El Gobierno sí envió un presupuesto a la Generalitat para cobrarle por estudiar los lodos de la DANA

Tres semanas después de que una DANA arrasase varios municipios de la provincia de Valencia, las calles anegadas con lodo donde decenas de vecinos todavía continúan quitando muebles y escombros es una de las imágenes imborrables de la memoria colectiva que dejó el temporal. De hecho, dicho barro sigue siendo uno de los aspectos que más preocupan porque su estancamiento y acumulación pueden derivar en serios problemas de salud pública.

Por ello mismo, retirarlo se ha convertido en una de las principales tareas a llevar cabo. De este modo, el Ejecutivo autonómico está notablemente molesto con el Gobierno de España a cuenta de un estudio sobre el impacto de los lodos en determinadas zonas afectadas, como son la Albufera de Valencia o el ya trágico barranco del Poyo.

Según ha podido comprobar El Debate a través de un documento oficial al que ha tenido acceso, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dirigido por la también secretaria del PSPV-PSOE, Diana Morant, pretendió que la administración regional le abonase 320.000 euros más el correspondiente IVA para analizar el impacto ambiental de los barros en estos lugares.

Aparece el término «presupuesto»

Tal como informó el lunes este medio de comunicación, la versión oficial del CSIC es que no se trataba de un presupuesto como tal, sino de una estimación de costes y que la entidad no ha condicionado sus trabajos a un pago. No obstante, en el documento el término «presupuesto» aparece en dos ocasiones. Ante el revuelo, el organismo dependiente del Ministerio ha asegurado que asumirá el coste de los servicios a realizar.

Así consta en el documento con los membretes del Ministerio y del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) titulado «Propuesta de Investigación CSIC» y que tiene como objeto el «impacto de los vertidos Post-DANA en la Rambla del Poyo y su huella en la Albufera». En su interior, se reconoce que los vertidos previstos «tienen implicaciones importantes que deben ser cuidadosamente consideradas» porque la rambla del Poyo «actúa como un sistema de transporte hacia uno de los ecosistemas más valiosos y sensibles de la región: el Parque Natural de la Albufera», que más adelante define como «un ecosistema de alta sensibilidad ambiental».

«La Albufera desempeña un papel crucial en la regulación hídrica y como hábitat para numerosas especies de aves migratorias y endémicas. Por tanto, cualquier alteración en la calidad del agua tiene un impacto directo no solo en la biodiversidad local, sino también en los servicios ecosistémicos que el parque natural proporciona a las comunidades circundantes», prosigue el escrito. En base a ello, el CSIC insta al «análisis de los parámetros microbiológicos» porque es «particularmente relevante, ya que permitirá evaluar la presencia de bacterias resistentes a antimicrobianos (ARB) y genes de resistencia (ARG), un problema emergente de interés global que podría agravarse en entornos acuáticos contaminados».

«El costo puede incrementarse»

En cuanto al objeto de estudio, se detalla que «se necesita realizar una sectorización de las zonas incluidas en el estudio (Rambla del Poyo y la Albufera), y posteriormente realizar una evaluación de parámetros microbiológicos y fisicoquímicos en los fangos que serán vertidos a la Rambla del Poyo y de las condiciones de la Albufera». En concreto, el trabajo incluye la «sectorización de la zona de muestreo», una «monitorización de parámetros de rutina para detectar vertidos peligrosos», así como «análisis de muestras de especial interés por posible presencia de altos niveles de contaminación en base a los análisis rutinarios».

La importancia del estudio se resalta una vez más en el documento: «Ofrecerá información clave para el desarrollo de estrategias de mitigación y adaptación. Los resultados contribuirán al diseño de políticas públicas más robustas, garantizando una gestión sostenible y conforme con los principios del enfoque de Una Sola Salud (One Health), que integra la salud humana, animal y ambiental. En resumen, la investigación propuesta aborda un problema crítico derivado de eventos extremos como la DANA, alineándose con los objetivos de sostenibilidad y protección ambiental de la Comunidad Valenciana y la Unión Europea», explica el CSIC.

No es hasta la última de las siete páginas cuando se presupuesta en 320.000 euros «impuestos no incluidos» el coste por investigar el impacto del fango en estos dos enclaves sobre las primeras «mil muestras», avisando de que si se necesitara ampliar este número «el costo puede incrementarse proporcionalmente». Este hecho es el que ha provocado la denuncia del Consell, un enfado que fuentes de la Generalitat consultadas por este periódico no ocultan:

«El Gobierno dijo que si la Generalitat necesita más ayuda que la pida. Pues bien, ahora resulta que esa ayuda tiene un precio», lamentan, al tiempo que califican querer cobrar como «un insulto para los valencianos que Sánchez exija cobrar antes para ayudarnos en esta importante tarea de análisis de los lodos que ha traído la riada». En esta línea, critican que esa sea «la cooperación con la Generalitat de la que tanto habla Sánchez». «Una cooperación curiosa y previo pago de su importe. La ayuda de Sánchez tiene un precio», concluyen, parafraseando al presidente del Gobierno: «Hemos pasado del 'si quieren ayuda que la pidan' al 'si quieren ayuda que la paguen'».