Mazón recurrirá al Constitucional el reparto de menas impuesto por Sánchez

El Gobierno valenciano ha autorizado el inicio de trámites para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 2/2025, aprobado por el Ejecutivo central el pasado 18 de marzo, que establece criterios para redistribuir entre las comunidades autónomas a menores extranjeros no acompañados (menas), ya que el Consell considera que «supone una clara injerencia en las competencias propias de la Comunidad Valenciana en materia de protección de menores sobre las que ostenta competencias exclusivas».

Así se ha acordado en el Pleno del Consell de este martes, en el que se ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat a iniciar los trámites necesarios para interponer el recurso, según ha explicado la portavoz del Consell y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero en la rueda posterior al pleno.

La número dos del Gabinete de Carlos Mazón ha criticado que «el Gobierno establece de forma unilateral unos criterios que no han sido previamente debatidos, ni acordados, ni negociados con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial, lo que lleva a una clara imposición, conculcando los principios de autonomía financiera de las comunidades autónomas, de cooperación y de lealtad constitucional».

Además, ha añadido que «el sistema de protección en nuestra Comunidad sigue tensionado debido a la llegada constante de menores, siendo más de 900 los menores atendidos el pasado año». «Contamos en este momento con una ocupación del 160 % en nuestros recursos. Todo ello hace que nuestro sistema de protección no tenga capacidad para acoger a los menores que el Gobierno de la Nación pretende trasladar de forma irresponsable», ha añadido Camarero.

La consejera ha reprochado que «establecer por parte del Gobierno central un reparto de menores no acompañados de manera unilateral, no consensuada en la conferencia sectorial, sin la previsión necesaria y sin la financiación que esto requiere supone un maltrato institucional hacia los menores que se verán abocados a una situación de hacinamiento, de falta de dignidad y, por lo tanto, de falta de humanidad, ya que no podremos garantizar la acogida, la protección y la atención que estos menores necesitan».

Camarero ha expresado la «solidaridad absoluta con Canarias», pero la «preocupación máxima» por la situación de los centros valencianos, y ha afirmado que quiere «la máxima dignidad y calidad» para dar a los menores «el futuro que se merecen», por lo que no va a «permitir que se hacinen».

Igualmente, ha señalado que este lunes se reunió con las entidades y que se concluyó que «el sistema de protección en la Comunidad Valenciana tiene unos estándares superiores al resto de España» y «no hay posibilidad» de mantenerlos acogiendo a más niños, además de que «no hay ninguna plaza disponible» y se deberían «buscar centros nuevos». La consellera se ha negado a habilitar «macrocentros» para los menores.

Además, ha detallado que el Ejecutivo central aporta 143 euros al día por menor, cuando el coste en la región es de 218,85 euros por sus «estándares de calidad» y por el convenio colectivo de los trabajadores que atienden a estos menores. En esta línea, acoger a más niños y elevar las ratios supondría tener menores no acompañados y trabajadores «de primera y de segunda».

«Mercadear con los niños»

La vicepresidenta primera ha acusado al Gobierno central de «mercadear con los niños» y usarlos como «moneda de cambio» en su acuerdo con Junts. Ha criticado la aprobación de un reparto «absolutamente arbitrario, sin establecer criterios objetivos, sino criterios por colores políticos, sin financiación adecuada y sin negociación con las comunidades autónomas». Un criterio en el que a Cataluña le corresponde un 0,62 % de sus 40.000 menores, es decir, 30 menores, frente a los casi 500 que «pretenden trasladar a la Comunidad Valenciana», es decir, «el doble de lo que nosotros tenemos en este momento». «Decimos no, porque no podemos gestionarlo», ha asegurado.

Asimismo, la cree que el Real Decreto Ley es «un parche» para esta problemática y que «no hay una política migratoria por parte del Gobierno de España». «¿Por qué no se ha desplegado Frontex y están las mafias campando a sus anchas en el archipiélago canario? ¿Por qué no se está trabajando con los países de origen?», ha preguntado.

Además, la titular de Igualdad ha hablado de «un efecto llamada que lleva a que hoy se tengan que repartir 4.000 y, una vez que se repartan estos 4.000, podemos volver dentro de unos meses a tener que repartir otros 4.000».