La Comisión Europea abre un expediente a España por infringir las normas en la concesión de la autopista AP-9

la Comisión Europea ha decidido incoar un procedimiento de infracción enviando una carta de emplazamiento adicional al Gobierno de España por incumplimiento de las normas sobre contratos de concesión de la autopista AP-9.

En su dictamen, la Comisión aborda diversas cuestiones relacionadas con esos contratos y considera que España prorrogó la duración de dos concesiones de autopistas sin aplicar adecuadamente los procedimientos de licitación, infringiendo las normas de la UE.

Tal y como se apunta, el escrito enviado al Gobierno español tiene por objeto garantizar el respeto de las normas de la UE sobre concesiones, que establecen la igualdad de trato de los operadores económicos interesados en participar en los procedimientos de contratación y el respeto de la obligación de transparencia.

Diego Maraña, presidente de En-Colectivo, agrupación que realizó la denuncia en el año 2019, valora muy positivamente la apertura de este procedimiento que viene a demostrar que conforme pasa el tiempo, la situación de esta concesión está más en entredicho. Tal y como afirma, «se trata de un gran avance en este asunto y supone una gran noticia para todos los gallegos. Con los pasos que se están dando, cada día estamos más cerca de conseguir que finalice el cobro de los peajes y de lograr una autopista gratuita como ya sucede en otras comunidades autónomas como Cataluña y Valencia en las que han vencido los 40 años de concesión».

Asimismo, desde la asociación se solicita al Gobierno transparencia para que todos los gallegos puedan conocer el contenido del escrito remitido por la Comisión Europea y la respuesta que se le vaya a dar.

España dispone ahora de dos meses para responder a los argumentos presentados por la Comisión y en caso de que no responda, la Comisión puede decidir enviarles un dictamen motivado.

Segundo aviso

En septiembre de 2021, desde Bruselas ya se envió una carta de emplazamiento al Gobierno por considerar que al modificar y al prorrogar el contrato de concesión de la autopista AP-9, sin publicar un anuncio de licitación y sin que haya tenido lugar procedimiento alguno de adjudicación del contrato así modificado, España había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del derecho europeo, en particular de la Directiva 93/37/CEE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras.

Según la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante el inicio de una nueva licitación.