Comunidad Valenciana  Puig quiere ahora controlar el gasto público a pesar de mantener el Gobierno valenciano más caro

Unos días antes de que acabara el año 2022, el tripartito valenciano compuesto por PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem sacó adelante de forma definitiva los Presupuestos de la Generalitat para este 2023.

Desde que se presentaron en el mes de octubre y durante toda su tramitación parlamentaria, tanto el presidente de la Comunidad, el socialista Ximo Puig, y sus consejeros presumieron de haber aprobado unas cuentas públicas que, según decían, eran las «más sociales» y «expansivas» de la historia de la región.

En las filas de la oposición, tanto el Partido Popular como Ciudadanos y Vox criticaron los Presupuestos, tachándolos de «electoralistas» e «irreales».

Asimismo, lamentaron que Puig siguiera manteniendo el Gobierno valenciano más caro y numeroso de todos los que ha habido y, por ello, conminaron a reducir gasto y la elefantiásica estructura de la que goza. Naturalmente, el socialista rechazó llevar a cabo cualquier medida orientada a adelgazar la administración.

«Gastar mejor»

Sin embargo, cuando las cuentas públicas no cuentan ni con un mes de vida, el Ejecutivo autonómico, que está a punto de cumplir ocho años en el poder, ha advertido deficiencias a la hora de gestionar el erario. Para remediarlo, y con la premisa de «gastar mejor», ha anunciado la creación de un plan para racionalizar el gasto de la administración valenciana.

Concretamente, el consejero de Hacienda, Arcadi España, ha señalado que la batería de iniciativas que impulsará el tripartito tiene tres objetivos: la evaluación de todas las políticas de gasto y valoración de los resultados, lograr una mayor eficiencia en la gestión de los fondos públicos y, finalmente, establecer procesos de revisión del gasto público.

Para ello, el Gobierno de Puig pretende optimizar este aspecto de una manera especial en el ámbito sanitario. Así, la Consejería del ramo encargará a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) el diseño de una estrategia sobre el modelo de compras, contratación y sistemas de información sanitarios.

Esta nueva posición del Ejecutivo de socialistas, nacionalistas y comunistas puede parecer una enmienda a su propia política económica. Así lo cree el portavoz de Hacienda del PP en las Cortes Valencianas, Rubén Ibáñez.

En su opinión, es el propio consejero España quien «reconoce que Puig gasta mal y es ineficaz». Después de haber dispuesto de «224.000 millones de euros», Ibáñez considera que la gestión de Puig ha sido «desastrosa» y donde ha habido «ayudas y subvenciones más que preocupantes otorgadas por su Gobierno» en las que la Sindicatura de Cuentas «ha puesto el acento».

Al respecto, cabe recordar que el propio hermano del presidente socialista está imputado por, presuntamente, haber cobrado de forma ilegal subvenciones de diferentes administraciones, entre ellas la regional valenciana. En cifras, la cuantía de las ayudas otorgadas por Puig a su hermano está cerca de los dos millones de euros.

En este sentido, Ibáñez apunta una solución «sencilla», que sería la de adelgazar «el Gobierno más caro de la historia de la Comunidad». Para conseguirlo, el tripartito «debería empezar a recortar en asesores y altos cargos» para así «eliminar grasa a la administración». «Menos despachos y más derechos para los valencianos porque el gasto ineficiente provoca un recorte a base de impagos sociales, sanitarios y de aumentar las listas de espera», asegura el popular.

Del mismo modo, el diputado del PP reprocha al consejero que sea ahora, tras casi ocho años gobernando, cuando se preocupa por el control del gasto y no haberlo hecho desde el principio de su primer mandato, cuando el tripartito emprendió «una carrera hacia la deuda pública descomunal».

Al respecto, indica que la Comunidad Valenciana «está cada día más endeudada», con un aumento de 14.000 millones de euros desde que Puig alcanzó la presidencia, aspecto que califica de «descontrolado» y que hace que la región esté en «una tesitura gravísima».

Con todo, no parece que el tripartito vaya a reducirse a tan solo cuatro meses de las elecciones autonómicas. El único supuesto bajo el que se haría tendría que ser que Puig provocase una crisis interna y prescindiera de sus socios de Compromís y Unides Podem.

No obstante, las encuestas pronostican un empate técnico entre las formaciones que están en el Ejecutivo y el bloque de centro-derecha de PP y Vox, lo que hace más que obligado exhibir el mayor grado de cohesión, por más que sea forzada y llegar a las urnas dando imagen de unidad.