Compromís pasa de endurecer el despido a ser denunciado por tres exasesores por echarles

«Nosotros éramos trabajadores indefinidos y aunque se entiende que en este tipo de trabajos hoy estás dentro y mañana fuera en función de los intereses de los diferentes partidos o personas, existe el Derecho Laboral y, por tanto, nuestros despidos son improcedentes y no objetivos». Esta denuncia tan contundente es la que expresan tres exasesores de Compromís en las Cortes Valencianas que han demandado a la coalición por supuestos despidos fuera de la Ley.

La formación nacionalista se acoge a supuestas causas económicas para realizar dicho trámite, alegando que tras las elecciones autonómicas del 28-M a sus cuentas han llegado 17.000 euros menos respecto a 2019. Esta cifra supone una merma del 5,6 % en cuatro años en concepto de asignaciones y subvenciones para mantener y desarrollar la actividad de un grupo parlamentario que cuenta con dos escaños menos que daba sustento orgánico al tripartito liderado por el socialista Ximo Puig.

Esta versión en absoluto es compartida por los exasesores en cuestión, que aseguran que en las correspondientes cartas de despido y en el resto de motivos aportados por Compromís solo se mencionan los ingresos, pero no así los gastos, por lo que consideran que la «supuesta situación económica negativa» no queda acreditada. No es la única baza que ponen sobre la mesa. Otra es que poco después de echarles, el grupo contrató a otras personas para realizar el mismo trabajo que los afectados.

El despido, «barato»

Al respecto, cabe destacar que es habitual que cuando una nueva dirección de partido o grupo parlamentario entra, conforme un nuevo equipo. En él entran las personas de confianza, es decir, asesores y otros cargos. Sin embargo, para el relevo no se suele acudir a lo económico. «A efectos prácticos, nos despiden por una decisión discrecional no objetiva y por eso reclamamos que los despidos tengan la categoría que nos corresponde y la indemnización debida», indica uno de los demandantes a la par que insiste en que la causa económica «no se sustenta».

La actitud descrita choca frontalmente con la postura defendida a voz y grito por Compromís a lo largo de su más de una década de trayectoria política. No hace falta remontarse a tiempos inmemoriales para conocer qué es lo que piensa la coalición valenciana acerca del despido. Basta con repasar le hemeroteca de finales de 2023. En esas cercanas fechas fue la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, la que apostó por volver a los 45 días de indemnización por año trabajado en caso de despido. No solo eso. También abogó por que ese subsidio tuviera una cantidad mínima más allá de la antigüedad en la empresa y el salario percibido.

No hay que olvidar que los de Joan Baldoví están integrados en Sumar en el Congreso de los Diputados y todo hace pensar que, con mayor o menor posibilidad de lograr escaño, ambas organizaciones concurrirán juntas a las próximas elecciones europeas. Por tanto, el silencio y la ausencia de crítica ante semejante política por parte de la dirección de Compromís dejan negro sobre blanco que comparte a pies juntillas, al menos a nivel teórico y retórico, que hay que restringir al máximo el despido.

Buscar «algún acuerdo»

En este sentido, está por ver cómo compaginan los nacionalistas sus prácticas con su propio relato y el de su jefa de filas de facto, la titular de Trabajo, con la realidad. Esta no es otra que tienen a tres excolaboradores en los juzgados por presuntos despidos improcedentes: «Seguir subiendo los salarios», dijo Díaz días antes de ser ratificada en el cargo. Lo curioso es que simultáneamente sus socios habían echado a los citados asesores, que ya no percibían unos salarios dignos como los que la líder de Sumar no se cansa de reivindicar.

El caso es que no solo la vicepresidenta segunda del Ejecutivo ha sido la defensora de esta línea. Días antes de la investidura de Pedro Sánchez, fue la voz económica de la gallega en su formación, Carlos Martín, quien hizo un llamamiento para aumentar el coste por despido, que calificó de «barato». A su juicio, encarecer las indemnizaciones reforzaría «el equilibrio en la negociación entre empresarios y trabajadores». De nuevo, Compromís aplaudía en mítines y redes sociales, callaba de puertas hacia dentro y había mandado a la calle a trabajadores. Triple moral.

Fuentes de Compromís consultadas por El Debate apuntan que como el caso está «judicializado», el partido no tiene que hacer «más comentarios al respecto». «Por supuesto, respetamos el derecho de los trabajadores a hacer cualquier reclamación laboral que considere. Ante la reestructuración, ha habido trabajadores que no nos han demandado y otros sí. Y, evidentemente, cumpliremos escrupulosamente con la legislación sin perjuicio de que las partes puedan llegar antes a algún acuerdo», transmiten las fuentes.