Hablamos Español presenta enmiendas a la futura ley de Libertad Educativa de la Comunidad Valenciana

La proposición de ley de Libertad Educativa que presentaron en las Cortes Valencianas el Partido Popular y Vox semanas atrás sigue generando polémica. Si durante este tiempo los partidos de izquierdas con representación en el Hemiciclo regional vienen cargando contra el texto porque supone una enmienda a la política que llevó a cabo el tripartito del PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos, a las críticas se ha sumado Hablamos Español por considerar que la iniciativa «no permite la libertad de elección de las familias» porque «impone porcentajes de asignaturas en tres lenguas vehiculares».

En este sentido, las discrepancias han derivado en una serie de reproches por parte de la asociación. Concretamente, define los principios de la norma como «contrarios al respeto a la cooficialidad lingüística y a los derechos de los alumnos hispanohablantes y valencianohablantes a recibir la mejor enseñanza en su lengua materna».

Igualmente, el colectivo ha iniciado una campaña de recogida de firmas para que la ley que finalmente se apruebe incorpore determinados aspectos que, a su juicio, en la actualidad carece de ellos. Estos «mínimos» son «elegir, al menos, la lengua en la que se imparten las asignaturas troncales; que los niños de Primaria puedan realizar las pruebas evaluables en su lengua» y que la «rotulación de los centros de enseñanza respete la cooficialidad».

«Virus de la moqueta»

En este contexto, la asociación presidida por Gloria Lago se ha enzarzado con Vox por la defensa de la formación de Santiago Abascal de la ley impulsada junto al PP. Así, acusa a la formación que sustenta el Consell de escribir publicaciones en redes sociales y WhatsApp en las que «se suceden los bulos, la difamación y la manipulación sobre la asociación, sus propuestas, y sobre su presidente», unas prácticas de «mentiras y difamaciones que hace tiempo ni siquiera vemos en los sectores nacionalistas más radicales».

Este choque viene provocado por un mensaje en X, antes Twitter, del portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos, en el que ensalzaba que con el futuro texto sí habrá «libertad de elección» y que «gracias Vox vamos dando pasos por el buen camino». Además, se hacía eco de una foto de Hablamos Español para lanzarles un dardo por sus críticas: «Quien critica, ¿qué opción propone? Ninguna: solo Vox apoya. Y, ¿votarán al blando que pasa de ellos?», apuntaba el síndico.

Pero la tensión entre el colectivo y el bloque de centro-derecha va a más, ya que Hablamos Español no ha estado presente en la Comisión de Educación en las Cortes, un hecho que los afectados califican de «veto» por ser «la entidad con más presencia social, con más trabajo en defensa de los derechos lingüísticos y a la que acuden más familias afectadas en busca de ayuda».

«Mañana devolveré los billetes. Me queda una gran pena por no poder arrancarles algún compromiso de mejora de la ley en la Comisión, pero tenemos una clase política que es una desgracia. Solo piensan en sus propios intereses. En cuanto la pisan les entra el virus de la moqueta», ha escrito Lago. Aún con todo, la asociación sí ha presentado una serie de enmiendas donde recoge «aspectos pedagógicos, legales y de derechos lingüísticos» elaborados por el equipo de «docentes, pedagogos, juristas y expertos en derechos lingüísticos» con el que cuenta Hablamos Español.

En concreto, propone la elección de lengua vehicular de las asignaturas troncales, la utilización de la lengua materna en la realización de pruebas evaluables, el requisito del mismo nivel de conocimiento del castellano que de valenciano, el reconocimiento del nivel de lenguas oficiales del alumnado mediante titulación, que la utilización de material didáctico en una lengua oficial no se pueda penalizar y que la rotulación y todo tipo de documentación esté en ambas lenguas.

Precisamente, en la citada Comisión la norma ha generado división entre las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA). Mientras la Gonzalo Anaya y el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l' Ensenyament del País Valencià (STEPV) han rechazado la ley por una supuesta discriminación del Ejecutivo autonómico, el Colegio de Pedagogos y las asociaciones de padres COVAPA y CONCAPA han reivindicado la libre elección de lengua por parte de las familias, definiéndola como «valiente», «imprescindible» y que no llevará a «ningún prejuicio».