Comunidad Valenciana  El tripartito valenciano finiquita la legislatura sin explicar los grandes escándalos que le acosan

La sesión de control celebrada este jueves en las Cortes Valencianas fue la última de legislatura. Al segundo mandato de Ximo Puig le quedan apenas cinco semanas para terminar y su principal legado va a ser una colección de escándalos y polémicas a cuál más grande.

La de ayer fue una sesión que básicamente sirvió para que cada partido intentara colocar sus mensajes en un contexto de carrera electoral hacia el 28M. Por contra, la verdadera función de la sesión de control, es decir, que la oposición ejerza su labor fiscalizadora y el Ejecutivo rinda cuentas de su gestión, se quedó a medias.

A decir verdad, este hecho no se puede catalogar como anécdota, sino como habitual, ya que la actitud del tripartito valenciano durante la legislatura que está a punto de concluir ha sido la de eludir constantemente dar explicaciones sobre tantos y tantos temas espinosos que le afectan.

El de mayor actualidad es el caso Azud. La investigación sobre una presunta financiación ilegal del PSPV-PSOE tiene a Puig y al socialismo regional contra las cuerdas.

Puig, en las agendas del cabecilla

Fue el propio exgerente del partido Francisco Martínez Rico el que confesó ante el juez que la formación operaba con una 'caja B' con dinero negro procedente de mordidas ilegales.

Según avanzaba la investigación, y tal como reveló en su día El Debate, el presidente de la Generalitat está en el foco porque su nombre aparece en las agendas del extesorero del PSPV-PSOE y cabecilla de Azud, José María Cataluña.

Ante el torrente de informaciones –muchas de ellas exclusivas de este periódico– sobre contratos, avales millonarios y presuntos cobros de sobornos, ni los diputados del parlamento autonómico ni los valencianos han conocido la más mínima explicación por parte de Puig.

En unos casos dando la callada por respuesta y en otros removiendo casos de corrupción del PP de hace años, las Cortes se disolverán el 4 de abril y el presidente no habrá aclarado las sospechas que envuelven a su formación.

Idéntica estrategia está llevando a cabo el socialista respecto al supuesto cobro de subvenciones ilegales de la Generalitat por parte de su hermano, Francis Puig.

Por más que los partidos de la oposición, PP, Ciudadanos y Vox, han exigido por activa y por pasiva explicaciones al jefe del Ejecutivo regional, la reacción de este ha sido en todo momento la de hacer como que no oía nada y, de nuevo, recurrir a nombres como Zaplana, Olivas o Camps.

Ha dado igual que el importe de esas ayudas fuesen a su familiar y que el importe de las mismas ascendiera a 1,2 millones de euros públicos. PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem han impedido que se arrojase luz sobre el tema.

Las dos vicepresidentas que Puig ha tenido en estos cuatro años, Mónica Oltra y Aitana Mas, tampoco se libran de sonoras polémicas, del mismo modo que ninguna ha zanjado el principal asunto que afecta a la Consejería de Igualdad, bajo la responsabilidad de ambas.

La primera tuvo que dimitir a la fuerza días después de resultar imputada. El motivo fue haber encubierto, presuntamente, los abusos sexuales de su marido a una niña de catorce años bajo la tutela de su departamento.

Según el magistrado instructor, Oltra también habría encargado un informe interno con el objetivo de desacreditar a la víctima y su versión y, de ese modo, beneficiar a su cónyuge.

Desde que comenzó a estar en el foco mediático, la nacionalista no ha sabido dar otra versión de los hechos, más allá de que su causa obedece a un complot machista y fascista.

Junto a Oltra hay otras catorce imputadas en la misma causa que su sucesora en el cargo, Aitana Mas, ha mantenido en sus puestos de trabajo pese a su condición procesal.

Al igual que su espejo y referente en Compromís, la vicepresidenta valenciana tampoco ha podido justificar por qué siguen desempeñando sus funciones a pesar de que se trata de un asunto tan grave como abusos sexuales a una menor de edad.

Por otra parte, en la sesión de control de este jueves, el tema estrella fue el incidente del tren de Bejís (Castellón), donde un convoy se vio a escasos metros de un gran incendio el pasado verano.

El atestado de la Guardia Civil sobre el episodio es meridiano y concluye que la Generalitat no alertó a Adif cuando debió hacerlo para que el tren no saliera de Valencia.

Del mismo modo, los investigadores también señalan que las autoridades regionales obviaron otras advertencias y permitieron que el vehículo iniciase la marcha a pesar de que Bejís había sido desalojada horas antes.

La consejera de Justicia e Interior, Gabriela Bravo, era quien estaba al frente por parte del Ejecutivo valenciano en el Puesto de Mando Avanzado y, por tanto, la máxima responsable de no haber llamado a Adif.

Siguiendo la línea de escaqueo explicativo del tripartito, Bravo ha sido incapaz en siete meses de poner sobre la mesa un relato de los hechos. Por contra, su argumento fetiche es el de que la oposición únicamente lanza «mentiras».

Por último, la manipulación histórica, la imposición del valenciano y el adoctrinamiento con la asunción como propios de los principios del independentismo catalán en la Comunidad Valenciana son aspectos que ni Presidencia ni Educación han motivado en el parlamento autonómico.

El argumentario de socialistas, nacionalistas y comunistas se esfuerza en indicar que todo se hace en pos de fomentar la lengua regional, obviando que subyace un importante componente ideológico.

Estos casos tienen en común que están judicializados y que, con todo, ningún miembro del Gobierno tripartito ha dado respuesta creíble sobre ellos.

En algo más de noventa días serán los valencianos los que valorarán con su voto hasta qué punto se toleran ciertos silencios.