Los hosteleros de Alicante, en pie de guerra por las restricciones de horarios y terrazas

El Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el 'popular' Luis Barcala, ha decidido seguir adelante con la implementación de las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) en el Centro Tradicional y el Casco Antiguo, a pesar de la creciente oposición de las principales asociaciones del sector hostelero. Estas medidas incluyen restricciones en los horarios de actividad, la suspensión de nuevas licencias y la reducción de superficie de terrazas, afectando principalmente a los locales de ocio y restauración. Los empresarios del sector, agrupados en asociaciones como Apeha, Ara y Alroa, han manifestado su rechazo frontal, al considerar que las medidas afectan gravemente a la viabilidad de sus negocios.

El vicealcalde y concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha defendido que la aplicación de estas medidas responde a una sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento a declarar estas zonas de especial control acústico. En la última comparecencia tras la Junta Local, Villar señaló que aún se están esperando informes de los departamentos municipales de Turismo, Comercio y Hostelería para determinar el impacto de las ZAS y que, aunque las restricciones no se implementarán «de un día para otro», tampoco habrá marcha atrás. Villar ha insistido en que el equipo de Gobierno está dispuesto a dialogar con los empresarios, pero sin modificar la propuesta inicial.

A pesar de las palabras del vicealcalde, los hosteleros han expresado una profunda insatisfacción con el proceso. Javier Galdeano, presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa), ha mantenido una conversación con El Debate, donde manifiesta su preocupación por «la falta de diálogo y la imposición unilateral» de las medidas por parte del Ayuntamiento. Según Galdeano, las reuniones mantenidas hasta el momento han sido infructuosas, ya que el Gobierno local ha rechazado las propuestas del sector, como la instalación de toldos acústicos, argumentando que implicarían modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana, algo que el Ayuntamiento no está dispuesto a hacer.

En sus declaraciones, Galdeano es contundente al afirmar que «no existen argumentos técnicos ni jurídicos sólidos que justifiquen la implementación de las ZAS tal y como están planteadas». Además, subraya que las restricciones afectarán a más de 2.000 familias que dependen de la hostelería en Alicante. «Nos sentimos indefensos», declara Galdeano, criticando que el alcalde de la ciudad no haya considerado el impacto económico de las ZAS, ni haya aceptado realizar un informe sobre las posibles consecuencias para el sector.

El presidente de Alroa también hace hincapié en que la hostelería no es la única fuente de ruido en la ciudad y que, a menudo, se criminaliza injustamente a los locales de ocio y restauración como responsables únicos de las molestias vecinales. «Nosotros contribuimos a la creación de empleo y hemos ayudado a recuperar zonas marginales de la ciudad gracias a nuestras inversiones», señala Galdeano, refiriéndose a áreas del centro de Alicante que han visto un repunte económico debido a la actividad de bares y restaurantes.

Movilizaciones y tensión en aumento

El conflicto entre el sector hostelero y el Ayuntamiento ha escalado en las últimas semanas. Este jueves, más de 300 empresarios y trabajadores del sector del ocio y la restauración se concentraron frente al Ayuntamiento durante la celebración del pleno municipal, en protesta por las limitaciones de horarios y la extensión de terrazas. Según Alroa, la manifestación fue totalmente pacífica, aunque criticaron la presencia de un dispositivo de seguridad que incluyó unidades antidisturbios, lo que interpretaron como un gesto desproporcionado y una falta de respeto hacia un sector que genera miles de empleos en la ciudad.

Asimismo, ha aprovechado la ocasión para recordar que, en su opinión, si hubiese un mayor control policial en las zonas de ocio durante los cierres, se podrían evitar muchas de las quejas por ruidos. Sin embargo, denuncia que el Ayuntamiento se ha negado a reforzar la seguridad en esas áreas, lo que agrava el problema.

Por otro lado, las asociaciones del sector insisten en la necesidad de establecer una mesa de negociación con el Ayuntamiento, donde se puedan abordar las medidas necesarias para garantizar la convivencia entre los vecinos y los locales de ocio, sin que esto implique asfixiar económicamente a los negocios. Hasta ahora, los intentos de diálogo han sido infructuosos y los empresarios del ocio se sienten excluidos de las decisiones que les afectan directamente.

El Ayuntamiento defiende su posición

Desde el Ayuntamiento, tanto Manuel Villar como la concejal de Turismo, Ana Poquet, han mantenido una postura firme, reiterando que las ZAS son «una medida necesaria» para cumplir con las normativas acústicas y garantizar el bienestar de los vecinos. Poquet, además, ha asegurado que la relación del Gobierno local con los hosteleros «sigue siendo buena» y que, a pesar de las tensiones, algunas acciones promocionales conjuntas seguirán adelante. «Seguiremos promocionando la ciudad», señala Poquet, restando importancia a las recientes desavenencias.

Sin embargo, las movilizaciones previstas para las próximas semanas indican que el conflicto está lejos de solucionarse. Mientras tanto, el equipo de Gobierno municipal insiste en que «no habrá marcha atrás» en la aplicación de las ZAS, aunque aún queda por ver cómo se desarrollará la situación en los tribunales, dado que los empresarios ya han anunciado su intención de recurrir las medidas.