La exconcejal encausada, Mari Carmen de Lamo
Juzgan a una exconcejal de Podemos de un pueblo de Alicante por favorecer urbanísticamente a su suegro
La Fiscalía pide tres años y medio de cárcel para Mari Carmen de Lamo por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas e infidelidad en la custodia de documentos
La Audiencia Provincial de Alicante ha iniciado este martes el juicio contra Mari Carmen de Lamo, exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento alicantino de El Campello, acusada de favorecer los intereses urbanísticos de su suegro durante la tramitación del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) en 2016. De Lamo, que lideraba la marca local de Podemos en aquel entonces, se enfrenta a una petición de tres años y medio de prisión y 21 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas e infidelidad en la custodia de documentos.
La Fiscalía sostiene que la exedil manipuló las alegaciones municipales al Pativel para desclasificar una finca del suegro que, según el plan inicial de la Generalitat Valenciana, debía ser catalogada como suelo no urbanizable protegido. La parcela, situada en el entorno del río Seco, habría quedado protegida por sus valores ambientales y paisajísticos, de no ser por las supuestas maniobras de la acusada.
El caso comenzó con una denuncia presentada en 2019 por Pedro Mario Pardo, concejal de Izquierda Unida en El Campello, ante la Fiscalía Anticorrupción. Aunque la causa fue archivada en un primer momento, la Audiencia Provincial de Alicante ordenó su reapertura al encontrar indicios de delito.
En su denuncia, Pardo señalaba que De Lamo había utilizado su posición para sustituir un informe técnico que recomendaba mantener la protección ambiental de la finca por otro favorable a la desclasificación urbanística. Este cambio, según la acusación, habría sido instrumental para evitar las limitaciones impuestas por el Pativel y permitir un potencial desarrollo urbanístico de la parcela.
Además, el Ministerio Público apunta que, días antes de que el concejal de EU accediera al expediente, De Lamo y una técnico eliminaron documentos clave del sistema informático del Ayuntamiento. La documentación modificada incluía una propuesta de alegaciones suscrita inicialmente por la propia concejal.
Manipulación de informes
Según la acusación pública, en noviembre de 2016, un primer informe técnico municipal respaldaba los objetivos del Pativel y defendía la protección del área del río Seco. Sin embargo, tras una instrucción emitida por el entonces alcalde Benjamí Soler, de Compromís, la competencia del expediente fue transferida a otro técnico que firmó un informe contrario, abogando por desclasificar la finca del suegro de De Lamo.
La Fiscalía detalla que el 5 de enero de 2017, el nuevo informe favorable a los intereses familiares de la concejal fue incluido en una propuesta de acuerdo que ella misma impulsó, según publica Información. A pesar de su implicación directa, De Lamo no se abstuvo del proceso, contraviniendo su obligación legal. Asimismo, denuncia que, en febrero de 2019, poco antes de que Pedro Pardo accediera al expediente, los acusados cambiaron el nombre de un documento clave a «anulado» y lo movieron a la papelera digital. Este hecho, señala la acusación, evidencia una intención deliberada de ocultar pruebas.
El juicio y los testigos
El juicio se prevé que dure varios días. Entre los testigos citados a declarar este miércoles, según confirman fuentes municipales a El Debate, se encuentra el actual alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, del Partido Popular. Además de Mari Carmen de Lamo, está procesada Carolina López, técnico del Consistorio, acusada de infidelidad en la custodia de documentos. La Fiscalía solicita una pena de un año y nueve meses de cárcel.
De Lamo, que abandonó la política tras este caso, ha negado en múltiples ocasiones las acusaciones. En su defensa, ha sostenido que las decisiones fueron responsabilidad del entonces alcalde y que ella no participó en ninguna irregularidad. Por su parte, desde Podemos han respaldado a la exedil, calificando las denuncias de EU como una campaña sin fundamento. Sin embargo, la reapertura de la causa por parte de la Audiencia Provincial y la inclusión de nuevos indicios ha intensificado la polémica.