Elecciones 23-J  La apuesta de Sánchez por Ribera como número 2 le complica aún más ganar en la Comunidad Valenciana

Sin tiempo para descansar tras una dura campaña de las elecciones municipales y autonómicas, los partidos políticos están de nuevo inmersos en otra cita con las urnas, en este caso de carácter general tras el adelanto anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tan solo horas después de su dura derrota el 28 de mayo.

Con la maquinaria ya a pleno rendimiento, uno de los plazos que más urge resolver es la siempre complicada y peliaguda conformación de las listas electorales. Ante ello, el Partido Popular está llevando ese proceso de manera discreta y sin salirse de los cauces internos. Para lograrlo también ayudan la reciente victoria y que los 89 diputados en el Congreso se verán notablemente incrementados, a tenor de lo que todas las encuestas pronostican.

En la izquierda el panorama es bien distinto. Las negociaciones entre Unidas Podemos y Sumar siguen muy tensas, con reproches cruzados, y con un porvenir bastante incierto que pudiera hacer recordar a lo sucedido con motivo de las elecciones andaluzas de junio del año pasado.

Profundo rechazo a Sánchez y Ribera

Por su parte, el PSOE ya tiene avanzada la configuración de los cabeza de lista de sus papeletas, copadas en buena parte por el ala de la formación en el Consejo de Ministros. En realidad, lo ha decidido el propio Sánchez, ya que los órganos federales socialistas aún no se han reunido para aprobar las listas y fue él quien los vació de competencias para evitar episodios como cuando los barones provocaron la salida del secretario general en octubre de 2016.

Entre las designaciones como números uno están Fernando Grande-Marlaska por Cádiz, Pilar Alegría por Zaragoza, Luis Planas por Córdoba o Diana Morant en la circunscripción de Valencia. Asimismo, uno de los nombres con más interés por conocer es quién acompaña al candidato a la presidencia del Gobierno como número dos por Madrid. En esta ocasión, Sánchez ha elegido como ticket electoral, como se dice en argot político, a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Más allá de las implicaciones nacionales en relación a la llamada ‘excepción ibérica’ y su influencia en Bruselas, el nombramiento de Ribera como pareja en la capital supone que Moncloa prácticamente da por perdida la Comunidad Valenciana, tan solo doce días después de confirmar las salidas de los gobiernos en ciudades como Elche, Castellón y Valencia, así como de la Generalitat.

Sánchez por sí mismo ya despierta un profundo rechazo en gran parte de los valencianos por una serie de agravios desde que accedió al cargo. Entre ellos, por ejemplo, están no haber movido un dedo para resolver la financiación autonómica, trasladar la mayoría de los viajes en AVE a Madrid hasta la estación de Chamartín o un trato de favor sin igual a los independentistas catalanes que ha permitido que sus dirigentes ataquen sin rubor las señas de identidad valencianas.

Pero si a eso se le añade que Ribera ha sido la impulsora del recorte en el trasvase Tajo-Segura, las aspiraciones socialistas de ganar en la Comunidad, una región clave para llegar a Moncloa, quedan francamente menguadas. Desde que el Ejecutivo anunció su intención de aumentar los caudales ecológicos del Tajo y, por tanto, reducir la cantidad de agua que llegará a Alicante, Murcia y Almería, el ninguneo de la vicepresidenta hacia los regantes ha sido constante y permanente.

La ministra para la Transición Ecológica tenía la firme e inamovible intención de sacar adelante la iniciativa. Solo así se explica que durante meses haya rechazado reunirse con las principales asociaciones de agricultores del Levante español, considerado como 'la huerta de Europa', e incluso atender sus peticiones y reivindicaciones.

De hecho, una vez ignoradas las solicitudes para sentarse, han organizado diferentes manifestaciones y concentraciones. Cuando la formalización del recorte era inminente protestaron a las puertas del Ministerio e incluso junto al palacio de la Moncloa mientras se desarrollaba la reunión del Consejo de Ministros. Pero, aún así, todas las quejas y la indignación han resultado en balde.

Las denuncias de los campesinos todavía hoy siguen siendo varias. Una de ellas es que la decisión se adoptó obedeciendo a meros criterios políticos e ideológicos, ya que aseguran que carece de ningún tipo de informe técnico, científico o medioambiental que la avale.

Otro reproche es el referente a las soluciones que desde el departamento de Ribera se les ofrece o, mejor dicho, les dan como única alternativa. No es otra que llenar la zona de plantas desaladoras. Este aspecto en todo momento ha contado con la firme y rotunda oposición de los regantes, tanto por cuestiones medioambientales como económicas. Respecto a la primera, las asociaciones agrarias subrayan que la instalación y puesta en marcha de estas máquinas causarían un perjuicio ecológico que el Gobierno en ningún momento ha calibrado.

Del mismo modo, el agua desalada resulta sensiblemente más cara que la que suelen utilizar para sus regadíos. Así, aunque está prevista una bonificación al respecto, los agricultores no ocultan que será inevitable un alza de los precios de los productos que cultivan. Por lo tanto, desde el mismo corto plazo se pagarán más caro hortalizas, verduras y frutas, ya que a los campesinos les va a costar más trabajarlos, mantenerlos y ponerlos en el mercado.

En conclusión, si Sánchez tiene en su mente seguir siendo presidente del Gobierno no parece que para conseguirlo vaya a apostar fuerte por la Comunidad Valenciana, que cuenta con casi 3,7 millones de votantes. El tema del agua fue uno de los que marcó la campaña del 28-M y a buen seguro lo seguirá haciendo el 23 de julio porque las heridas aún continúan abiertas. Algunos analistas aseguran que la convocatoria de las generales es un signo de «audacia» del presidente, aunque la decisión de llevar como número dos a Ribera parece del presidente, pero del CIS.