El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig (PSOE), junto a la vicepresidenta, Aitana Mas, de CompromísROBER SOLSONA/EP

Comunidad Valenciana  El PSPV-PSOE se escuda en el cambio en la Comunidad Valenciana para romper definitivamente con Compromís

Los socialistas se niegan a ceder a sus socios un puesto en la Mesa de las Cortes, condenándoles a no tener representación en el órgano de funcionamiento del parlamento regional

Durante estos días, los pactos postelectorales tanto en ayuntamientos como en las comunidades autónomas transcurren en paralelo a las constituciones de los parlamentos regionales y la configuración de sus respectivos órganos de funcionamiento. Quizás el que más revuelo mediático haya causado sea el caso murciano, donde Vox se ha quedado sin ningún asiento en la Mesa de la Asamblea, aunque no es el único.

En la Comunidad Valenciana, aunque las Cortes aún no han empezado su labor parlamentaria porque se constituyen el 26 de junio, la trifulca entre partidos ya ha comenzado. A diferencia de lo sucedido en Murcia, la polémica no ha venido provocada por las idas y venidas entre partidos que pugnan por una determinada cuota de poder. Todo lo contrario, en la Comunidad el foco se centra en el PSPV-PSOE y Compromís, que en cuestión de semanas dejarán de gobernar la Generalitat y pasarán a las filas de la oposición.

La Mesa de la Cámara valenciana consta de cinco puestos. El pacto alcanzado por PP y Vox para investir a Carlos Mazón como próximo presidente y conformar un gobierno de coalición también incluye que los de Santiago Abascal presidirán las Cortes, mientras que los populares ostentarán la Vicepresidencia y Secretaría primeras.

«Cumplir el reglamento»

Los dos escaños restantes corresponden por representación a los socialistas, por lo que Compromís, en principio, se quedará fuera de la Mesa. Con tal de que este órgano esté compuesto por el mayor grado de pluralidad política posible, lo que suele hacer en estos casos es que los partidos mayoritarios ceden uno de sus puestos a aquellas formaciones que obtuvieron menos votos.

Así lo hará en la sesión de constitución el PP con Vox. En cambio, el PSPV-PSOE se ha negado en redondo a realizar este pacto tácito con sus todavía aliados de Compromís en el Ejecutivo de la Generalitat, aunque ya en funciones. A nivel práctico y de reestructuración del día a día de la política valenciana supone que los socialistas rompen definitivamente con los nacionalistas, dejando en papel mojado las alianzas hasta ahora tejidas entre los dos.

Para argumentarlo, justifican sus dos asientos en la Mesa como un dique de contención a la mayoría absoluta de PP y Vox. Según esa lógica, lo contrario sería «blanquear» el futuro Gobierno y «darle normalidad a algo que no es normal, que es incorporar y a abrazar la extrema derecha», según el aún consejero de Hacienda, Arcadi España.

Del mismo modo, la vicepresidenta segunda del hemiciclo se aferra a que esos dos puestos los tiene que ocupar su partido porque eso significa «cumplir el reglamento» de la Cámara en función a los escaños conseguidos el pasado 28-M. Igualmente, hace hincapié en que ya no hay un «acuerdo de gobierno» que dé sentido a esa colaboración entre las formaciones.

De confirmarse esta postura, sucedería algo realmente paradójico como es que Compromís en cuestión de minutos pasaría el día 26 de presidir las Cortes con Enric Morera –cuyo papel ha sido muy bien valorado por todos los grupos– a quedarse fuera de su órgano de funcionamiento. Algo inaudito.

El que fue candidato nacionalista en las elecciones autonómicas, Joan Baldoví, llama a la reflexión al PSPV-PSOE para que dé marcha atrás en su decisión porque sería «un gran error» al «fulminar el espíritu del Botánico –el nombre que recibe el tripartito– por tener una silla más». Sin embargo, no parece factible que esos ruegos vayan a llegar a buen puerto y se consumará su ausencia en la Mesa.

Joan Baldoví junto a Mónica Oltra en un acto de CompromísEP

Esta ruptura de facto confirma que la relación entre los dos partidos únicamente se fundamentaba en coaligarse a toda costa para crear y consolidar un cordón sanitario al centro-derecha para evitar un ascenso al poder que se materializará en unas semanas. De hecho, la segunda legislatura del Gobierno valenciano se ha caracterizado por una enorme y constante inestabilidad y roces entre los dos principales socios.

«Yo no estoy para fiestas»

El más sonado fue con motivo de la imputación de la entonces vicepresidenta y consejera de Igualdad, Mónica Oltra, por presuntamente encubrir los abusos sexuales de su marido a una niña de catorce años tutelada por su departamento. La noticia supuso un terremoto en el seno del Gabinete presidido por Ximo Puig. Este, consciente del impacto a nivel nacional de una noticia de tal gravedad se vio obligado a exigirle la dimisión.

Oltra lo hizo a regañadientes después de dos días en que la presión sobre ella y el propio Puig llegó a ser insoportable. No obstante, la salida de Oltra por estar imputada –tal como ella misma exigía al PP cuando estaba en la oposición– no libró al socialista de recibir los reproches de los principales dirigentes de Compromís.

No solo le acusaron de querer gobernar solo y de plegarse a las decisiones de una supuesta Justicia machista y de ultraderecha, sino que también a la exvicepresidenta le homenajearon con una fiesta en el antiguo cauce del río Turia. Ante el pintoresco evento un enojado Puig contestó tajante: «Yo no estoy para fiestas».

Además del de Oltra, ha habido más episodios de choques entre el PSPV-PSOE y la coalición nacionalista, como el referente a la tasa turística. Este gravamen se aprobó en las Cortes Valencianas no solo con la firme oposición del sector, sino también con la del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, y de Puig, que votó a favor pese a reconocer que no era «el momento» para ello.

Por último, uno de los ejemplos más recientes es la división en torno a la ampliación del puerto de Valencia. Mientras el sector socialista del tripartito está a favor de acometer esta obra, Compromís en todo momento ha expresado su rechazo, arguyendo motivos climáticos e, incluso, reprochando a Puig que el proyecto lo haya tramitado con «oscurantismo». Esta grieta aunque ambos partidos vayan a pasar a la oposición seguirá abierta, ya que el expediente aún no se ha resuelto y quedan no pocos debates parlamentarios hasta llegar a una solución final.