Ribera guarda silencio mientras Carmen Calvo evidencia la crisis socialista con respecto a la figura del juez Castellón

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, está en el punto de mira de la opinión pública tras las palabras pronunciadas sobre el juez Manuel García Castellón tras insistir este en la tesis terrorista en la causa sobre 'Tsunami Democràtic', en la que investiga al expresidente catalán Carles Puigdemont. Ribera señaló que este magistrado tiene «cierta querencia» a pronunciarse en «momentos políticos sensibles».

Este sábado se esperaba alguna respuesta o concreción al respecto. La vicepresidenta ha indicado que «No tengo nada que decir», es lo único que ha manifestado la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, a su llegada esta tarde a la convención política del PSOE en La Coruña cuando los periodistas le han preguntado por la polémica generada.

Nada ha querido decir la ministra de Transición Ecológica, que ni siquiera se ha detenido para atender a los numerosos periodistas que aguardaban su llegada al Palexco, el recinto coruñés donde el PSOE celebra desde ayer su convención.

Momentos antes, la exvicepresidenta del Gobierno y diputada socialista Carmen Calvo había dicho a los mismos informadores que si bien cree «que no pasa más allá de unas declaraciones que no forman parte de lo que nosotros sentimos, respetando, como ha dicho el ministro Bolaños, el ministro Marlaska, el ministro Planas, las resoluciones que adopta el Poder Judicial», ha indicado.

Además, ha señalado que «en algún momento se pueden hacer declaraciones más o menos acertadas» pero ha querido dejar claro que el PSOE «no tiene mácula» sobre el respeto a las instituciones y a las competencias que desempeña cada una de ellas.

«Creo que mi partido ha dado pruebas más que suficientes a lo largo del tiempo, de mucho tiempo, de entender institucionalmente muy bien nuestro país y de respetar los ámbitos de competencia de los poderes del Estado», ha afirmado a su llegada a la Convención Política del PSOE.

No ha querido abundar en la polémica el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska por unas manifestaciones a las que fuentes del Gobierno tratan de quitar importancia, mientras el PP pide la dimisión de la vicepresidenta por haber acusado de «prevaricación» al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Tsunami.

Marlaska, que también participa en la convención, ha dicho que no opina sobre sus compañeros jueces y se ha limitado a defender la labor de todos ellos. «Los 5.500 jueces y juezas, sin nombre ni apellido, lo que hacen es garantizar el Estado de derecho, como garantizamos el Estado de derecho también el resto de poderes del Estado: el Ejecutivo y el poder legislativo», ha añadido.