Comunidad Valenciana  Sánchez copia el ninguneo de Zapatero a Valencia: financiación 'a la catalana' y golpe a los trasvases

Aparte de Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, la campaña de las elecciones generales del 23 de julio tuvo otro gran protagonista: el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Fue el encargado de levantar la moral a la tropa socialista entre los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo y el 23-J y el que primeramente habló de que el PSOE podía hacer una «remontada» y «ganar por sorpresa». De hecho, participó en más mítines que el propio candidato de su partido, aspecto que, al igual que Sánchez, también supo compaginar con entrevistas en no pocos medios de comunicación. Era omnipresente.

La elección de Zapatero como revulsivo, lejos de ser casual o desesperada por las encuestas en contra, obedece a que ambos mandatarios representan las dos caras de una misma moneda de una determinada forma de hacer política. En esta, las cesiones y aceptación de chantajes se ponen muy por encima del bien colectivo, a la par que los pactos con fuerzas políticas a las que la gobernabilidad de España les importa «un comino» -fueron palabras de Monsterrat Bassa, de Esquerra- se naturalizan y se venden como «progreso».

Existen numerosas similitudes más entre los dos últimos líderes elegidos por primarias del PSOE –Javier Fernández estuvo al frente de una gestora–, pero por acotar el tema en la Comunidad Valenciana, dos son las más significativas: el uso de la financiación autonómica como una herramienta política y no de equidad entre las distintas comunidades y, paralelamente, un continuo ataque a los trasvases, cuando el agua es un bien escaso en la región y sin ella buena parte de su prosperidad económica y riqueza medioambiental tienen los días contados.

Modelo caducado desde 2014

Comenzando por el reparto de fondos, el modelo que hoy día está vigente es el que Zapatero sacó adelante en 2009. Lleva caducado desde 2014, con Mariano Rajoy ya en el poder, si bien este, por la complejidad y dureza de la crisis económica del momento, aprobó otras medidas para aliviar las arcas de los distintos territorios como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). La aprobación del texto final ni mucho menos puede considerarse un acuerdo consensuado, ya que las comunidades gobernadas por el PP se abstuvieron.

Entre ellas, la Valenciana. De hecho, el que era vicepresidente económico de la Generalitat y la semana pasada elegido senador por designación autonómica, Gerardo Camps, acusó al Ejecutivo de Zapatero de «falta de transparencia y claridad» al no presentar las cifras concretas, sino que cada Gobierno las tenía que «estimar». Además, no contemplaba el aumento poblacional previsto en la Comunidad, que al poco tiempo ya superaba los cinco millones de habitantes.

Por tanto, desde ese preciso instante, la región comenzaba a estar infrafinanciada, circunstancia que llega hasta nuestros días, pero agravada. Aquel sistema de reparto de fondos autonómicos se hizo con Cataluña como gran eje. Fue el propio jefe del Ejecutivo de entonces el que pactó con el de la Generalitat de Cataluña, el socialista José Montilla, el inicio y las bases de la negociación. Con ese comienzo, el desenlace no podía ser malo para sus intereses: quedó como la comunidad más beneficiada a costa de otras como Valencia, Murcia o Cantabria y fue el mismo Montilla quien se congratuló de ello por haber conseguido lo máximo contemplado en su Estatuto.

El mismo panorama se presenta en 2023, con el acicate de que el tema se plantea como peaje para que Sánchez logre ser reelegido en una hipotética investidura. La modificación del sistema se ha puesto sobre la mesa y, de nuevo, Cataluña entra en escena. El líder socialista depende tanto de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) como de Junts per Cataluña, el partido del prófugo Carles Puigdemont, lo que ha provocado que por ensalmo el Gobierno central haya abierto las puertas de par en par a abordar un tema que hasta el día posterior a las elecciones ni siquiera estaba en su agenda.

Todos los partidos con representación en las Cortes, más allá de colores, siglas e ideologías, llevan casi una década reivindicando unánimemente una financiación «justa» para la Comunidad. Esta no es que no haya llegado, sino que el Gobierno de Sánchez en sus cinco años ni siquiera ha avanzado al respecto. Cada vez que se le reclamaba priorizarlo, tanto el presidente como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hacían grandes alocuciones de idas y venidas para, en realidad, dejar claro que por el momento no se iba a tocar. En cambio, ahora parece un asunto de extrema urgencia, por lo que en Valencia ya se empieza a barruntar que podría haber otro modelo de financiación autonómica 'a la catalana'.

Del trasvase del Ebro al Tajo-Segura

Respecto al agua, la política hídrica de Zapatero y Sánchez tiene un significativo nexo: decir no a los trasvases y dejarlos sin efecto. Si bien ambos ejecutan ese pensamiento sin ruborizarse, un pequeño matiz sería que el primero lo hizo por cesión a los independentistas y el segundo lo acaba de consumar por ideología y meros criterios políticos. Así, junto a la retirada de las tropas de Irak, lo primero que hizo Zapatero al llegar a la Moncloa fue derogar el trasvase del Ebro, enmarcado en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) y que pretendía llevar agua a la Comunidad Valenciana frente a la escasez.

Mientras estuvo en el poder negó por activa y por pasiva que esa medida fuera una concesión al separatismo para ser investido en 2004. Lo hizo, incluso, a pesar de que el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Josep Lluís Carod-Rovira (ERC), se regodeaba mientras lo confesaba. Finalmente, a Zapatero no lo quedó más remedio que asumir la realidad y él mismo confesó que eliminar el trasvase del Ebro se debió a una exigencia independentista que, por otro lado, no le costó lo más mínimo aprobarla ni asumirla como propia.

La equivalencia sanchista se da a cuenta de la misma infraestructura, pero esta vez entre los ríos Tajo y Segura. Los agricultores de Alicante, pero también de Murcia y Almería denuncian que sin atenerse a ningún informe técnico ni razón medioambiental, el Gobierno ha llevado a cabo un recorte del agua trasvasada a la zona que en la práctica va a suponer su eliminación definitiva.

Igualmente, censuran que esta decisión se haya tomado «unilateralmente», sin hablar con los regantes y obedeciendo solo a «criterios políticos e ideológicos». Las consecuencias ya se están empezando a notar, pero aseguran que desde el corto plazo serán aún mayores en términos de notables subidas de los precios de los productos cultivados, así como de pérdida de fauna y flora en torno al Segura. Para colmo, la única solución que Sánchez ofrece es apostarlo todo a la construcción masiva de desaladoras, curiosa y exactamente lo mismo que hizo Zapatero. Se cierra el círculo.