Los vecinos del edificio incendiado en Valencia comienzan a rehacer poco a poco sus vidas

Más de una semana después del incendio que el pasado jueves se declaró en un edificio de 14 plantas del barrio valenciano de Campanar, los vecinos afectados ya están comenzando a retomar, aunque sea parcialmente y con el recuerdo del siniestro todavía muy reciente, sus vidas. Para intentar volver a una cierta normalidad, la agilidad que han adoptado las administraciones local y autonómica está siendo clave.

Así, tras varias noches alojados en un céntrico hotel de la ciudad como medida de urgencia, varios damnificados ya se encuentran viviendo en el edificio de titularidad pública que el Ayuntamiento ha puesto a su disposición en el barrio de Safranar, con pisos de dos y tres dormitorios. En concreto, tal como informa el Consistorio, 70 viviendas están con residentes en su interior. En total, son 131 personas adultas y 38 niños.

Con la solución habitacional resuelta, hay otros aspectos que están ayudando a los afectados a minimizar el hecho de poder ir saliendo de esta trágica situación. De este modo, según explica el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, las primeras transferencias ya se han ingresado en las cuentas bancarias de los perjudicados por el fuego para que puedan hacer frente a los gastos más urgentes. Éstas tienen un valor de entre 6.000 y 10.000 euros, en función de los miembros de cada unidad familiar.

Ayudas al alquiler y compra de vivienda

Destacando que este procedimiento se ha llevado a cabo «en tiempo récord» y con «eficiencia», el jefe del Consell valora positivamente que el Ejecutivo regional movilizara en un decreto el pasado lunes cerca de cuatro millones de euros para paliar el día a día de los afectados, repartidos en 1,38 millones para gastos de primera necesidad y otros 2,48 millones para ayudas al alquiler. Igualmente, subraya que para ser beneficiario de estas partidas basta con reunir la única condición de residentes con carácter habitual y permanente en la vivienda siniestrada por cualquier título jurídico válidamente admitido en Derecho en el momento de producirse el incendio.

Respecto al segundo montante, el destinado a una nueva residencia, Mazón explica que las ayudas al alquiler serán del mismo importe que tenga el precio del piso arrendado, con un límite de 1.000 euros mensuales. Esta cuantía, no obstante, se podrá incrementar a razón de 100 euros adicionales por cada una de las personas que, además del solicitante, vayan a residir en el piso en cuestión, siempre que tuvieran su residencia habitual en la finca incendiada en la fecha del suceso. Todo ello estará en vigor durante un año como máximo para los propietarios del complejo que ardió. Ese plazo será de tres meses de duración para los inquilinos.

En el caso de que los damnificados opten por adquirir una nueva vivienda en propiedad, Mazón recalca que la Generalitat Valenciana les eximirá del pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, reduciéndolo al 0 %. Tanto para dueños de inmuebles como arrendatarios, están disponibles otros servicios de tipo social, como atención psicológica, exención definitiva de las dos últimas anualidades del canon de saneamiento o la reubicación preferente en residencias y centros de día de las personas dependientes. En este sentido, los niños tendrán escolarización preferente si las familias cambian de residencia y todos los vecinos del edificio incendiado se beneficiarán de transporte público gratuito durante un año.

En este sentido, a pesar del esfuerzo en tiempo y forma del Ayuntamiento y el Consell para estar al lado de los vecinos, el mandatario autonómico ha instado a que «entre todos», el paquete de medidas se pueda complementar con otro tipo de ayudas: «Algunas seguro que de tipo fiscal», ha especificado. «De verdad, creo que estamos en el buen camino, al menos desde las administraciones, aunque algunos desgraciadamente ya no lo van a retomar y nosotros no nos vamos a olvidar», ha incidido.