Placas Solares, imagen de archivo
El Gobierno valenciano impulsa una nueva ley para acelerar instalaciones renovables y reducir burocracia
La iniciativa, que busca simplificar trámites y crear zonas de aceleración renovable, se alinea con los esfuerzos de la Unión Europea para aumentar el compromiso con las energías renovables.
el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en una apuesta por agilizar el desarrollo de proyectos de energía renovable en el territorio, está preparando una nueva legislación que prevé presentar en las próximas semanas.
Esta iniciativa busca aplicar la Directiva Europea RED III, con el objetivo de simplificar trámites y crear zonas de aceleración renovable, según lo informado por representantes del sector energético y autoridades del Consell durante el III Congreso de Energías Renovables «Energy Revolution», organizado por Avaesen hace unas semanas.
La nueva normativa, en la que el presidente autonómico se ha implicado personalmente, tiene como objetivo principal reducir la burocracia y promover la instalación de infraestructuras de energía verde de manera más rápida y eficiente.
Entre las medidas propuestas se encuentra la simplificación de los procedimientos administrativos relacionados con las energías renovables, así como la designación de áreas especialmente adecuadas para la instalación de plantas de energía renovable, conocidas como zonas de aceleración renovable.
Simplificación burocrática
Estas zonas de aceleración renovable contarán con ventajas como el silencio administrativo positivo, lo que significa que la falta de respuesta por parte de la Administración implicará la aprobación automática de los proyectos, siempre y cuando no tengan efectos significativos sobre el medio ambiente. Además, los proyectos desarrollados en estas zonas no estarán sujetos a evaluaciones de impacto ambiental, lo que agilizará considerablemente los plazos de tramitación.
La ley también contempla la simplificación de los procedimientos de autorización, certificación y concesión de licencias para proyectos de energía renovable y almacenamiento, otorgándoles automáticamente el estatus de interés público superior. Esto se alinea con los esfuerzos de la Unión Europea para aumentar el compromiso de los Estados miembros con las energías renovables, elevando la cuota de energía del consumo final bruto procedente de fuentes renovables al 42,5% para 2030.
Compromiso personal de Mazón
Sin embargo, mientras se espera la presentación de esta nueva ley, algunas empresas del sector lamentan el retraso en la implementación de proyectos en la Comunidad Valenciana. Marcos Lacruz, presidente de Avaesen, destacó la importancia de acelerar estos procesos para atraer inversiones y generar empleo en la región.
En este sentido, Mazón ha expresado su compromiso de liderar el impulso de esta nueva legislación, enfocada en facilitar la tramitación y reducir la burocracia para el desarrollo de infraestructuras renovables.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón
La apuesta firme del Consell por la implementación de energías verdes en el territorio valenciano, contrasta con la falta de ambición del ejecutivo de su predecesor, Ximo Puig, que mantuvo paralizadas las políticas en materia de medio ambiente, debido a las desavenencias con sus socios de Compromís y Podemos.
500 empleos
Mientras tanto, en la pedanía El Fondó de Monóvar, (Alicante), se avanza con paso firme en la instalación de una planta fotovoltaica. Esta planta solar, recientemente autorizada por el Ministerio de Transición Ecológica, ocupará una extensión de 206,85 hectáreas y se espera que genere 500 empleos directos e indirectos. Además de contribuir al empleo, la planta proporcionará beneficios económicos al municipio, estimándose una aportación anual de 500.000 euros en impuestos municipales.
El proceso de aprobación de esta planta no estuvo exento de debate, ya que el Ayuntamiento de Monóvar presentó alegaciones para «proteger el entorno natural y mejorar las compensaciones para la comunidad». Estas consideraciones medioambientales se reflejan en la incorporación de modificaciones al proyecto inicial.
Con una capacidad de generación de 230 gigavatios-hora, la planta fotovoltaica proporcionará energía a aproximadamente 70.000 hogares, contribuyendo así a la reducción de emisiones de CO2. Además, se espera que impulse la inversión en educación y formación profesional en tecnología fotovoltaica, generando empleo estable en el sector.