El arzobispo de Valencia denuncia que la expulsión de inmigrantes «no puede plantearse como única solución»
«No se puede impedir el deseo legítimo de buscar condiciones de vida digna cuando no lo pueden conseguir en su tierra», asegura monseñor Benavent
El arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, ha señalado que «los estados tienen el derecho de regular los fenómenos migratorios, pero cuando tenemos ante nosotros una persona necesitada no podemos plantear como única solución para acabar con el problema una expulsión que puede llevar a condiciones de vida de mayor indignidad».
Así lo ha recalcado el prelado, en un comunicado distribuido por el propio Arzobispado, ante la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado que se celebra este domingo.
«Las relaciones entre los estados no pueden limitarse a prohibir los fenómenos migratorios. No se puede impedir el deseo legítimo de buscar condiciones de vida dignas cuando no lo pueden conseguir en su tierra. Si se dieran condiciones de justicia y de libertad en todos los países, este hecho no sería un motivo de conflicto social, seguramente lo viviríamos de otro modo», argumenta.
«Mirada creyente y actitud cristiana»
«Cuando conocemos a las personas los prejuicios se desvanecen y los muros caen. El fenómeno de la inmigración, que provoca cierta alarma en algunos sectores de la sociedad, forma parte de la vida cotidiana en nuestros pueblos y ciudades», añade el arzobispo, que expone que es bueno que los cristianos tengan «una mirada creyente y una actitud cristiana». «Muchos migrantes experimentan a Dios como compañero de viaje, seamos buenos samaritanos en su camino», ha animado.
Por su parte, el director del Hogar, Pablo Mascar, ha asegurado que la capital regional «se abre y se acerca mucho a nuestra realidad». El Centro de Menores de Cáritas Valencia bajo tutela de la Generalitat Valenciana, realiza su acción con menores entre 12 y 18 años, «chicos y chicas que salen de sus países para poder tener una mejor vida, unos huyendo de la pobreza, otros de los conflictos bélicos».
«Hay que pensar que con su edad han venido solos a nuestro país, huyendo de situaciones conflictivas graves, en el caso de las chicas, de matrimonios forzados o incluso de trata. Son experiencias duras. Me sigue sorprendiendo que muchos de estos chiquillos que vienen de una situación muy grave, se sienten mal por estar aquí, con sus necesidades cubiertas. Se sienten mal porque sus familias siguen sufriendo necesidades, problemas, hambre y penurias», ha aseverado.
«País integrador»
Con los datos sobre la mesa, desde 2009 la Iglesia valenciana está presente en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia (CIE) en Zapadores. El sacerdote y canónigo Vicente Pons, ha destacado «la incertidumbre que viven por no tener documentos».
«La mayoría son jóvenes que ven en su expulsión un fracaso, después de un fuerte gasto de sus familias para poder venir aquí. Otros, como en el caso de algunos países de Hispanoamérica, su vida peligra si regresan. No es fácil conseguir asilo salvo para los que vienen de países en guerra. Los que han cometido algún delito menor están bajo tensión de no saber si se les va a expulsar, o si salen en libertad, seguirán siendo ilegales. Cada uno de los internos presenta una historia de marginación por parte de la sociedad europea que vivimos, en las que estamos llamados a ayudar», ha relatado.
En la misma línea, el delegado de Migraciones, Olbier Hernández, ha instado a «no tener miedo» y subraya que España «siempre ha sido un país integrador y tiene que seguir siéndolo por su propia identidad». «Invitaría a la gente a que se acercara a las personas migrantes, les conociera. Detrás de cada persona hay un drama y unas esperanzas, como cualquiera de nosotros», ha apostillado.
Hernández ha señalado que «desde las instituciones eclesiales se está acogiendo y ayudando a miles de migrantes que llegan a Valencia». Un trabajo que se intensifica por épocas, como ocurrió con la llegada del Aquarius o con las crisis de Siria, Iraq, Afganistán o más recientemente Ucrania. Se les ofrece la ayuda que va desde asesoramiento legal, búsqueda de trabajo o facilitar los servicios básicos como la alimentación, ha concluido