Imagen de archivo del exalcalde de Valencia Joan Ribó.
El abogado del Ayuntamiento de Valencia defiende a Ribó de la imputación por la piscina ilegal de 1,2 millones de euros
Joan Ribó Canut no declarará este 24 de octubre tal y como estaba citado como imputado en el Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia. El magistrado ha aceptado la solicitud del exalcalde de Compromís de aplazar su declaración en el caso que investiga la construcción de la piscina municipal de Alboraya en término municipal de la ciudad de Valencia, con un coste de 1,2 millones de euros. Ribó remitió al Juzgado una carta con membrete oficial de lo Servicios jurídicos del Ayuntamiento de Valencia y será el abogado municipal el que defienda la actuación del ex primer edil.
El que fuera alcalde de Valencia entre 2015 y 2023 defenderá su inocencia haciéndose servir de los servicios jurídicos municipales de la capital del Turia, en lo que podría constituir un «conflicto de intereses», según señala Víctor Soriano, abogado encargado de dirigir la acusación popular ejercitada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho (ADED).
La clave está en que el propio Ayuntamiento de Valencia, que no está presentado como parte en una causa que analiza un posible perjuicio para el territorio de la capital, ha dispuesto la defensa jurídica del que fuera alcalde por la posible comisión de un delito durante su mandato.
A efectos prácticos esta utilización se deriva en que la representación del Consistorio en la causa será para defender el papel de Ribó y no para velar los intereses de la capital, después de que Alboraya obrará de forma ilegal en terreno público que además estaba catalogado como huerta protegida.
El juez investiga tanto la actuación del Ayuntamiento de Alboraya como la inacción del de Valencia, lo que constituiría en el caso de la capital la comisión de un delito de «prevaricación urbanística omisiva», según señaló en su momento Víctor Soriano a El Debate.
Imagen del documento de Joan Ribó presentado ante el juez con el membrete de Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Valencia.
Dos cargos socialistas en el alambre
La estrategia judicial de Ribó intenta ganar tiempo con respecto a su imputación, pero a la par deja en el alambre a dos cargos socialistas. Por una parte está el alcalde de Alboraya, Miguel Chavarría, que está imputado y que en caso de prosperar la fase de instrucción se enfrentaría a una solicitud de cárcel de hasta 8 años.
Pero el caso se topa con un aforamiento. Sandra Gómez, exvicealcaldesa de Valencia y encargada del área de Urbanismo en el momento que se construyó la piscina, es ahora eurodiputada por el PSOE. Este nuevo cargo político implica que el juez Zaragoza Campos deba elevar una exposición razonada para que sea el Tribunal Supremo el que impute a Sandra Gómez, que se podría enfrentar a una solicitud de hasta cuatro años de cárcel.
