La izquierda se revuelve contra el alcalde de Alicante tras el fin de las multas en la zona de bajas emisiones

Después de que Partido Popular y Vox llegaran a un trato para aprobar el Presupuesto «más ambicioso» en la historia de Alicante el pasado martes, la izquierda se ha revuelto contra su alcalde, Luis Barcala, por aceptar una de las peticiones que Vox exigía para cerrar el acuerdo. Se trata de la petición de no multar en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Tras elaborar informes técnicos y jurídicos, los 'populares' aseguran que la ciudad no sufre ningún problema de contaminación e insta a la izquierda a «decir claramente si lo que quiere es multar a los alicantinos».

La encargada de tirar la primera piedra a través de un comunicado ha sido la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, quien ha exigido al alcalde de la ciudad que haga públicos esos informes en los que «presuntamente se avala que es factible impulsar una ordenanza para regular la Zona de Bajas Emisiones sin establecer sanciones contra los posibles infractores».

También ha hecho alusión a los dispositivos medidores de contaminación que se han instalado hasta ahora en Alicante. Dirigiéndose principalmente a los responsables municipales para que informen a la ciudadanía sobre cuántos hay, desde cuándo están instalados y si existe ya algún resultado sobre la concentración de partículas que sean perjudiciales para la salud.

En este sentido, ha señalado que bajo su conocimiento el único dispositivo del que se tiene constancia fue instalado por la administración autonómica en el barrio de Rabasa a las afueras de la ciudad, por lo que «no es representativo de la Zona de Bajas Emisiones». A su vez, el único informe que hay público es uno elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica en 2022 en el que «se demuestra que el índice de contaminación se había disparado un 27 % en los últimos cinco años en la ciudad».

Izquierda Unida-Podemos ha asegurado que la negativa de interponer sanciones en las Zonas de Bajas Emisiones responde a la ignorancia de «la derecha y la extrema derecha» respecto al cambio climático y sus efectos.

No se dan condiciones para multar

Por su parte, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen de España, ha animado a PSOE, Compromís e IU-Podemos a través de otro comunicado a «recurrir a Bruselas o a cualquier otra instancia si lo que pretenden es perseguir a los conductores alicantinos para que se les multe».

De España ha calificado la reacción de la oposición como «cínica», ya que el tripartito no se sentó ni una sola vez con el PP para abordar las cuentas municipales entre 2015 y 2018, a diferencia de lo que sí ha hecho el actual equipo de gobierno, tras alcanzar un nuevo acuerdo con Vox.

La portavoz ha garantizado que la Zona de Bajas Emisiones se mantendrá sin multas hasta que la administración competente establezca una fecha cierta en la que deba aplicarse la totalidad de las medidas. Asimismo, ha garantizado que los informes técnicos señalan que no se dan las condiciones objetivas para incluir y aplicar un procedimiento sancionador.

Otras críticas al acuerdo

Por su parte, Compromís ha denunciado que la oficina para la asistencia a la maternidad, que PP y Vox han dado luz verde a crear, es «únicamente una oficina antiabortista encubierta».

Mientras que la dirección de IU también ha hecho alusión a la oficina antiokupación, que considera que «su creación no responde a una alarma social, sino más bien se trata de infundir temor entre la ciudadanía y estigmatizar a las personas más vulnerables».

La formación comunista también ha querido hacer mención sobre la dotación económica de la escuela taurina, que ha censurado porque «supone promover el maltrato animal desde las instituciones con recursos públicos».