Fuerzas Armadas  El Congreso insta a reforzar Ceuta y Melilla con 10.000 militares en plena ola reivindicativa de Marruecos

El pasado martes tuvo lugar una situación que pone de relieve el frágil equilibrio de fuerzas que mantiene el Gobierno en el Congreso de los Diputados. La Comisión de Defensa aprobó una proposición no de ley presentada por el PP en la que reclama al Gobierno incrementar en 10.000 el número de militares en Ceuta y Melilla. Asimismo, plantea recuperar las guarniciones disueltas de Ceuta y Melilla. La proposición no de ley del PP fue aprobada gracias a los votos de Vox y UPN, mientras que PSOE, Sumar, ERC y Bildu votaron en contra y el PNV se abstuvo. La ausencia de Junts, que no asistió a la comisión, inclinó la balanza y la proposición salió adelante.

El texto señala que, a 3 de diciembre de 2023, la cifra de militares en España era de 129.190 y ahora se considera necesario aprobar un incremento por la adquisición de nuevas capacidades en el seno de las Fuerzas Armadas. Los populares consideran, además, que el aumento de efectivos está en línea con el incremento del presupuesto dedicado a Defensa en los últimos años.

El texto del PP insta asimismo al Gobierno a recuperar las unidades disueltas en las guarniciones de Ceuta y Melilla, en concreto la II y V Banderas de la Legión. Esta reivindicación ha sido planteada en varias ocasiones por el presidente de la ciudad autónoma, el popular Juan José Imbroda. El texto original pedía al Gobierno «considerar» recuperar las unidades disueltas en las ciudades autónomas, pero el PP aceptó una enmienda de Vox que retiraba ese término e instaba a recuperarlas.

La proposición no de ley ha prosperado en plena ola reivindicativa de Marruecos, que en los dos último años ha mantenido una estrategia de «lluvia fina». En julio de 2022, Mohamed VI reivindicó la entrega de Ceuta y Melilla, que sirven de plataforma para 'prácticas delictivas', pero, al mismo tiempo, manifestó la disposición de Marruecos a dialogar con España de todas las 'cuestiones en litigio'. El rey no pudo ser más claro: '(...) Marruecos no ha cesado, desde su independencia, de reclamar el fin de la ocupación por España de Ceuta, Melilla y de las islas vecinas expoliadas en el norte del reino', afirmó el rey. Para lograr este objetivo 'ha elegido seguir la vía de la razón lúcida y ha adoptado un camino pacífico y civilizado (...) instando a instituir una célula conjunta de reflexión marroquí-española para encontrar una solución al problema de esas zonas ocupadas'.

Un año después, en la recepción real con motivo de la Fiesta del Trono organizada por Mohamed VI en Tetuán (Marruecos), las inscripciones «Ceuta ocupada» y «Melilla ocupada» podían leerse en árabe en las credenciales. Pero en abril fue el presidente del Senado marroquí, Enaam Mayara, el que hizo una declaración en la que exigía la «liberación» de Ceuta y Melilla. Sánchez no reaccionó a las palabras de Enaam Mayara, pero sí lo hizo la ministra de Defensa, Margarita Robles. «Ceuta y Melilla son tan españolas como Zamora o Palencia y no hay nada más que discutir sobre ese tema», afirmó. Mayara recibió también críticas desde la prensa oficial marroquí, que le obligaron a desdecirse tibiamente.

Anteriormente, en septiembre de 2022, hubo también una gran polémica por la misma razón. Marruecos aseguró, en un escrito dirigido a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que su país «no cuenta con fronteras terrestres con España» y que Melilla «sigue siendo un presidio ocupado», por lo que «no se podrá hablar de fronteras, sino de simples puntos de acceso».

Más recientemente, en agosto de 2023, la embajada de Marruecos en España incluyó un mapa en el que se anexionaba las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla. En la pestaña «Marruecos» de la página principal de la web hay un apartado denominado «Mapa de Marruecos» en el que se utiliza el mismo fondo de color para todo el territorio, sin diferenciar las ciudades españolas. Aunque en aquel momento generó polémica, lo cierto es que se mantiene sin cambios.

En marzo de este año, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) presentó una queja ante la ONU en la que exigía «el fin de la colonización española de los territorios marroquíes» y el «derecho a la autodeterminación y a la soberanía de los pueblos sobre sus tierras». En este sentido, diversas asociaciones han planteado en los últimos años periódicamente reivindicaciones similares.

Hay que señalar, no obstante, que las Fuerzas Armadas vienen desarrollando una labor constante de vigilancia y disuasión en los territorios de soberanía nacional. En particular, en estas zonas son constantes los ejercicios y maniobras, y la presencia de los tres Ejércitos tiene una indudable visibilidad a instancias de Defensa. El pasado 12 de abril, la ministra de Defensa, Margarita Robles, mantuvo varios encuentros con personal de las distintas unidades que operan en Melilla, integradas por 3.200 militares del Ejército de Tierra. Además de participar en operaciones tanto en territorio nacional como en el exterior, las unidades militares de Melilla se encargan de la presencia, vigilancia y disuasión en las islas y peñones de soberanía española; en concreto, el archipiélago de Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera y peñón e islas de Alhucemas.

Apoyo a la movilidad

Por otra parte, la Comisión de Defensa del Congreso aprobó, con los votos a favor del PP, Vox, UPN y PNV y el rechazo de PSOE, Sumar, Bildu y ERC, otra proposición no de ley de los 'populares' orientada a crear un sistema de apoyo a la movilidad de los miembros de las Fuerzas Armadas que cambien de destino, contemplando, entre otras, ponerles servicios de mudanza.

«La falta de claridad en los derechos y deberes asociados a la movilidad geográfica, la insuficiente consideración de las necesidades familiares en los procesos de traslado y la carencia de apoyos económicos y logísticos adaptados al contexto de cada destino generan incertidumbre y pueden afectar negativamente la moral, la cohesión familiar y, por ende, la eficacia operativa», indican los 'populares' en su justificación.

Por ello, el PP reclama instaurar un sistema de apoyo «integral» que abarque compensaciones económicas ajustadas al coste de vida de las nuevas ubicaciones, servicios de apoyo logístico para la mudanza y el alojamiento temporal y programas de integración y adaptación para el personal y sus familias.