El hermano de Ximo Puig cruzaba facturas entre sus empresas como treta para percibir más ayudas públicas

El informe de 446 elaborado por el Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil revela que Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, cruzaba facturas entre sus empresas para poder percibir más subvenciones públicas entre 2015 y 2018, durante la etapa de Gobierno del exsecretario general del PSPV.

En uno de los folios del documento al que ha tenido acceso El Debate, los investigadores de la Unidad Orgánica de Policía Judicial advierten cómo algunos de los contenidos audiovisuales facturados por el entramado societario de Francis Puig «coinciden con los servicios prestados» por dos de las empresas, Mas Mut Produccions y Comunicacions dels Ports.

«Dada la doble justificación de contenidos se desconoce cuál de las dos mercantiles es la que ha realizado los servicios y el motivo por el que las dos mercantiles justifican los gastos de cada una con los mismos contenidos, por lo que se estarían duplicando», alertan los agentes en las pesquisas remitidas al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia.

En otra de las carpetas analizadas con los archivos audiovisuales, los investigadores indican que, además de facturar dos veces el mismo trabajo duplicado, la treta del hermano del actual embajador de España ante la OCDE pasaba por cruzar facturas entre dos de sus empresas investigadas.

Fechas que no concuerdan

«Nuevamente tenemos el mismo caso de la factura anterior, los mismos contenidos cuya creación se adjudican a cada una de las dos mercantiles (Mas Mut Produccions y Comunicacions dels ports), facturando una a la otra por ellos», señala el informe, en el que también se avisa de que las fechas de muchos de los trabajos realizados no se correspondían con los de las fechas de facturación, entre otras irregularidades, como incongruencias entre el número de piezas audiovisuales declaradas y las aportadas.

Entre otros elementos que podrían suponer un caso de fraude a la hora de percibir ayudas públicas, los agentes de la Guardia Civil apuntan a la ausencia de contratos y facturas con algunas empresas para las que supuestamente se realizaron esas producciones audiovisuales. Asimismo, advierten de divergencias entre los conceptos facturados y el contenido real ofrecido.

Por ejemplo, facturando crónicas cuando en realidad se trataba de programas de televisión completos. También facturando contenido en vídeo como si fuese destinado a la radio. Además, se refieren a contenido en prensa que se ha facturado a una de las empresas del ámbito de Puig, pero que en realidad eran «para venta al público en general».

Hay múltiples casos de este tipo, que suman cantidades de varios miles de euros, a lo largo de los centenares de páginas del informe que el Equipo de Delitos Económicos ha enviado al juez dentro de la investigación surgida tras una querella del Partido Popular, que hace dos meses cifraba las ayudas concedidas durante el Gobierno de Puig a su hermano Francis en unos 400.000 euros.

Como ha venido publicando este periódico, eran muchas las estrategias de Francis Puig para tratar de beneficiarse de esas subvenciones públicas, tales como usar de tapadera el alquiler de la vivienda de su hermano Jorge presentándola como la sede de una empresa, recibir ayudas para el fomento de la lengua valenciana cuando en realidad producía contenidos en español o incluir entre los trabajos realizados el reportaje fotográfico de la boda del socio de su hermano Enrique Adell Bover, cuyas empresas Canal Maestrat SL, Nova CB y Kriol Produccions SL también están implicadas en esta trama.

Desde el PP califican el contenido de las informaciones publicadas estos días como «un escándalo», mientras que desde el PSPV lo definen como «una cacería» cuya causa tiene «visos de archivarse».