Interior, Av. de Emilio Martínez Garrido, 21, Lavadores, Vigo en donde está la asociación Érguete

Av. de Emilio Martínez Garrido, 21, Lavadores, Vigo en donde está la asociación ÉrgueteGoogle Maps

La Xunta destina más de 177.000 euros a programas para ayudar a personas con trastornos adictivos

El convenio permitirá atender a cientos de pacientes con apoyo jurídico y social

La Xunta de Galicia ha renovado su compromiso con la asociación 'Érguete' mediante un convenio de colaboración destinado a facilitar la incorporación social de personas con trastornos adictivos.

El acuerdo, firmado por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la vicepresidenta de la entidad, Sonia Fernández Vilar, supone una inversión de 177.833 euros para el desarrollo de estos programas.

Programa atención jurídico social

Gracias a esta iniciativa, el pasado año se atendió a 803 personas, de las cuales 665 eran hombres y 138 mujeres. El objetivo es ofrecer apoyo integral a quienes, además de enfrentarse a una adicción, tienen problemas legales que dificultan su reinserción social.

Los programas se canalizarán a través del Programa de atención jurídico social, diseñado para brindar asistencia jurídica y técnica a los beneficiarios. Este servicio será prestado por profesionales de la asociación en los distintos dispositivos de atención que tiene repartidos en Galicia.

Además, la Consellería de Sanidad destinará un total de 447.000 euros para financiar el Programa de Atención Jurídico Social en toda la comunidad. En el último año, esta iniciativa ha permitido atender a 1.995 personas a través de la colaboración con siete asociaciones sin ánimo de lucro.

Como parte del convenio, la asociación 'Érguete' de Vigo se compromete a seguir las directrices marcadas por el Servicio Gallego de Salud (Sergas) y a coordinarse con otros recursos recogidos en el Plan de Galicia sobre Drogas.

El perfil social de estas personas es variado, pero gran parte de ellas presentan dificultades añadidas en su proceso de recuperación, ya que se encuentran inmersas en procedimientos judiciales que pueden derivar en penas de prisión. La intervención jurídica y social pretende evitar que estas situaciones interrumpan sus procesos de rehabilitación y favorecer su plena reinserción en la sociedad.