La propuesta de Page para el Tajo-Segura amenaza la agricultura de Alicante

La enmienda aprobada en el reciente Congreso Federal del PSOE, impulsada por la federación de Castilla-La Mancha, liderada por Emiliano García-Page, ha encendido las alarmas en la Comunidad Valenciana. La medida propone limitar el trasvase Tajo-Segura exclusivamente al abastecimiento humano y al riego en casos excepcionales de sequía, relegando al regadío a depender del agua desalada. Esta decisión, que cuenta con el apoyo del Gobierno central, ha sido duramente criticada por la Generalitat Valenciana y el sector agrícola de Alicante, que ven en ella una «condena» para la agricultura local.

El consejero de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat, Miguel Barrachina, no ha ahorrado críticas. «El Gobierno de España prefiere contentar y mantener callado a Page que garantizar la supervivencia del campo en la provincia de Alicante», ha afirmado, subrayando que la propuesta carece de rigor técnico y obedece únicamente a criterios políticos. Según Barrachina, esta decisión pondría en peligro no solo la economía agrícola de la provincia, sino también su equilibrio medioambiental y social.

El trasvase Tajo-Segura es una infraestructura vital para el sureste español. En la provincia de Alicante, asegura el abastecimiento de agua para más de 30 municipios y el riego de unas 60.000 hectáreas de cultivos. Sin este recurso, la actividad agrícola quedaría gravemente comprometida. Según cifras de la Generalitat Valenciana, la eliminación del trasvase supondría la destrucción de 22.000 empleos y la tala de 10 millones de árboles, dejando a la región al borde de la desertificación.

«Sin agua para regar, estamos condenados a convertirnos en el desierto de Europa», ha alertado Barrachina. El consejero también ha señalado que el trasvase no solo es esencial para el regadío, sino que contribuye significativamente al modelo de desarrollo que caracteriza a la Vega Baja y otras áreas agrícolas alicantinas. La sustitución del agua trasvasada por agua desalada, como propone la enmienda, agravaría aún más la situación.

Desalación: una alternativa «inviable»

La Generalitat Valenciana y los regantes han expresado su rechazo frontal a la desalación como sustituto del trasvase. Barrachina ha explicado que el agua desalada presenta múltiples inconvenientes. Por un lado, su calidad no se adecúa a las necesidades de los cultivos locales, lo que compromete la productividad agrícola. Por otro, su coste es desorbitado: multiplica entre tres y cuatro veces el precio actual del agua trasvasada, algo que los agricultores no pueden asumir. Además, el impacto ambiental del proceso de desalación, debido a su elevado consumo energético, añade un problema más al ya complejo panorama.

«Las desaladoras son complementarias, no sustitutivas del agua dulce que viene a través del trasvase», ha afirmado el consejero. El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) ha respaldado estas declaraciones, advirtiendo que la dependencia exclusiva del agua desalada pone en riesgo la sostenibilidad económica y ecológica de la agricultura en el sureste español.

Decisión en bonanza hídrica

La propuesta de Castilla-La Mancha se produce en un momento de bonanza hídrica excepcional en los embalses del Tajo, que acumulan más de 1.100 hectómetros cúbicos, una de las cifras más altas de su historia. A pesar de ello, la enmienda aprobada en el Congreso del PSOE prioriza el aumento de los caudales ecológicos y reduce drásticamente los volúmenes trasvasables. Este enfoque, según los regantes, responde más a intereses políticos que a una necesidad técnica o medioambiental.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha defendido la medida argumentando que «nuestros ríos tienen que tener más cantidad de agua y más calidad de agua, y para eso tienen que reducirse los trasvases, quedarse exclusivamente para el consumo humano, para abastecer en momentos de sequía». En su opinión, el agua desalada es suficiente para satisfacer las necesidades agrícolas, una afirmación que ha sido duramente cuestionada por los sectores afectados en Alicante, Murcia y Almería.

Acciones judiciales y políticas

Ante la gravedad de la situación, la Generalitat Valenciana ha anunciado que luchará por el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura tanto en el ámbito político como en el judicial. Barrachina ha lamentado que «de nuevo los criterios políticos se anteponen a los criterios técnicos» y defiende la necesidad de desarrollar nuevas infraestructuras hidráulicas que permitan aprovechar las lluvias torrenciales, cada vez más frecuentes, para garantizar el suministro de agua en épocas de sequía.

Además, organizaciones como Asaja Alicante y el SCRATS han unido fuerzas con el Gobierno valenciano y cuestionan el «silencio» del PSPV. Por su parte, la diputada provincial Ana Serna, del Partido Popular, califica la enmienda como «la ejecución de la sentencia de muerte de la huerta de la Vega Baja».