Los agricultores de Castellón claman contra la construcción de una planta fotovoltaica en tierras de cultivo

Está previsto que a mediados del año que viene comience la construcción de Arada Solar, una planta fotovoltaica en la provincia de Castellón que ya cuenta con la declaración de impacto ambiental favorable del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que permitirá, según los promotores, «evitar la emisión a la atmósfera de más de 55.000 toneladas de CO2 cada año» y generar 300 puestos de trabajo.

Sin embargo, este proyecto de la multinacional noruega de renovables Statkraft no ha gustado a todo el mundo, especialmente en el campo castellonense y, en concreto, en la comarca de la Plana Baja, donde se llevará a cabo. Así lo denuncia la organización agraria La Unió Llauradora, que clama contra su construcción, ya que «destrozará 570 parcelas agrícolas de suelo útil de regadío y con gran valor agroecológico».

«La Unió muestra su oposición ante la grave pérdida de superficie agraria y el daño que se le provoca a unos agricultores que han hecho junto a las administraciones una importante inversión en sus campos, también con modernización de regadíos, y que ahora verán cómo ese esfuerzo queda en entredicho», señalan en un comunicado.

En el mismo indican que, en caso de llevarse a cabo este proyecto, se perdería una importante zona de cultivo agrícola y, en consecuencia, se verían afectadas en gran medida las entidades de riego que suministran el agua a la zona planteada, y dada la gran extensión en la que se pretende actuar, «puede llegar a provocar la inviabilidad de la actividad que desarrollan y su desaparición como colectivo de riego».

El proyecto ocupará 280 hectáreas de suelo para la implantación de casi 339.000 módulos fotovoltaicos y se ubicará en los términos municipales de Vall de Uxó, Xilxes, y Moncófar, si bien, desde Arada Solaer precisan que solo 77,1 hectáreas estarán ocupadas por los paneles. También se contempla la construcción de una nueva subestación eléctrica donde evacuará la planta mediante una línea de media tensión de casi 18 kilómetros de longitud, que atravesará los términos de la Vall de Uxó, Nules, Burriana, Alquerías del Niño Perdido, Villarreal y Bechí, apuntan los agricultores.

«Transición energética»

Esta visión choca con la de los promotores, quienes, en aras de la «transición energética», defienden las bondades del proyecto. «Dada la cercanía del proyecto al gran clúster cerámico de la provincia de Castellón, la generación renovable de Arada Solar estará estrechamente ligada a la producción y suministro de hidrógeno verde, lo que contribuirá a la descarbonización del sector azulejero y a garantizar la seguridad del suministro y la protección frente a la volatilidad de los mercados energéticos», explican en su página web.

En la misma se refleja que este plan nació fruto de un acuerdo de colaboración suscrito entre Statkraft y el Grupo Gimeno en septiembre de 2022 y que pasa por producir 5.400 toneladas anuales de hidrógeno verde gracias a una inversión de casi 100 millones de euros y una potencia instalada de 155 MW. «Como parte del compromiso de Statkraft, se involucrará a las empresas locales y se priorizará la contratación de población local», afirman desde la multinacional.

Quejas por los precios

Pero parte de esa población local protestan, y mucho, por las contraprestaciones de la compañía. «Los precios que ofertan los promotores a los propietarios de los terrenos varían si es en propiedad o en arrendamiento. En el primero de los casos se ofrecen 2.500 €/hanegada que aumentan hasta los 2.800 si se trata de cítricos y para el segundo se da una renta anual de 150 €/hanegada que sube hasta 650 € para cítricos y una prima a la firma de 200 €/ha», precisan desde La Unió.

Son precios, según esta organización agraria, que se sitúan por debajo de lo que viene marcando como justiprecio el Jurado Provincial de Expropiaciones de Castellón en los últimos procesos expropiatorios de tierras de cultivo por la zona, ya que prácticamente triplican los de Arada Solar. «Un agricultor con ese dinero que le ofrecen es complicado que pueda comprar otro terreno cerca y acometer las inversiones necesarias para llevar a cabo un nuevo proyecto agrario», asegura La Unió en el escrito.

En éste recuerdan que al proyecto «solo le resta la autorización administrativa de construcción y las licencias municipales para dar curso a las obras de construcción». «En este último aspecto, La Unió se dirigirá a todos los ayuntamientos afectados para que rechacen el proyecto», avisan.

Esta organización asevera que está a favor de las energías renovables, «pero implantadas de una forma racional, sostenible, aprovechando zonas no productivas, polígonos, etc.» e insiste en que «se priorice el autoconsumo energético en lugar de construir grandes plantas fotovoltaicas que destrozan el territorio rural y que ponen en peligro una importante superficie de terrenos agrícolas en plena producción, además de aniquilar la forma de vida de las personas que tienen su proyecto vital en estas zonas».

Y es que, según afirman, la concentración de instalaciones fotovoltaicas en grandes plantas concentradas en suelo agrícola o forestal es «una clara agresión al mundo rural». «Nos quieren imponer grandes proyectos fotovoltaicos sin ningún tipo de racionalidad cuando habría que acercar la producción energética a las grandes áreas urbanas e industriales de consumo, con el objetivo de evitar las pérdidas y el impacto del transporte de la energía a grandes distancias a través de las vías de evacuación que también afectan durante kilómetros a zonas de actividades rurales de interés», zanja sobre este asunto Carles Peris, secretario general de La Unió.