Comunidad Valenciana  El Ayuntamiento de Valencia empieza a ejecutar acciones contra la okupación ilegal de viviendas

Lucha sin cuartel contra la okupación ilegal de viviendas en la ciudad de Valencia. Esa es una de las prioridades de la alcaldesa levantina, María José Catalá, en total contraposición a la política llevada a cabo por el anterior Equipo de Gobierno Municipal liderado por Joan Ribó. Frente a la absoluta impunidad que el bipartito de Compromís y el PSPV-PSOE ejerció ante este fenómeno, la regidora en los apenas 99 días que lleva en el cargo ya ha emprendido varias actuaciones con tal de frenar esta usurpación de la propiedad privada y garantizar la seguridad entre los vecinos.

Así, la última ha tenido lugar esta misma semana en el distrito de Ciutat Vella, en pleno centro de la capital. En ella, el Ayuntamiento ha procedido a tapiar un edificio que había sido okupado de manera ilegal ante el riesgo de derrumbe que tenía. Además, en él, dos asociaciones vecinales de la zona habían derivado diversas quejas y reclamaciones ante la presencia de personas en su interior, que podían dedicarse «supuestamente a actividades ilícitas, como el tráfico de drogas o la receptación de objetos robados», tal como informa el Consistorio.

Los Bomberos ya habían actuado en ocasiones anteriores en el citado inmueble del barrio del Pilar, por lo que en breve se tramitará el correspondiente informe ante la Sección de Ruinas del Ayuntamiento de Valencia. Se da la circunstancia de que otros accesos ilegales al inmueble ya habían sido tapiados con anterioridad, presumiblemente por la propiedad del edificio. Fue, precisamente, una patrulla de la Policía Local la que sorprendió, a primera hora de la mañana de este martes, a un hombre salir corriendo del interior del recinto abandonado, ante la presencia de los agentes. El desconocido se dio a la fuga, pero los policías accedieron al inmueble, al hallarse la puerta de acceso completamente abierta.

«Gran acumulación de escombros»

En su interior pudieron comprobar que había «gran acumulación de escombros y basura en el zaguán, así como la escalera que da acceso a las dos plantas superiores con evidentes signos de deterioro», reiterando, según informa el Cuerpo, que se encontraba en «estado de abandono, con escombros acumulados en sacos, varias estancias apuntaladas, así como desprendimientos de techos y escalera».

Esta actuación ha sido la última, pero en ningún caso ha sido la única. De hecho, en los últimos días se han llevado a término otras 65 en el barrio de Orriols, uno de los más afectados por estas prácticas ilegales. En ese marco, se ejecutaron desconexiones en un total de 31 fincas de la zona en plena colaboración no solo con la Policía Local de Valencia, sino también con la compañía Iberdrola. Tal es el nivel del problema, que en una sola calle -Padre Viñas- se hicieron diecinueve de esas desconexiones. Justamente, fue ahí donde El Debate acudió en el verano de 2022 a hacer un reportaje sobre la okupación y el periodista -quien escribe- recibió varias pedradas y amenazas.

La línea de actuación que el actual Ayuntamiento que lidera Catalá está poniendo en práctica es clara: quiere abordar el «problema de la okupación irregular de viviendas» y convertir a la tercera capital de España en «una de las ciudades más seguras de España», un ranking al que Ribó contribuyó con su ejecutoria a que Valencia bajara muchos puestos y fuese, tal como ponen negro sobre blanco los propios datos del Ministerio del Interior, a ser la gran ciudad nacional donde más crecieron los actos delictivos en 2022, colocándose solo por detrás de la deteriorada Barcelona de Ada Colau.

En este marco, la avenida de la Constitución es uno de los principales enclaves de la okupación ilegal en Valencia. Ante semejante panorama, los servicios municipales también procedieron semanas atrás a tapiar una vivienda afectada por esta práctica. Esto llevó al concejal de Seguridad, Jesús Carbonell, a asegurar que cuando el Partido Popular gobierna la ciudad se hacen «en dos meses más que Compromís y el PSPV-PSOE en ocho años».

Multa a la Sareb

El mismo edil fue quien afirmó que la lucha contra la okupación es «uno de los principales compromisos» del Ejecutivo de Catalá, por lo que el objetivo es que «deje de ser un problema para los vecinos de la ciudad de Valencia». Es más, fue la propia alcaldesa la que tanto durante la campaña electoral como a lo largo de sus primeras semanas al frente del Consistorio prometió que iba a dar «de baja en el Padrón municipal» a todos aquellos que okupasen una casa.

Tan es así, que a la regidora no le ha temblado el pulso a la hora de iniciar el correspondiente proceso administrativo para incoarle a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocido comúnmente como el ‘banco malo’, una multa de 3.001 euros por ser la propietaria del inmueble desenganchado y permitir, por su dejadez, no solo que haya sido okupado, sino también que se hayan podido producir en su interior situaciones de «insalubridad».

Por tanto, Catalá sigue con paso firme en su meta de revertir la gestión ideológica de Joan Ribó. Lo está haciendo, como se ha explicado, en lo referente a la okupación ilegal de viviendas, pero eso no quita a que su Equipo de Gobierno también continúe aprobando iniciativas en otros campos de igual relevancia y con las que los vecinos de Valencia llevan años poniendo el grito en el cielo, como pueden ser la limpieza o una ordenación del tráfico normal y no que obedezca a parámetros sectarios y partidistas como en los últimos ocho años.