Comunidad Valenciana  Los intereses valencianos, defendidos en Madrid por los empresarios frente a un Puig con apenas influencia

Cambio del sistema de financiación autonómica, Corredor Mediterráneo, defensa del trasvase Tajo-Segura… Estas y algunas otras son las principales reivindicaciones de la Comunidad Valenciana a defender en Madrid.

En teoría, si no todas, algunas de ellas ya tendrían que estar resueltas si uno se atiene a lo prometido por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, cuando optaba en 2015 al cargo y a lo que viene comprometiéndose en los últimos siete años y medio.

Sin embargo, el trasvase entre los ríos Tajo y Segura acaba de sufrir por parte del Gobierno de Pedro Sánchez un recorte que le aboca a la desaparición en unos años; los avances en el Corredor Mediterráneo son prácticamente imperceptibles y qué decir de la financiación. No hay año en que a cambio de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se diga por parte del PSPV-PSOE y Compromís que al Ejecutivo central le van a 'sacar' la reforma. Pero, ejercicio tras ejercicio, la vida sigue igual.

Ante ese desamparo institucional, el papel de Puig ha sido claramente menguante. Bien es cierto que años atrás tenía cierto peso orgánico y a nivel de baronías socialistas, pero de un tiempo a esta parte sus desencuentros con Sánchez le han dejado aislado. Cómo será el tema que en el trasvase Tajo-Segura el jefe del Ejecutivo se ha plegado a los intereses de Emiliano García-Page antes que a los del valenciano.

Empresarios que son referentes

Por ello, la voz de la defensa activa de los intereses de la Comunidad en Madrid la llevan los empresarios regionales, referentes a nivel nacional e internacional.

El último ejemplo de la importancia de este ámbito ha sido el nombramiento de Salvador Navarro, siendo así reelegido, como vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

A propuesta de su presidente, Antonio Garamendi, Navarro seguirá compatibilizando ese cargo con el de presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), con lo que el traslado de las reivindicaciones autonómicas cuenta con una representatividad notable.

El propio Navarro, en condición de máximo representante de la CEV, lideró las protestas de los empresarios alicantinos frente a la raquítica inversión que el Ministerio de Hacienda, con María Jesús Montero a la cabeza, había estipulado para llevar a cabo en la provincia a lo largo de 2023.

Siendo la última de todas las españolas, Puig lo único que manifestó al respecto fue que las cuentas públicas eran «manifiestamente insuficientes», pero no hubo mayor reclamación pública para Sánchez.

En cambio, la delegación alicantina sí las censuró enérgicamente, llevando esa postura al seno de la CEOE e instando, incluso, a que los 32 diputados de la Comunidad que hay en el Congreso cambiasen los PGE.

Otro empresario de incuestionable prestigio es el dueño de los supermercados Mercadona, Juan Roig. Autoridad donde las haya y más allá de sus incuestionables números en el sector de la alimentación y el emprendimiento, Roig es parte activa a la hora de exigir la llegada del Corredor Mediterráneo para conseguir un impulso económico y social en la Región que hoy día es más necesario que nunca.

Presente en numerosos foros y congresos empresariales y de innovación, el presidente de Mercadona es, quizás, el empresario más mediático de la Comunidad.

De este modo, y enlazando la cadena de supermercados con la patronal española, Valencia vuelve a tener representación en el organismo presidido por Garamendi. La directora general de Relaciones Externas de Mercadona, Elena Tejedor, y de Foro Interalimenatrio, Ricardo Cabedo Serna, se integran en el Comité Ejecutivo de la CEOE.

Por su parte, uno de los rostros más reconocidos del panorama empresarial, no solo valenciano, sino también nacional e internacional, es el presidente del Grupo Boluda, Vicente Boluda.

Referente dentro del sector del transporte marítimo, Boluda es el impulsor de la plataforma #QuieroCorredor, que reclama al Gobierno de España y a las autoridades europeas que redoblen sus esfuerzos a la hora de darle un impulso a las obras de esta infraestructura continental.

En lo relativo al tema del agua, uno de los asuntos capitales para la Comunidad, ante la pasividad de Puig para exponerle y exigirle a Sánchez la situación crítica en la que se encuentran los agricultores y regantes de la provincia de Alicante –también los de Murcia–, han sido estos últimos los que han cogido la sartén por el mango.

Así, se han concentrado en diversas ocasiones varias asociaciones con tal de exigirle al presidente del Gobierno y a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que no asesten un golpe definitivo a su sector y mantengan el caudal ecológico del río Tajo como está actualmente.

En concreto, lo que los agricultores reclaman y el presidente de la Generalitat se niega a hacerlo es que cualquier decisión sobre la infraestructura hidráulica se tome en base a informes técnicos y no a razones políticas como, en su opinión, ha sucedido recientemente.

Por tanto, en contraposición al silencio solemne del socialista, están siendo los empresarios los que, poniendo en valor su trayectoria, experiencia y responsabilidad social, están impidiendo que las necesidades de la Comunidad Valenciana caigan en saco roto.