Vox acusa a la Fiscalía de lawfare por la investigación por racismo a una concejal de Valencia

La actual legislatura en el Ayuntamiento de Valencia no está siendo especialmente tranquila, una situación que va a más desde que a mediados del pasado mes de octubre la alcaldesa levantina, María José Catalá, integrase a Vox en su Ejecutivo municipal y pasara así de gobernar en minoría a hacerlo en coalición. Esa circunstancia la lleva aprovechando la izquierda hasta la fecha para ahondar en su relato de la «ultraderecha» y otras calificaciones adyacentes que suelen utilizar.

La última polémica al respecto ha sido a raíz de la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía de Delitos de Odio y Contra la Discriminación contra la concejal de Vox Cecilia Herrero por la publicación de unos tuits supuestamente «racistas» y «xenófobos» dirigidos al exdiputado de la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye. Ante la decisión del Ministerio Público, la propia edil se defiende asegurando que en sus mensajes «no hay nada delictivo».

De hecho, va más allá y se pregunta irónicamente «de quién depende la Fiscalía», citando la ya célebre frase que le espetó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a un periodista en la campaña de las elecciones generales de noviembre de 2019 para garantizarle que iba a poner todos los medios para traer a España detenido al todavía fugado Carles Puigdemont. Además, Herrero contrapone el revuelo mediático y político causado por sus tuits con un acuerdo en el Pleno aprobado por el PSPV-PSOE y Compromís hace seis años a favor de un boicot a Israel y que tuvo que ser anulado por la Justicia por ser, en palabras de la también regidora de Emprendimiento, «antisemita».

«Todo el apoyo»

Este argumento también lo recoge el segundo teniente de alcalde, Juanma Badenas, que recuerda aquel episodio por tratarse, a su juicio, de «la única condena por racismo respecto al Ayuntamiento de Valencia», incidiendo en que se sacaron adelante medidas «antisemitas» que tuvieron que ser invalidadas por los tribunales

Al igual que su compañera de gabinete y de grupo parlamentario, el número tres del Consistorio sostiene que «no hay ningún tipo de racismo» en las manifestaciones de Herrero, por lo que afirma que la edil está sufriendo un «grandísimo caso de lawfare», ya que cree que se está procediendo a la «utilización de los instrumentos del Derecho y las instituciones jurídicas y judiciales» para arremeter «contra los adversarios políticos».

En este caso, Badenas señala directamente a la «Fiscalía General del Estado», a cuyo frente está el cuestionado Álvaro García Ortiz. Del mismo modo, remarca que el artículo 510 del Código Penal, que es el que regula conjuntamente y amplía el ámbito de los delitos de provocación a la discriminación, al odio y a la violencia, así como la justificación del genocidio, tiene un carácter «ideológico» y subraya que fue incluido como ilícito «para limitar la libertad de expresión y al mismo tiempo poder ser utilizado a través de la Fiscalía General del Estado contra el adversario político».

Respecto al futuro de Herrero tanto como miembro del gabinete de Catalá como en su condición de concejal electa y las peticiones de la oposición de dimisión o de cese por parte de la alcaldesa, el segundo teniente de alcalde no duda a la hora de indicar que «cuenta con todo el apoyo del partido, del Gobierno municipal, de todo el grupo municipal» y con el suyo propio. «Son comentarios que tienen que ver con situaciones aberrantes en muchos casos o violentas, pero por supuesto que nada de racismo», hace hincapié Badenas.

Reacciones de los partidos

En concreto, las reacciones de los diferentes partidos son diferentes. En el Partido Popular, Catalá expresa su «máximo respeto a la actividad del fiscal y a los tiempos que marcan estos procedimientos», aboga por «esperar a los tiempos» del Ministerio Público y marca distancias porque PP y Vox son «diferentes» y no tienen «por qué compartir métodos, prácticas ni formas de ver la política». Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, insiste en el respeto: «Yo, habitualmente, cuando se inicia algún proceso o hay en marcha algún proceso judicial, acostumbro a guardar respeto y a guardar silencio y a respetar los procesos que la Justicia pueda tener».

En cuanto a la oposición, la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Papi Robles, ha exigido a la alcaldesa el cese «inmediato» de Herrero por sus mensajes «abiertamente racistas» y cree que es «muy peligroso que concejalas del Ayuntamiento de Valencia hagan afirmaciones que inciten al odio, porque eso después genera agresiones en la calle que estamos viendo que están aumentando últimamente».

Finalmente, el edil socialista Borja Sanjuán ha seguido la línea de pedir la destitución «inmediatamente». «Es absolutamente vergonzoso que Valencia tenga en su Gobierno a una persona racista y orgullosa de serlo por culpa de la debilidad de María José Catalá, que tiene miedo a perder cuatro votos de la extrema derecha», dice el que será en cuestión de días portavoz del PSPV-PSOE en el Consistorio de la capital del Turia.