Mónica García solo ha destinado 30.000 € en salud mental para los afectados por la dana

La ministra de Sanidad, Mónica García, no suele salir en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Entre que el Gobierno central no es que permita demasiadas preguntas y que el foco mediático suele ser repartido en el Palacio de la Moncloa entre la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuando las cosas son buenas y puede sacar sonrisa y que cuando el argumentario es más duro y han de ser otros los que apechuguen, la líder de Más Madrid es una figura opacada desde sus propias filas.

Aun con todo, la comunista siempre intenta mostrar una cara amable. Salvo, eso sí, que el tema a tratar tenga que ver con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o con el de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Ahí la cosa cambia… y de qué manera. Sin embargo, tras el estallido de la dana el pasado 29 de octubre en la provincia de Valencia, la titular de Sanidad tuvo muy buenas palabras que, por el contrario, no se han traducido en hechos.

Así, y según un informe oficial elaborado por el director general de Salud Mental y Adicciones de la Administración regional, García aseguró en los primeros días de noviembre que su departamento ponía «todos sus recursos para trabajar conjuntamente en la protección de la salud mental de las personas afectadas» por la riada. En este sentido, y ya en diciembre, anunció que se iba a crear «unidades de emergencia de salud mental» para los citados dañados. En concreto, y tal como avanzó el 18 de febrero, el Ministerio iba a destinar «más de tres millones de euros» a tal efecto.

«Cinco meses sin apoyo»

Todo ello, cómo no, propagado y difundido oportunamente en tiempo y forma por parte del equipo de Comunicación del Palacio de La Moncloa. Los buenos hechos seguían y el 25 de febrero fue cuando se suscribió el convenio de colaboración entre Sanidad y la Consejería autonómica del ramo creándose, o al menos así se prometió desde Madrid, la creación de ocho unidades de Emergencias de Salud Mental (USME) por parte de la Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social (CSAI).

Según relata el técnico en su informe al que El Debate ha tenido acceso, «transcurridos cinco meses sin recibir ningún tipo de apoyo» por parte del Ministerio de Sanidad, fue el 2 de abril cuando el director general de Salud Mental y Adicciones de la Consejería el que trasladara su «preocupación» a la Comisionada de Salud Mental de la de Sumar en una misiva en la que le solicitaba «información actualizada» sobre el asunto.

Como con quien no fuera la cosa, la requerida le indicó el 2 de abril, siempre siguiendo el mencionado escrito, que a quien lo corresponde informar es a CSAI. Dicho de otra manera, y según el documento oficial: «Sigue sin constar ninguna licitación de la Fundación CSAI en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Se desconoce si va a realizar los servicios con personal público».

Las conclusiones del documento son más que meridianas: «Más allá de la firma del convenio y de las constantes declaraciones de compromisos incumplidos hasta la fecha el Ministerio de Sanidad solo ha realizado dos actuaciones». Una de ella es: «Contrato menor, por valor de 13.612,50 € (IVA incluido) del Servicio de elaboración de un mapeo de recursos activos en salud y actividades que contribuyen a la salud mental y el bienestar emocional en municipios afectados por la dana».

A esto se añade: «Contrato menor, por valor de 16.856,99 € del Servicios para identificar los problemas de salud mental que han quedado en la población tras el paso de la dana». El escrito es contundente en su último párrafo: «La inversión realizada desde el Gobierno de la Nación, a fecha de hoy, solo asciende a un total de 30.469,49 € a los que podrán añadirse los 295.759,90 € que constan en el convenio, asignados al ejercicio presupuestario de 2025».