Comunidad Valenciana  Puig pedirá medidas cautelares sobre el Tajo-Segura por falta de garantías en los caudales

Después de casi un mes desde que el Gobierno central aprobase de manera definitiva el recorte al trasvase entre los ríos Tajo y Segura, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado que pedirá a la Justicia medidas cautelares.

Lo hará ante el Tribunal Supremo porque, a juicio de la Abogacía de la Generalitat, la decisión de Pedro Sánchez y Teresa Ribera no garantiza que la subida de los caudales ecológicos se produzca en función del análisis de las masas de agua y el estado de las inversiones.

En realidad, lo que ha hecho Puig ha sido anunciar que se recurrirá porque el escrito aún se está «perfilando» y se aprobará definitivamente mañana durante el pleno del Gobierno.

Aún así, el presidente valenciano sí ha adelantado que el fondo de la cuestión estará orientado a argumentar que la disposición adicional novena que regula los caudales no cumple «con aquello que parece razonable».

Criterios técnicos y no políticos

Esto es, según Puig, que la evaluación de cómo estén funcionando las inversiones y el estado de las masas del río sea determinante para acordar la subida del caudal y no sin atender a criterios técnicos y científicos.

Con ello, la Generalitat pretende garantizar «agua para siempre», a la par que ha matizado que el recurso irá específicamente hacia esa disposición adicional y no a la totalidad del proyecto porque «hay partes» con las que se está «de acuerdo».

Aunque mañana el escrito del Ejecutivo valenciano saldrá adelante, Puig ha reiterado su apuesta por el «diálogo» con el Gobierno central porque se deben evitar «el partidismo y la guerra del agua».

Asimismo, ha instado a tomar medidas para rebajar el precio del agua desalada haciendo caso omiso al rechazo absoluto a ese tipo de agua por parte de los regantes afectados por el recorte del trasvase.

Al igual que la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía también presentarán sendos recursos ante el Supremo para proteger a los agricultores de Alicante, Murcia y Almería, ‘la huerta de Europa’.