretarse esa adjudicación, los agentes tuvieron acceso a mensajes entre altos directivos de la compañía en los que se referían a las mordidas a los políticos con el término «regalos de Navidad».

Tanto en esa operación como en varias más que la Fiscalía ha investigado, se asegura que Cataluña «seguía obteniendo recursos económicos de financiación necesaria para el partido (PSOE)» y para ello «habría cobrado para él parte de los sobornos acordados como consecuencia de las adjudicaciones predeterminadas de obras públicas».

En este sentido, la información de Las Provincias, subraya que los mencionados cobros están relacionados «con empresas públicas de titularidad estatal en el ámbito del Gobierno nacional, habiendo obtenido la mayoría necesaria para gobernar el Partido Socialista».