Comunidad Valenciana Mazón toma la delantera a Puig con el trasvase Tajo-Segura y llevará el recorte al Supremo
El presidente de la Diputación de Alicante considera que la razón les «asiste» y considera la decisión del Gobierno «injusta y arbitraria»
La Diputación de Alicante llevará el recorte en el trasvase Tajo-Segura aprobado de manera definitiva por el Gobierno central al Tribunal Supremo.
Así lo ha anunciado su presidente, Carlos Mazón, por considerar que se trata de una decisión «injusta y arbitraria» por parte parte del ejecutivo de Pedro Sánchez.
Por ello, el también candidato del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad Valenciana ha señalado que los trámites ya se han iniciado con la orden que ha dado a los servicios jurídicos de la institución provincial.
El objetivo es que los representantes legales de la Diputación de Alicante se pongan a trabajar «de inmediato» de cara a personarse en la causa en el Alto Tribunal e ir preparando el recurso.
«Sin arruga ni matiz»
Después de que el Consejo de Ministros condenara a los regantes de Alicante, Murcia y Almería al establecer los caudales ecológicos del río Tajo, Mazón les ha asegurado a los agricultores del Levante que para revertir la situación va a hacer «todo» lo que esté en su mano.
De esta manera, ha insistido en que la «estrategia jurídica de defensa ante el Supremo» se inica y se llevará a cabo «sin ningún tipo de arruga ni de matiz»: «Vamos a por todas porque nos lo merecemos. La razón nos asiste», ha subrayado el candidato popular a presidir la Generalitat Valenciana.
Asimismo, Mazón se ha dirigido a los campesinos alicantinos, con quienes se ha comprometido a que la Diputación «no les va a fallar, como nunca lo ha hecho».
Respecto a las posibles protestas y movilizaciones que los colectivos agrarios puedan seguir haciendo contra el recorte realizado por el Gobierno, el popular ha indicado que las respaldará y que estará con los regantes de Alicante «como siempre».
Horas antes de que Mazón anunciase la personación y el recurso de la Diputación ante el Supremo, el presidente de la Comunidad, Ximo Puig, se había sometido a su primera de sesión de control de 2023 en las Cortes Valencianas.
En ella, junto a las novedades del caso Azud y la aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’, el trasvase ha sido protagonista.
Mientras la portavoz del PP, María José Catalá, ha definido al socialista como un dirigente «extremadamente débil» por no haber podido hacer que los intereses de los agricultores alicantinos hayan prevalecido, la síndica de Ciudadanos, Mamen Peris le ha ofrecido el respaldo de su formación ante un hipotético recurso al Supremo por parte del Ejecutivo autonómico.
Por su parte, Puig -que quizás haya estado en su sesión de control más dura y comprometida por la acumulación de polémicas- se ha limitado a aseverar que el deseo de su Gobierno es el de garantizar «agua para siempre» y ha anunciado una bonificación de diez céntimos en el uso de agua desalada.
Sin embargo, las desaladoras como solución es un aspecto que los regantes rechazan de plano. Como declaró el presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) en Alicante, José Vicente Andreu, a El Debate, el agua desalada, en todo caso, tendría que ser un «complemento» y «jamás el eje» de la actividad diaria por el «alto impacto medioambiental» y su alto coste.