Carlos Cuesta y Gloria Lago

La presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago, en una imagen de archivoMiguel Pérez Sánchez

Hablamos Español fuerza a un Ayuntamiento valenciano a entregar su documentación en castellano

  • El Consistorio, gobernado por el PP, accedió a enviar en papel un justificante de domiciliación a un vecino asesorado por el equipo jurídico de la entidad presidida por Gloria Lago

  • Fuentes municipales aseguran que ya están actualizando su sistema informático para que los escritos oficiales se ofrezcan en ambas lenguas

La asociación Hablamos Español, que defiende los derechos lingüísticos de los hispanohablantes y lucha contra el adoctrinamiento nacionalista, ha ganado otra pequeña batalla. La asociación presidida por Gloria Lago ha conseguido que el Ayuntamiento de la localidad valenciana de Algemesí, gobernada por el Partido Popular, entregue a un ciudadano una documentación en español.

El vecino de la localidad había pedido al Consistorio liderado por José Javier Sanchis un justificante de domiciliación, que le fue entregado sólo en valenciano. El hombre reclamó que esa documentación le fuese remitida en español, pero una funcionaria municipal le comunicó que no podía: «Buenos días. Lamento comunicarle que es justificante genérico y no disponemos en castellano, si tiene cualquier duda que se pongan en contacto con nosotros».

El algemesinense lo que hizo fue contactar con Hablamos Español, que preparó un escrito a través de su equipo jurídico para que el vecino pudiera solicitar formalmente que se comunicaran con él en castellano. Desde el Ayuntamiento accedieron, entregándole la documentación en español, pero en papel, ya que, según argumentaron, el sistema informático de Ayuntamiento no permite utilizar el español.

«Le dijeron que era imposible dárselo de otra manera. La web sí tiene opción de español, pero hay campañas, carteles y contenido que se ve que solo editan en valenciano», explica a El Debate Lago, quien adjunta una carta remitida al regidor del municipio valenciano en la que le pide que adapten el sistema informático para cumplir con la cooficialidad y «que ningún ciudadano sea discriminado por lengua».

«Solicito que se tomen las medidas oportunas para poner fin a la situación de discriminación por razón de lengua en el Ayuntamiento de Algemesí, que no sólo se ciñe a sus comunicaciones digitales, como certificados y documentación, sino que se extiende a otros ámbitos, tal como es fácilmente comprobable visitando el contenido a su página web», reza el escrito enviado por Lago a Sanchis.

Fuentes del Ayuntamiento de Algemesí explican a este diario que la actual Corporación tan solo lleva un año en el Gobierno –tras ocho en los que la Alcaldía la ostentaba el PSPV– y ya se está implementando el castellano para que los programas informáticos y este tipo de comunicaciones del Ayuntamiento lleguen en los dos idiomas a los ciudadanos.

«En el canal de WhatsApp, por ejemplo, las comunicaciones son todas en castellano y valenciano. Es la línea que se está implementado. También se está trabajando en los formularios del Ayuntamiento», añaden las citadas fuentes, que precisan que «en los últimos ocho años, todo el tema de comunicaciones ha sido en valenciano», pero que a partir de ahora «será todo en bilingüe, para que nadie pueda no entender lo que se ponga».

Un documento para pedir cooficialidad

Hablamos Español ha conseguido en los últimos tiempos que distintos ayuntamientos de la Comunidad Valenciana se vean obligados a cambiar sus políticas y protejan el uso del español. Por ejemplo, en marzo, lograron que el Consistorio de La Romana, en Alicante, encargara placas de vado permanente en castellano, después de que un vecino de la localidad solicitase una para su garaje y el Ayuntamiento le dijese que solamente disponían de esa señalización en valenciano.

La asociación dispone de un escrito tipo de solicitud de cooficialidad basándose en legislación estatal, autonómica, doctrina del Constitucional, sentencias del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia que se puede presentar antes las diferentes instituciones para que se dirijan a los ciudadanos también en español o para exigir que rotulen en la lengua común las dependencias oficiales, entre otros.

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