Las propiedades decomisadas al narcotraficante Marcial Dorado dejan más de un millón que ingresará el Estado

El Plan Nacional de Drogas y la empresa pública Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio (Segipsa) organizaron una subasta con varios bienes incautados a Marcial Dorado con un resultado de un millón de euros. Este dinero será ingresado por el Estado.

De los bienes de Dorado que se pujaron miércoles, se vendieron más de una veintena de propiedades y varios lotes quedaron desiertos, como es el caso de 10 locales comerciales ubicados en Santiago de Compostela.

Los que sí encontraron compradores fueron dos lotes con varias fincas rústicas ubicadas en el municipio pontevedrés de Isla de Arosa, una vivienda unifamiliar en Villagarcía de Arosa, así como un piso en Pontevedra y un bajo comercial, entre otras propiedades.

Cambio en la ley

En abril de este año, la Xunta se reunió con el Colegio de Procuradores de La Coruña y la Fundación Gallega contra el Narcotráfico (FGN) para renovar la colaboración que mantienen desde 2015. Este acuerdo tiene como objetivo mejorar la gestión de los bienes incautados en delitos de narcotráfico en Galicia.

Sin embargo, el Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia podría cambiar radicalmente esta situación. Según los procuradores coruñeses y la FGN, esta normativa podría poner en peligro un elemento clave en la lucha contra el narcotráfico en Galicia, al afectar al Servicio de Gestión de Bienes Intervenidos al Narcotráfico (SGB). En concreto, el proyecto legislativo, que ya ha sido tramitado en el Congreso y está pendiente de aprobación en el Senado, introduce cambios en el artículo 636 y elimina el contenido del artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Estas disposiciones habilitaban a los colegios de procuradores a gestionar subastas como entidades especializadas.

De aprobarse la reforma, el Colegio y la Fundación quedarían impedidos para gestionar y subastar los bienes incautados al narcotráfico, lo que, según denuncian, afectaría gravemente a un servicio muy valorado por las unidades policiales y judiciales en Galicia. Este servicio ha demostrado ser un apoyo eficaz en la lucha contra el crimen organizado. En consecuencia, la nueva legislación, tal como está planteada, representaría un grave retroceso en la lucha contra el narcotráfico, ya que dificultaría o incluso impediría la venta ágil de bienes muebles intervenidos, limitando las subastas exclusivamente al ámbito judicial a través del Boletín Oficial del Estado.