Así se quitaba las multas el exalcalde socialista de Bayona: con una tarjeta ad hoc' y ayuda de un policía

El exalcalde de Baiona, el socialista Carlos Gómez, se sentará en el banquillo de la Audiencia de Pontevedra después de que, presuntamente, usase su cargo para quitarse multas de aparcamiento.

La Fiscalía asegura que el socialista evitó pagar las sanciones presentando una tarjeta que le permitía aparcar en las zonas registradas. Esa tarjeta, fue fabricada de manera posterior y estaba firmada por el propio alcalde y por el número dos de la policía local.

Después de que los agentes con competencias en ello denunciasen la infracción de estacionamiento, Gómez reconoció ser el conductor del vehículo. Lo hizo asegurando que poseía una tarjeta que le permitía aparcar en esa zona, pero se le había olvidado. No contento con ello, presentó un informe firmado por el policía local –y con papel timbrado–como autorización oficial. Así lo sostiene el fiscal que acusa al socialista y al policía que le ayudó de falsedad.

En todo caso, el Ministerio Público apunta en su escrito de acusación que, tal y como figura en el texto de la tarjeta supuestamente fraudulenta, el alcalde tampoco podría aparcar en esa zona de carga y descarga, sino solo en zonas habilitadas a tal efecto.

A raíz de esas alegaciones, el instructor del expediente, de la la oficina ORAL de la Diputación de Pontevedra, archivó el procedimiento sancionador.

En agosto de 2021, Carlos Prado firmó cinco resoluciones como alcalde en las que, «con total desprecio del deber de abstención» estimó sus propias alegaciones y resolvió archivar los expedientes sancionadores.

Por estos hechos, la Fiscalía acusa al exalcalde de un delito continuado de prevaricación administrativa, en concurso con un delito de falsedad en documento oficial por funcionario público. Además, considera al segundo acusado cómplice en el delito de prevaricación y autor del delito de falsedad.

Así, reclama que Carlos Gómez Prado sea condenado a la pena de 15 años de inhabilitación para cargo público y a tres años de cárcel y otros 2 años de inhabilitación por el delito de falsedad, así como la imposición de una multa de 1.080 euros.

Para el otro acusado solicita la pena de 3 años de cárcel y multa de 1.080 euros, así como inhabilitación para cargo público por un tiempo de 4 años y medio.