Investigan si una eurodiputada del PSOE valenciano cobró de manera irregular 40.000 euros en dietas

La Consejería de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana ha anunciado que ha iniciado una investigación de cara a dilucidar si la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero pudo haber cobrado dietas de manera irregular cuando fue miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), según ha señalado la responsable del departamento, Salomé Pradas.

Es la propia Abogacía de la Generalitat la que, según una información adelantada por el diario El Mundo, considera que ese supuesto cobro sería «incompatible con la de vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia y con la percepción de cualquier remuneración pública que no provenga de su condición de diputado».

Por tanto, de acuerdo con esta información, la condición de eurodiputada de Inmaculada Rodríguez-Piñero resultaría «incompatible» con el cargo de vocal del Gobierno valenciano en el Consejo de Administración del Puerto, una responsabilidad que ocupó desde 2015, nombrada por el Ejecutivo de Ximo Puig, y hasta el pasado mes de septiembre. Durante este periodo, cobró 40.000 euros brutos.

«Sorprendida y disgustada»

Ante la polémica ocasionada, la afectada, en un comunicado, ha lamentado «profundamente» esta situación y asegura que era «absolutamente desconocida» para ella y que contradice su «comportamiento intachable demostrado a lo largo de cuarenta años de servicio público». Igualmente, ha afirmado que «sin lugar a dudas» atenderá «cualquier reclamación de devolución de cantidades que proceda aplicar, en el caso de que no se hubieran ajustado a la normativa».

Rodríguez Piñero ha detallado en el texto que aceptó el puesto como vocal en el Consejo, a propuesta de la Generalitat, porque «siempre» ha estado «comprometida con el servicio público y en defender los intereses de la Comunidad Valenciana». «Nunca, ninguna de las administraciones u organismos implicados me advirtió sobre una posible incompatibilidad», ha dicho, y ha defendido su actuación «con la máxima transparencia ante la Generalitat, la APV y el Parlamento Europeo», ante quien declaró «inmediatamente» esta responsabilidad tras ser nombrada.

En esta línea, reitera sentirse «sorprendida y enormemente disgustada por la situación que se ha creado» y asegura desconocer «el informe de la Abogacía de la Generalitat al que se hace referencia en las informaciones publicadas». «Espero se me comunique fehacientemente», concluye el comunicado de Rodríguez Piñero.

Un nombramiento «inaudito»

Fuentes del PSPV-PSOE consultadas por Europa Press atribuyen esta investigación a que con el nuevo Consell «hay un control político y una utilización de la administración valenciana para dañar al anterior Gobierno» del tripartito y sostienen que el tiempo ha demostrado que el trabajo de la eurodiputada ha sido «impecable», «bueno» para el Puerto y «nunca, en ningún caso, cuestionado jurídicamente».

Por tanto, creen que se trata de una «cortina de humo para tapar la inoperancia» del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y una «maniobra» suya y de la ultraderecha «ante la falta de gestión». Por contra, Pradas sostiene que es «inaudito» que una persona con una «clamorosa causa de incompatibilidad haya estado cobrando dietas por 40.000 euros durante ocho años por un cargo que no podía ejercer». «Y aún es más inaudito que el Consell de Ximo Puig nombrara en dos ocasiones a esta persona para ejercer el cargo de consejera del Puerto cuando la ley lo impide, según nos informa la Abogacía», lamenta la consejera. A su vez, hace hincapié en que el Gabinete de PP y Vox ha llegado para «cambiar las cosas» y «ejercer la política desde el rigor y el cumplimiento de la legalidad, porque nadie está por encima de la ley».