Mazón elimina el paso a nivel más peligroso del metro mientras Puente se niega a hacerlo en Alfafar
El ministro de Transportes no acomete obra alguna en el conocido como «paso de la muerte» en la localidad valenciana ni en las vías de Serrería en la capital regional, pero sí avanza en soterramientos en ciudades como Barcelona o Bilbao
Desde este 5 de junio, los vecinos de la localidad valenciana de Almácera viven un poco más seguros, al menos los que pasaban por el ya eliminado paso a nivel situado en la avenida Antiguo Reino de Valencia. Esta intersección es historia del municipio, ya que la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat, dependiente del Ejecutivo autonómico, lo ha retirado, pero también lo es porque se trataba del mayor punto negro en el trazado perteneciente a la red de Metrovalencia.
Las obras, con un coste de cuatro millones de euros, se han terminado con el traslado del cruce a una distancia de 25 metros, con tráfico rodado y peatonal, así como nuevas señalizaciones y dimensiones. Pero la decisión de actuar sobre esta zona se tomó a raíz de las conclusiones plasmadas en el informe Estudio de evaluación de riesgos de pasos a nivel y entre andenes, que data de 2016 y en el que se estableció que del trazado del metro levantino cabía actuar sobre 34 pasos a nivel. Entre estos, había dos cuyas remodelaciones se definieron como de «muy alta prioridad».
Uno era el de Paiporta, sobre el que ya se hicieron obras y el otro era el de Almácera, que contaba con una peligrosidad añadida, como era que se encontraba a escasos metros de un colegio, un factor de riesgo más que notable cuando se habla de infraestructuras e intersecciones de este tipo.
«Paso de la muerte»
Este paso dado refuerza la seguridad tanto de vecinos como de los miles de pasajeros que cada día transitaban por dicho cruce. Sin embargo, no es la única carencia que la Comunidad tiene pendiente de solventar en el ámbito ferroviario. Por abarcar únicamente la provincia de Valencia, existen dos actuaciones que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de la ciudad del Turia llevan reclamándole celeridad al Ministerio por ser competencias suyas y que, en cambio, todavía no han obtenido una respuesta satisfactoria.
Uno de ellos es el que afecta al municipio de Alafar y al tristemente conocido como el «paso de la muerte», puesto que en él han perdido la vida casi un centenar de personas. Las peticiones por parte del Consistorio, liderado por el 'popular' Juan Ramón Adsuara, son tan innumerables como desesperadas, pero el Gobierno central no tiene intención de acometer obra alguna allí.
El motivo que alega el titular de Transportes, Óscar Puente, es que estas actuaciones tardarían en finalizar «15 años como mínimo», ante lo que propone la construcción de un túnel muy parecido al que ya hizo en Valladolid cuando era el alcalde. Esta postura la rechazan de plano tanto el regidor de Alfafar como el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por considerarlo un «parche» ante una necesidad imperiosa como es la del soterramiento.
Pero otra reivindicación dirigida al ministro y que se alarga en el tiempo sin que se vislumbre solución a corto plazo también tiene como protagonista a un soterramiento, en este caso el de las vías de Serrería en Valencia capital. Al respecto, el equipo de gobierno que encabeza María José Catalá ha propuesto que el Ayuntamiento adelante diez millones de euros de los 150 o 200 totales para que las obras puedan iniciarse.
No obstante, esa opción no ha contado con el respaldo de Puente y su equipo, un hecho que tiene indignada a la regidora 'popular' porque, a su juicio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez le niega a Valencia unos servicios y unas políticas que sí lleva a cabo donde no gobiernan los de Alberto Núñez Feijóo. Así, la regidora asegura que el Ministerio está avanzando en otros territorios en proyectos similares a los de Alfafar o la capital autonómica.
En concreto, Catalá detalla que en el área metropolitana de Barcelona el importe en soterramientos asciende a 1.600 millones de euros; en barrios de la ciudad condal la suma es de 300 millones y en un barrio de Bilbao es de otros 90. «Todo son excusas», resume la alcaldesa.