Comunidad Valenciana  Cronología del escapismo de Puig, señalado en Azud: del «es un tema del PP» a silenciar el escándalo

Los asesores y consultores políticos suelen fiar el éxito electoral de sus candidatos a la elaboración y transmisión de su relato. Es decir, una narración, una historia que trate de implicar a los votantes y generar confianza en ellos.

Los más modernos lo llaman storytelling, pero sea cual sea su denominación, todos coinciden en que este ha de ser fiable, sólido, coherente y consistente. De caer en contradicciones, todo se viene abajo.

Algo parecido puede que le esté ocurriendo al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a propósito de la evolución del relato que está llevando a cabo respecto al caso Azud.

Si se comparan las intervenciones sobre la presunta financiación ilegal del PSPV-PSOE, la actitud y los discursos del barón socialista son como el agua y el aceite.

En abril de 2019 estalló la trama Azud y lo hizo con la detención de José María Corbín, cuñado de la difunta alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. La operación se desarrolló en base a las sospechas que la Guardia Civil tenía acerca de una supuesta red de contratos ilegales en el Ayuntamiento levantino a cambio de comisiones.

«Cleptocracia»

La reacción del PSPV-PSOE no se hizo esperar y el por aquel entonces portavoz socialista en las Cortes Valencianas y mano derecha de Puig, Manolo Mata, arremetió contra los populares.

De este modo, aseguró que la detención de Corbín demostraba que el PP había instaurado un sistema de «cleptocracia, diseñado para robar».

En la misma declaración, el colaborador de Puig apostilló que detrás de Azud lo que realmente había era que «el dinero venía de algún lado y era de empresas que pagaban una peaje para trabajar con la Administración».

El panorama, sin embargo, cambió considerablemente en 2021 cuando en la segunda fase de la operación en mayo de 2021 se detuvo al exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, pero también al subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, y al extesorero del PSPV-PSOE, José María Cataluña, estos dos últimos con carnet socialista.

A partir de este momento, el relato de Puig se volvió tan inconsistente como voluble. Aunque en un primer momento, el partido tomó medidas disciplinarias contra ambos, lo que ha ido viniendo no ha podido despejar la sombra de la sospecha sobre la formación liderada por Puig.

Justo después de que diversos socialistas fueran imputados en el marco de la operación Azud, Puig y los suyos dejaron a un lado el discurso de la «cleptocracia» supuestamente instaurada por el PP.

Ahora el argumentario mandaba orientar a la opinión pública hacia que la trama era «del PP y de nadie más».

Así lo afirmó el propio presidente de la Generalitat en mayo de 2022, amparándose en que la investigación se centraba en una época en que el Partido Popular «tenía mayoría absoluta en todas las instituciones».

Poco tardó en virar el relato del presidente valenciano. El cambio de rumbo lo produjo el exgerente del PSPV-PSOE Francisco Martínez Rico, que confesó en sede judicial lo que el instructor y la Guardia Civil ya sospechaban: los socialistas valencianos operaban con una presunta financiación ilegal y José María Cataluña era el responsable de ella.

Tal fue el terremoto interno que Puig tuvo que tomar cartas en el asunto y lo hizo de una manera nada sibilina: cesó a Mata como portavoz de su grupo en el hemiciclo autonómico para que se dedicara en exclusiva a la defensa de Cataluña.

Sí, el mismo Mata que dijo aquello del «peaje para trabajar con la Administración» era ahora el abogado defensor del cabecilla de esa misma trama.

Pronto comenzaron los registros en las sedes de la empresa pública Acuamed, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Las sospechas volvían al epicentro socialista para averiguar quién pudo sufragar determinadas campañas electorales.

Mientras tanto, cuando se le preguntaba a Puig este ya no centraba sus críticas en el PP, sino que hablaba de que si un militante del PSOE hubiese tomado «alguna decisión errónea» esta debería tener «sus consecuencias».

Las informaciones se van sucediendo durante los últimos meses de 2022. Varios medios de comunicación, entre ellos El Debate en exclusiva, destapan cifras y datos sobre contratos y supuestas mordidas que relacionan a los socialistas valencianos con la trama Azud.

Este hecho hace que, ya en Navidad, Puig dé una nueva versión de los hechos. Era el turno de que el PSPV-PSOE siempre se ha comportado con «ética» y presumiendo de que ninguno de los imputados seguía formando parte de la formación.

Eso sí, en su mensaje de fin de año, no hace ni la más mínima mención a la corrupción, a la lucha contra ella ni aspectos similares. Por contra, pinta un panorama idílico.

Para contrarrestar su falta de explicaciones, el aspirante a la reelección opta por, como su jefe de filas a nivel nacional, exhumar viejos fantasmas del pasado y volver a agitar los casos de corrupción pretéritos del Partido Popular.

Así, a Puig se le ha escuchado hablar de nombres como Camps, Olivas o Zaplana –Sánchez lo hace con Matas, Rato o Bárcenas–, pero ni palabra sobre lo que bien cerca tenía.

No obstante, hay un punto de inflexión. Es cuando El Debate y otros medios comienzan a informar sobre las anotaciones de Cataluña en las agendas donde aparecen los presuntos chanchullos.

En esas libretas hay anotaciones como «X. Puig» o «Ximo». Es en ese instante de la investigación cuando el relato de Puig encara su recta final y su cambio más abrupto.

A esas revelaciones se le unen otras que este medio da de nuevo en primicia, como que el Ministerio de Nadia Calviño ha avalado con 4,3 millones de euros al principal constructor imputado en la causa.

También que Puig contrató hasta en veintiuna ocasiones con el yerno de Cataluña a sabiendas de que ya estaba imputado o el posible cobro por parte de los socialistas valencianos de dos millones de euros en Panamá a través de sociedades offshore.

De hecho, la exclusiva de El Debate sobre el yerno de Cataluña destapó que también varias concejalías del Ayuntamiento de Valencia en manos socialistas habían realizado decenas de contratos con sus empresas.

Así pues, una vez acorralado, Puig ha optado por hacer como si Azud no existiera. La oposición le pregunta y exige responsabilidades y el presidente ni siquiera nombra el caso como sí hacía anteriormente.

En las Cortes Valencianas o a preguntas de los periodistas, el resultado es el mismo: cero explicaciones y mil salidas por donde se pueda. Puig ya no habla de Azud.

Por tanto, el relato que queda es el de un Puig señalado y acorralado que, lejos de dar explicaciones sobre un hecho concreto, son los acontecimientos los que pueden acabar engulléndole.