Un edificio en la playa de Les Deveses de Denia, en AlicanteJoanbanjo vía Wikipedia

Alicante  Denia se moviliza ante el «atraco» de la nueva Ley de Costas, que podría dejar a cientos de vecinos sin casa

El deslinde del litoral norte afectará a 3.617 propietarios, de los cuales 135 podrían sufrir la demolición de sus viviendas o la pérdida de la propiedad

El acto de apeo correspondiente al deslinde de la playa del litoral norte de Denia afectará a 3.617 propietarios, 135 de los cuales se enfrentan, bien a la demolición de sus viviendas, bien a la pérdida de la propiedad, aunque los inmuebles no sean demolidos.

En caso de no ser derruidos, los propietarios podrían seguir disfrutando de sus casas bajo régimen de dominio público hasta pasados 30 años, sin recibir compensación económica alguna. El portavoz de la Asociación Vecinos de Les Deveses, Juanjo Jiménez, se muestra francamente en contra de la medida: «No te quitan la vivienda pero ya no se las puedes dejar a tus nietos».

En ese mismo sentido, la Asociación de Afectados por la Ley de Costas en Denia ha emitido un comunicado con el fin de manifestar la estimación que hace su asociación: 103 están afectadas por dominio público, 135 por servidumbre de tránsito, y 3.379 por servidumbre de protección.

A comienzos de esta semana, acudieron al acto de apeo la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorios, representada por el director general de Puertos, Aeropuertos y Costas, Vicente Martínez Mus, y el presidente de la Asociación de Defensa de las Playas Norte de Denia, Francisco Ros, ambos con el fin de denunciar una medida que calificaron al unísono de «arbitraria».

Martínez Mus señaló que la Consejería ha presentado alegaciones y mostrado su disconformidad frente al deslinde de la playa de Denia y aseguró que «la Generalitat está al lado de los vecinos afectados y se va a oponer a estos deslindes porque son injustos y arbitrarios». Ros, por su parte, tildó la medida de «atraco» e hizo hincapié en la «pérdida de derechos patrimoniales».

Frente a la medida puesta en marcha por el Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, se sitúa la Generalitat, por un lado, diferentes organizaciones cívicas, asociaciones y federaciones de afectados, por otro y, además, la corporación municipal, liderada por el alcalde socialista, Vicent Grimalt.

«Costas nos borra del mapa»

En un último acto de persuasión, unos días antes del acto de apeo, los vecinos de la localidad llevaron a cabo una numerosa manifestación convocada por la Asociación de Vecinos Playa Deveses-Basot y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Denia, bajo el lema: «Costas nos borra del mapa. Con el nuevo deslinde el aparato del Estado confisca nuestras viviendas», a la que acudieron cerca de un millar de vecinos, «un logro –según los convocantes–, dada la cantidad de gente que vive durante el año en la localidad».

El equipo de Gobierno municipal aprovechó la coyuntura para reiterar que siempre ha estado del lado de los vecinos. Grimalt recordaba, además, la petición formal llevada a cabo desde el Ayuntamiento con el fin de conseguir «la paralización de los expedientes de delimitación». Una moción que se aprobaba el pasado mes de octubre y la tercera petición realizada formalmente por el Consistorio dianense.

En general, Generalitat, Ayuntamiento y vecinos, a pesar de las cuitas que puedan darse entre la administración local y la autonómica, de distinto sello político, denuncian que el Ministerio justifique la medida como necesaria, por tratarse de zonas muy afectadas por los temporales –el Gloria, por ejemplo, una DANA que afectó a decenas de viviendas a pie de playa–, y aseguran que es una excusa y que son acciones innecesarias. Es más, los vecinos recuerdan que estaba previsto en breve llevar a cabo «unas actuaciones que llevamos años reclamando y que ahora que por fin se iban a ejecutar nos encontramos con esto».

De cualquier forma la medida ha quedado vista para sentencia. La superficie afectada ya está delimitada con estacas y pintura, señalando el retranqueo de la linde resultante, en la que se encuentran 3.600 parcelas y viviendas privadas. Los vecinos tienen 15 días para presentar sus alegaciones.