Comunidad Valenciana  Frenar el independentismo y avanzar en bajar impuestos, los grandes objetivos de Mazón en este curso político

Una de las primeras afirmaciones de Carlos Mazón como nuevo presidente de la Generalitat Valenciana fue en la que aseguró que tenía «miedo» a todo lo que se iba a encontrar cuando se hiciera un mapa real del estado real de las cuentas que Ximo Puig le había dejado en herencia. No era para menos, puesto que el tripartito legó la segunda mayor deuda pública de toda España –con un récord de 55.439 millones de euros– a lo que habría que añadir un déficit del 3,11 %, el dato más alto de toda España y sobre el que resulta difícilmente sacar pecho.

Aun siendo en parte conocedor de ese nada alentador panorama, el popular sigue adelante con su plan para bajar impuestos «a todos los valencianos» y para ello tiene tres ejes fundamentales, todos ellos lanzados prácticamente desde el minuto uno. El primero de ellos fue el de adelgazar lo que el propio jefe del Ejecutivo regional denomina «grasa política». Es decir, se ha propuesto adelgazar la administración autonómica, diseñando dos consejerías menos, lo mismo que ha sucedido con cerca de casi una decena de secretarías autonómicas (el segundo escalón).

Los otros dos grandes principios fueron claros: política de 'subvención cero' al independentismo catalán en la región y aliviar la carga fiscal directa en el bolsillo de los valencianos. Ambos ya los está cumpliendo. En cuanto al primero, el nuevo Gobierno valenciano está «acelerando» una de las grandes promesas electorales de Mazón: eliminar los impuestos de Sucesiones –que el presidente califica como el «de la muerte»–, Donaciones y Patrimonio.

Menos impuestos, más recaudación

En lo meramente político, llevar a cabo esas medidas sería alinearse con otros presidentes autonómicos como Juanma Moreno, Isabel Díaz Ayuso o la balear Marga Prohens, que fue investida también este verano. En el terreno económico, según los efectos analizados en regiones como la Comunidad de Madrid o Andalucía, repercutiría en un mayor número de herederos –se evitaría la fuga o las renuncias–, se fomentarían los empadronamientos y, además, se aumentaría la recaudación fiscal al impulsar la actividad económica de la zona sin que ello afectase negativamente al poder adquisitivo.

Estas iniciativas no serán aisladas, sino que a lo largo de estos meses habrá otras que las complementen. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana se dirá adiós definitivamente a la tasa turística, ese nuevo impuesto que el tripartito de izquierdas se empeñó en aprobar pese a la firme oposición del sector. La nueva consejera de Turismo, Nuria Montes, ya anunció la derogación. Bien es cierto que en ningún caso puede ni podrá suponer una sorpresa, puesto que la dirigente hasta que Mazón le nombró era la secretaria general de la patronal hotelera HOSBEC, con sede en Benidorm.

La bajada fiscal del presidente valenciano tampoco es baladí. En concreto, tal como prometió en la campaña electoral del 28 de mayo y se ratificó en su discurso de investidura, tendrá un impacto económico de 1.750 millones de euros, un plan integral donde también se contemplan ayudas a la contratación, a los profesionales autónomos, así como a multitud de colectivos vulnerables, no solo de las clases bajas, sino también de la media.

Pero también hay un importante ámbito donde los más de cinco millones de valencianos se ahorrarán un buen dinero. Este es el que hace referencia a las subvenciones al independentismo catalán. En ocho años, el PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos han destinado trece millones de euros públicos a la causa separatista para que esta echara raíces en la Comunidad Valenciana a corto plazo y, en el medio y largo, fuera una simple mímesis de lo que se vive en Cataluña.

El tripartito lo hizo allí donde pudo, sin importarle el tiempo ni la forma. Tampoco fue obstáculo para ellos la legalidad, puesto que tanto el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) como el Supremo tumbaron varios decretos aprobados por la coalición que estaban orientados a imponer su propio criterio lingüístico. Tal fue la connivencia de Puig y sus socios con los rupturistas que, aún viéndose fuera de la Generalitat y estando en funciones, aprobaron unas últimas aportaciones de hasta dos millones de euros a este tipo de colectivos.

En cambio, grupos como Plataforma per la Llengua, Acció Cultural del País Valencià, Escola Valenciana, El Micalet y tantas otras decenas de grupúsculo sin apenas representación popular pero con mucho dinero en sus arcas ya cuentan con que se van quedar sin ningún tipo de aportación pública. De este modo, Valencia no volverá a vivir esperpentos como los de las Magas Republicanas que impulsó el exalcalde levantino Joan Ribó, del mismo modo que no pagará a asociaciones contrarias al Estatuto de Autonomía que se dedican a espiar a niños en los colegios y reportar esos datos al Gobierno de Cataluña.

El pacto de coalición entre el Partido Popular y Vox es meridianamente claro: En su punto uno ambas formaciones se comprometieron a reivindicar «la historia de España y de la Comunidad Valenciana», así como a garantizar «la libertad de memoria y el absoluto y pleno respeto a los derechos y libertades de todos». Por ello, se derogarán «las normas que atacan la reconciliación en los asuntos históricos».

Del mismo modo, la apuesta de Mazón y su Gobierno es la de sacar adelante una «Ley de Señas de Identidad que proteja los valores y costumbres y tradiciones de la Comunidad Valenciana como parte esencial de la plural riqueza de España. Por ello, eliminaremos las subvenciones a las entidades o asociaciones que promuevan los 'Países Catalanes'».