Comunidad Valenciana  Ximo Puig fulmina las funciones de la inspección educativa para culminar su proyecto de «ingeniería social»

Una de las señas del Gobierno de la Comunidad Valenciana es el adoctrinamiento. La coalición formada por PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem lleva desde el inicio de sus dos mandatos poniendo el foco en los más pequeños en aras de lograr que cristalice su proyecto ideológico.

Para lograrlo, no han tenido el más mínimo disimulo a la hora de despedir a profesores a pesar de su dilatada experiencia internacional por no acreditar el C1 en valenciano o en, simplemente, orillar cualquier resquicio del castellano en la Región.

Para ello, el Ejecutivo presidido por el socialista Ximo Puig se ha valido de diversos medios, a cuál más perverso. Pero entre ellos destaca la fulminación de la figura de los inspectores educativos. Sin ellos, su ingeniería social tiene vía libre.

Así lo destaca el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Según denuncia, el papel de los mencionados inspectores lo están supliendo, a modo de «policía lingüística», asesores de la propia Consejería de Educación, en manos de la coalición nacionalista de Compromís.

Defensa de la Constitución

En su opinión, el actual Gabinete de izquierdas «ha ido aparcando poco a poco a la inspección educativa» con el objetivo de «actuar con impunidad en las aulas y así explicar normas a su antojo».

Con ello, la intención subyacente de Puig y sus consejeros sería la de «hacer ingeniería social para trasladar unos mensajes en los centros de forma extraoficial, sin seguir ninguna normativa, solo con instrucciones verbales y de forma anárquica».

Con todo, Mazón considera que los alumnos valencianos están ante una situación de «inseguridad jurídica sin precedentes», por lo que aboga a que la inspección educativa sea «garante y supervisora» del cumplimiento tanto de la Constitución española como del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

Por su parte, la portavoz de Vox en las Cortes regionales, Ana Vega, califica la actual situación de la inspección educativa en la Comunidad Valenciana de «totalmente politizada» y critica que la ley de Educación –conocida comúnmente como Ley Celaá– «da carta blanca a los gobiernos autonómicos para colocar a los inspectores a dedo».

Frente a ello, Vega exige que la inspección sea «totalmente independiente y ajena a cualquier ideología». Solo de esa forma, en su opinión, se velará «de forma efectiva por los intereses» de las futuras generaciones frente a las intenciones del tripartito. Tal como explica la parlamentaria de Vox, «la izquierda usa a los hijos como herramienta de adoctrinamiento».

Estas críticas no se dan únicamente en el ámbito político, caldeado cada vez más con unas elecciones municipales y autonómicas en cinco meses. Desde las propias asociaciones de inspectores educativos también dan la voz de alarma.

Al respecto, el presidente en la Comunidad Valenciana de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), Vicente Marchante, habla con El Debate y critica abiertamente la política seguida por Puig sobre su sector: «Nosotros no participamos en ello, lo lleva directamente la Consejería».

Según declara, el cuerpo de inspectores de Educación no puede actuar de oficio sobre ningún caso, sino que, tal como relata, exclusivamente pueden hacerlo «por denuncia de algún ciudadano o cuando la Administración señala un caso en particular».

Así pues, todos los contenidos no son supervisados por los inspectores del ramo, sino por «asesores lingüísticos» que Puig ha puesto para garantizarse la viabilidad de sus planes. Criticando esta postura, Marchante hace hincapié: «Nosotros ya no hacemos nada. Antes sí hacíamos informes sobre si los contenidos se ajustaban a la normativa, pero ya nos han retirado y no entramos en el tema».

Con todo, el inspector es contundente al definir la política de inspección lingüística del tripartito: «Esta Administración ha decidido la estrategia del 'yo me lo guiso, yo me lo como'», zanja Machado en relación a que sea el propio Ejecutivo de Puig el que se evalúe a sí mismo.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Inspectoras e Inspectores para una Nueva Educación (Insnovae), Susana Sorribes, lamenta que el sector no pueda llevar a cabo labores generales, sino que tan solo puedan hacer «evaluaciones a profesores en prácticas» y no les permitan hacer el «seguimiento de los resultados académicos de los alumnos».

Por tanto, a su juicio, no se puede determinar si «el rendimiento de los alumnos ha subido o ha bajado», por lo que insta a una mayor acción de la Alta Inspección, dependiente del Ministerio de Educación dirigido por Pilar Alegría, a la par que critica la figura de los asesores lingüísticos de Puig. «La Inspección tiene que estar cubierta por especialistas y no por un funcionario cualquiera», subraya.

Mientras tanto, el proyecto separatista de Puig y sus socios nacionalistas y comunistas sigue adelante. Lo hace con la guía del faro catalán, pero también con unos Presupuestos de la Generalitat que siguen regando –al igual que el Ayuntamiento de Valencia– a entidades secesionistas.