Joan Baldoví y Pedro Sánchez se saludan en el Congreso de los Diputados, en una imagen de archivo

Joan Baldoví y Pedro Sánchez se saludan en el Congreso de los Diputados, en una imagen de archivoEFE

Las cesiones de Sánchez a Cataluña en inmigración y financiación enturbian su relación con Compromís

Los nacionalistas piden al Gobierno el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros y amenazan con votar en contra de la quita de deuda a Cataluña

La relación entre el PSOE y Compromís desde que Pedro Sánchez accediera a la presidencia del Gobierno en junio de 2018 ha sido notablemente calmada y estable. En la Comunidad Valenciana compartían la Generalitat (junto a Unidas Podemos) y en el Congreso de los Diputados el clima de colaboración ente ambas formaciones siempre fue más que óptimo. De hecho, a los socialistas no les ha hecho falta ceder ante los nacionalistas en nada, a diferencia de lo hecho con sus otros socios, como el PNV, EH Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) o Junts per Catalunya.

Todo lo contrario, el entonces parlamentario nacional de la coalición, Joan Baldoví, aprobaba ejercicio tras ejercicio los Presupuestos que presentaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Sin embargo, en los últimos meses pudiera parecer que algo estuviera cambiando. Al respecto, son dos los frentes abiertos por el mismo Ejecutivo central para asegurarse su mantenimiento en el Palacio de La Moncloa los que han provocado ciertas tiranteces entre ambos partidos.

Uno es el de la inmigración y el otro el de la condonación de deuda. Los dos tienen como protagonistas a Sánchez, a los independentistas catalanes y a las cesiones del secretario general del PSOE hacia los separatistas. En cuanto al primero, la diputada de Compromís en la Cámara Baja, Àgueda Micó, se muestra favorable a la delegación de competencias a la Generalitat, pero, al mismo tiempo, reclama a los firmantes del acuerdo, la organización del puño y la rosa y Junts per Catalunya, garantizar los derechos de los inmigrantes que sean expulsados de la región. También pone deberes al Gobierno, exigiendo que se aproveche el debate parlamentario de la nueva norma para cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

«Batalla cultural» y «marcos fascistas»

Más duro es su compañero de bancada y formación en San Jerónimo, Alberto Ibáñez: «No existe diferencia entre gestionar una prisión ilegal en español o catalán. La única propuesta coherente con los derechos humanos es cerrar los CIES», ha escrito en su perfil de la red social X (antes Twitter). En esta línea, el diputado califica de «grave» el pacto alcanzado para la cesión de competencias sobre inmigración al Ejecutivo catalán.

La diputada de Compromís en el Congreso, Águeda MicóEuropa Press / Fernando Sánchez

En su opinión, con esta nueva cesión por parte de Sánchez se contribuye a estar en una «batalla cultural» que se produce con «marcos fascistas» y se evita hablar de otros asuntos de interés como que en España el problema «no es la inmigración sino la especulación y el rentismo» en vivienda.

En la cuestión de la quita de la deuda el panorama es peor para los intereses del Partido Socialista y de Sánchez. Fue la propia Micó la que, días atrás, puso sobre la mesa la opinión «muy crítica y contraria» de Compromís a que Hacienda vaya a reestructurar 17.000 millones de euros del montante a deber por las arcas catalanas. Además, criticó que el departamento a cuyo frente está Montero no tenga pensado abordar la reforma del sistema de financiación autonómica que tanto perjudica a la Comunidad Valenciana, con lo que sostiene que la iniciativa del Gobierno central de quitas de deuda «no soluciona la situación financiera ni la infrafinanciación».

«Si quieren negociar, negociaremos y podemos llegar a acuerdos, pero si no quieren negociar con nosotras no podemos dar apoyo a esta condonación que no tiene en cuenta las necesidades reales de los valencianos», avisó seriamente, al tiempo que lamentó que el Ejecutivo haya aprobado los términos del acuerdo sobre la deuda únicamente con ERC y no con el resto de partidos con representación en el Parlamento nacional ni con los diferentes gobiernos regionales.