La Coruña activa la «mayor operación urbanística en la historia de la ciudad» con la reordenación del puerto

El 2 de febrero de 2004 el Gobierno central, la Xunta de Galicia y los ayuntamientos de La Coruña y Arteixo firmaron el convenio que posibilitó la construcción del puerto exterior de Langosteira para poder eliminar del casco urbano las actividades más molestas, como la descarga de crudo. Uno de los puntos más polémicos de aquel acuerdo fue la venta de parte de los muelles para financiarla obra del nuevo recinto, cuyo coste finalmente alcanzó los 800 millones de euros, y que hasta ahora no se ha materializado. Dos decenios después, las mismas administraciones públicas se han vuelto a reunir para firmar un protocolo, que plasma una declaración de intenciones, sobre, lo que, según afirmó el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, será «la mayor operación urbanística en la historia de la ciudad».

El Palacio Municipal de María Pita acogió una reunión al más alto nivel con toda la cúpula del Ministerio de Transportes (a excepción del ministro Óscar Puente), el Ayuntamiento coruñés, la Xunta de Galicia (con el presidente Alfonso Rueda a la cabeza) y la Autoridad Portuaria. Los dos primeros organismos están controlados por el PSOE y los dos últimos, por el PP. Todas las partes rubricaron un protocolo en el que se comprometen a elaborar, coordinar y promover «todos los documentos, estudios y propuestas necesarios para la integración de los terrenos portuarios en la ciudad». Para ello se constituirá una comisión denominada «Coruña Marítima» en la que se propondrá «la elaboración de convenios de colaboración específicos».

El documento que se hizo público es, según recoge el acuerdo, «una declaración de intenciones que viene a expresar la voluntad de las partes firmantes para actuar con un objetivo común, sin que, en ningún caso su firma suponga la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles para las partes». De hecho, no es la primera vez que las partes implicadas sellan un pacto sobre esta cuestión. En 2018, promovido por el Gobierno gallego y el Estado (entonces ambos estaban controlados por el PP), ya existió otro que quedó en agua de borrajas.

Traslado de la estación de mercancías

El ámbito de estudio conllevará toda la fachada marítima del Puerto de La Coruña, desde el dique Barrié de la Maza hasta la dársena de Oza, incluyendo las zonas del Muelle de Batería y Calvo Sotelo y la Zona del Muelle de San Diego, Muelle Petrolero y Terminal ferroviaria de Mercancías de San Diego, reflejadas en el convenio de 2004, de cara a «tener una visión integral y una coherencia conjunta en la definición de todo el espacio en términos de usos, movilidad, accesibilidad, explotación portuaria», según indica el acuerdo.

Con esta reordenación del espacio portuario interior de La Coruña y del espacio ferroviario de la estación de mercancías de San Diego, «se trata de recuperar las relaciones de la ciudad con el mar en el frente portuario, resolviendo los problemas de movilidad y el déficit de espacios y de dotaciones públicas de los barrios limítrofes, y de contribuir a garantizar la competitividad y sostenibilidad financiera de la Autoridad Portuaria», según asegura el protocolo.

El presidente de Adif, Ángel Contreras, hizo referencia a esta asunto y señalói que se va a realizar el «traslado» y «reposición» de esta terminal. Está previsto que sea en las proximidades del polígono de Vío.

Titularidad pública de los muelles

El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, quiso dejar claro la importancia que tiene el futuro sobre los muelles urbanos. «Es la mayor operación urbanística en la historia de la ciudad. Arrancamos este proceso con enorme ilusión desde el Puerto», afirmó.

La alcaldesa, Inés Rey, explicó que con este acuerdo se busca el «mantenimiento de la titularidad pública de los espacios para garantizar la accesibilidad ciudadana», de tal modo que, si se concreta, se evitaría la venta de terrenos portuarios para financiar el coste de la obra de Langosteira.

El protocolo especifica que «se considera especialmente relevante en el caso de los terrenos ubicados en la zona de Batería-Calvo Sotelo, dada la excepcional ubicación de centralidad urbana que presentan, lo que aconseja que sobre los mismos se habiliten usos compatibles con el disfrute ciudadano». Mientras que en el caso de San Diego se limita explicar que «los usos que finalmente se adopten, y la titularidad consiguiente de los espacios sobre los que se asientes, habrán de analizarse a la luz de la situación actual del puerto y de la ciudad, muy diferente a la existente en 2004».

Hace tres años, la propia regidora, en respuesta a la propuesta de la Xunta de Galicia de comprar dos muelles de la ciudad, aseguró que «el puerto de La Coruña no está en venta».

«Concretar» acuerdos

El máximo mandatario del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, indicó que ahora habrá que «concretar» qué hacer con los espacios que quedan liberados. «El puerto tiene que funcionar de manera diferente y seguir construyendo ciudad» para lo que ha apelado a dar «pasos firmes» sin caer en planteamientos «demagógicos».

En la reunión participaron, entre otros, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez; el máximo responsable de Adif, Ángel Contreras; el presidente de la Autoridad Portuaria de La Coruña, Martín Fernández Prado; y la alcaldesa, Inés Rey.

También estuvieron presentes otras autoridades como el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo; la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, e Isabel Pardo de Vera, directora del Plan Estratégico La Coruña 2030-2050.