La condena de los gallegos: el Gobierno ignora la demanda histórica de la AP-9, con peajes hasta 2048

Hay pocos asuntos que se aprueben por unanimidad en el Parlamento de Galicia. Una de estas excepciones es la AP-9, una autopista del Estado que funciona como el principal eje de comunicación de la comunidad autónoma, ya que, a sus cerca de 200 kilómetros de longitud, conecta los principales centros económicos: Ferrol, La Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo y la frontera con Portugal. Su importancia estratégica y el elevado coste de los peajes ha llevado a que todos los grupos políticos con representación, PP, PSOE y BNG, se hayan unido para reclamar al Gobierno central la transferencia de esta infraestructura al Ejecutivo gallego y que se aborde la gratuidad para los usuarios.

Este debate llegó de nuevo a Madrid el pasado día 16 y la respuesta fue la misma que en ocasiones anteriores: los conductores gallegos deberán seguir pagando peajes hasta 2048, momento en el que termina la concesión, si quieren utilizar esta vía de alta capacidad.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, explicó, tras solicitar el PP su comparecencia, que no es viable rescatar la concesión, es decir, que esta autopista pasase a ser gestionada de forma directa por el Estado y no por la actual empresa concesionaria, Audasa. El argumentó que ofreció es que esto supondría un «altísimo volumen de gastos para la Administración» y que tendría «claros efectos lesivos» para las arcas públicas. En cuanto al posible cambio de la titularidad, la respuesta fue similar. Afirmó que «se puede estimar que el encaje del traspaso de la autopista al gobierno autonómico se antoja tremendamente difícil» al tratarse de un «itinerario de interés general» que conecta puertos y aeropuertos.

El Congreso apoya la demanda

Pocas horas después, el Congreso de los Diputados votó una iniciativa del BNG en la que se exigía al Ejecutivo central que inicie los trámites de la anulación de la prórroga de 25 años a la concesionaria de la AP-9 (concedida durante el gobierno de José María Aznar) y asuma la gestión directa de la vía y la supresión de los peajes, con PSOE y Sumar votando distinto en alguno de los puntos de esta moción. El punto que hacía referencia a acabar con los peajes y la prórroga contó con el apoyo de PP, Sumar y ERC, la abstención del PNV, Junts y UPN, mientras que el PSOE y Vox votaron en contra.

El resto de puntos, que hablaban de un estudio sobre el coste de rescatar la AP-9 y llevar a cabo la transferencia a Galicia de esta autopista, sí que sumó el apoyo del PSOE y contó con el único voto en contra de Vox.

Rueda defiende el traspaso

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, criticó la postura expuesta por el ministro Óscar Puente. «Yo creo que lo que pasa es que la voluntad política es tremendamente baja», aseguró.

«He de agradecer la sinceridad, que contrasta con lo que se nos está contando aquí», señaló Rueda. También señaló que «sería muy difícil de explicar» que no se produzca un traspaso «que va a redundar en una mejor gestión» y dejaría «en muy mal lugar» al PSOE de Galicia, del que espera que «se den cuenta de que hay cosas indefendibles»; y al BNG, que «contó tantos logros» relacionados con la autopista.

El Parlamento gallego aprobó el mismo día que el Congreso de los Diputados una iniciativa, por unanimidad tras ser impulsada por el PP, para instar a la Xunta a que se dirija al Gobierno central con el fin de que elabore un estudio «serio y minucioso» sobre el coste de rescatar y hacer gratuita la autopista AP-9.

No es la primera vez que el Parlamento aprueba una iniciativa sobre la AP-9. En los últimos ocho años ha dado luz verde a cuatro proyectos legislativos aprobados por unanimidad para reclamar la transferencia de la autopista, el primero de ellos en 2016 con el PP en el Gobierno central.

Guerra de cifras

La Xunta presentó a principios de septiembre un estudio que encargó a una consultora externa para cuantificar el rescate del vial, es decir, el dinero que debería cobrar la empresa que la gestiona, Audasa, por abandonar su negocio antes del fin de la concesión, fijado en 2048.

Su conclusión es que la cifra asciende se sitúa ente los 1.612 y los 2.355 millones de euros, menos de la mitad que lo anunciado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, que fue de 4.000 millones.

Esta medida busca acabar con el elevado coste de los peajes, que en los últimos años no han parado de subir. En la actualidad viajar entre La Coruña y Vigo por la AP-9, que supone un recorrido de 150 kilómetros, tiene un precio de 19,4 euros.