El cordón sanitario a PP y Vox, la única razón que une a una izquierda valenciana a navajazos

Los resultados de las elecciones catalanas de 2003 arrojaron la necesidad de pactar entre partidos para conseguir formar gobierno. Aquellos comicios los ganó la Convergència i Unió (CiU) de Artur Mas, seguido del PSC, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), el Partido Popular e Iniciativa per Cataluña.

Las distintas negociaciones desembocaron en la rúbrica de un acuerdo entre los socialistas, ERC e Iniciativa que pondría a Pasqual Maragall al frente de la Generalitat. Hasta el momento, nada raro.

El denominado pacto del Tinell, por el lugar en que se firmó, incluía un aislamiento explícito al PP, popularizando la expresión 'cordón sanitario'. «No establecer ningún acuerdo de gobernabilidad (acuerdo de investidura y acuerdo parlamentario estable) con el PP en el Govern de la Generalitat», rezaba el documento. Y seguía:

«Igualmente estas fuerzas se comprometen a impedir la presencia del PP en el gobierno del Estado, y renuncian a establecer pactos de gobierno y pactos parlamentarios estables en las cámaras estatales». Esta política fue bendecida por José Luis Rodríguez Zapatero, que en esos momentos ya era secretario general del PSOE y que a los pocos meses pactó con los independentistas a nivel nacional.

Alerta antifascista

Casi veinte años después, muchas cosas han cambiado en España, pero la obsesión de la izquierda no ya de que los populares no gobiernen, sino incluso de intentar marginarles de cualquier aspecto de la vida social es inmutable.

El espantajo que hoy día se utiliza es el del miedo por el extremismo y para ello se utilizan expresiones del tipo «ultraderecha», «extrema derecha», «fascismo» y tantas otras de la incendiaria retórica populista.

De hecho, el primer síntoma de ello fue la denominada «alerta antifascista» que promovió Pablo Iglesias tras las elecciones andaluzas de 2018 y que permitieron que por primera vez el PP gobernase la región.

En la Comunidad Valenciana se está viviendo algo parecido. El cordón sanitario al Partido Popular y Vox es un hecho. Las encuestas pronostican un resultado muy ajustado entre el centro-derecha y el actual tripartito, aunque con ligera ventaja para el cambio de ciclo.

Por ello, azuzar el fantasma de una supuesta vuelta a la Italia de los años veinte y treinta del siglo pasado se ha convertido en el único pegamento para una izquierda valenciana dividida y a navajazos entre ellos.

Tanto el PSPV-PSOE como Compromís y Unidas Podemos han unificado criterios pretendiendo crear una supuesta coordinación que no deja de ser artificial y cuyo objetivo es doble: estigmatizar a la mitad de la población de la Comunidad y tapar los innumerables y constantes líos internos, tanto en los partidos como en el Ejecutivo.

Si por algo de ha caracterizado la segunda legislatura del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, es por la inestabilidad en el seno de su Gabinete. Probablemente, el momento más difícil en estos cuatro años para el socialista fue gestionar la salida de Mónica Oltra.

Aún habiendo sido investigada por, supuestamente, encubrir los abusos sexuales de su marido a una niña de catorce años cuya tutela tenía encomendada, la nacionalista se aferró al cargo, provocando que su caso abriera telediarios, portadas y tertulias durante unos días dada la estupefacción generalizada.

Finalmente, pero no sin reticencias, Oltra dimitió. Sin embargo, sus compañeros de Compromís le organizaron una fiesta para apoyarle. La respuesta de Puig evidenciaba lo tenso de las relaciones entre socialistas y nacionalistas: «No estoy para fiestas».

Este episodio también produjo que la coalición naranja se resquebrajara por completo, con cada una de sus tres patas haciendo la guerra por su cuenta y lanzándose dardos entre ellos de manera nada disimulada.

La candidatura nada consensuada de Joan Baldoví avivó un fuego que se intentó solucionar con unas primarias, pero hicieron el pan como unas tortas. En la provincia de Alicante Compromís se partió en dos mitades entre los partidarios de la vicepresidenta, Aitana Mas, y la exconsejera –a quien Mas fulminó– Mireia Mollá. Actualmente, las hostilidades continúan.

Otro frente abierto en la izquierda en la Comunidad Valenciana hace referencia a la corrupción. A lo largo de la legislatura, ni Compromís ni Unidas Podemos se han inclinado por arrojar luz en asuntos peliagudos como las subvenciones al hermano de Puig o el propio caso Oltra.

Pero algo cambió en el último pleno del mandato. Los nacionalistas votaron a favor de la petición del PP de crear una comisión de investigación sobre el caso Azud, donde se sospecha de una presunta financiación ilegal del PSPV-PSOE.

La pugna Podemos-Sumar se vivió en Valencia con el plantón del vicepresidente segundo a Yolanda Díaz en su acto

La propuesta salió adelante, pero no tuvo más valor que el simbólico, ya que a los pocos días las Cortes Valencianas se disolvieron y no se constituirá la comisión. Sin embargo, fueron los propios nacionalistas los que advirtieron a Puig de que su voto afirmativo era «un aviso» de cara a las relaciones futuras.

Entre los partidos a la izquierda del PSPV-PSOE lo que se está viviendo no deja de ser la traslación autonómica de los reproches y acusaciones entre Unidas Podemos y Sumar, el nuevo proyecto de Yolanda Díaz. Por la parte comunista, hubo presencia valenciana en el acto de presentación de la plataforma, pero también sonoras ausencias como la del vicepresidente segundo, Héctor Illueca.

Para fuentes del PP, tapar las vergüenzas internas con un cordón sanitario demuestra que la izquierda no tiene «un proyecto claro y de gobierno para la Comunidad» que dé «respuesta a las necesidades que hoy tienen los valencianos».

En la misma línea, aseguran que los integrantes del tripartito están «preocupados por mantenerse en los sillones»: «Ellos antes que los valencianos», insisten.

Preguntadas sobre la división entre socialistas, nacionalistas y comunistas, las mismas fuentes lamentan que estas «disputas internas durante años» hayan derivado en «mucho sectarismo, poca libertad y nula gestión».

Por su parte, el diputado autonómico de Vox David García considera que para la izquierda la democracia «es una excusa porque no cree en ella». En base a ello, prevé que hará «lo que sea para mantenerse en el poder», incluido «no aceptar los resultados electorales».

Por tanto, el parlamentario matiza que el cordón sanitario en realidad es «un cordón a la democracia» porque «no han aceptado que más de 300.000 valencianos» dieran su apoyo a Vox para que «confrontase las ideas de la izquierda valenciana».