Satse: «El programa de farmacia comunitaria rural es un nuevo paso hacia la privatización de la sanidad»

El Sindicato de Enfermería, Satse, ha denunciado que el programa «Farmacia Comunitaria Rural» acordado por el Ministerio de Sanidad y los empresarios de las oficinas de farmacia es un nuevo paso hacia la «privatización» de la sanidad pública por parte de un Gobierno que no está destinando los recursos y medios necesarios para que nuestro sistema sanitario pueda atender todas las necesidades del conjunto de la sociedad.

Satse subraya que «la población de las zonas rurales de nuestro país debe contar siempre con los servicios y profesionales sanitarios y sociosanitarios necesarios para que no sufran ningún tipo de desigualdad y discriminación y, para ello, la única solución es reforzar los recursos públicos de Atención Primaria con las plantillas suficientes».

Un objetivo que deben asegurar las administraciones públicas, tanto las autonómicas como el Gobierno central, el cual debe liderar e impulsar la repuesta conjunta necesaria para que ningún ciudadano quede desatendido, independientemente de su lugar de residencia. Algo que, según Satse, el Ejecutivo de Pedro Sanchez, no solo no está haciendo, sino que está propiciando que sea el sector privado empresarial el que se beneficie de la actual situación de precariedad de la asistencia en las zonas menos pobladas de nuestro país.

En este sentido, el Sindicato de Enfermería rechaza el protocolo sobre la «Farmacia Comunitaria Rural» firmado en fechas recientes entre tres ministerios del Gobierno, entre ellos, el de Sanidad dirigido por Carolina Darias, y el Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF), porque supone precarizar aun más la sanidad pública en beneficio del empresariado privado.

Contradictorio

Según Satse, es «absolutamente contradictorio» que el actual Gobierno socialista se muestre en los medios como un claro defensor de la sanidad pública y universal y, al mismo tiempo, respalde e impulse la privatización de servicios asistenciales que pueden y deben realizar las enfermeras, enfermeros y médicos de los centros de Primaria de nuestra sanidad pública.

El protocolo contempla, entre otras actuaciones asistenciales, la adherencia y seguimiento de tratamientos a enfermos crónicos, los sistemas personalizados de dosificación, etc., así como acciones de prevención y promoción de la salud pública, que son competencia de las enfermeras, enfermeros y médicos en base a su formación y cualificación, según la legislación española vigente. Actuaciones todas ellas que ya se vienen realizando sin que supongan ningún tipo de coste adicional para los ciudadanos, agrega.

En este punto, el Sindicato de Enfermería incide en que el Gobierno y el CGCOF deberían explicar públicamente si el acuerdo alcanzado conlleva una contraprestación económica concreta para los empresarios farmacéuticos. Un asunto al que no se ha aludido en la presentación pública del proyecto, añade la organización sindical.

«Entendemos el legítimo interés de los empresarios de las oficinas privadas de farmacia de querer aumentar sus beneficios económicos con este tipo de acciones, pero lo que es muy cuestionable es que una administración pública genere negocio a la empresa privada en lugar de apostar por ofrecer unos servicios públicos de calidad en cualquier municipio de nuestro país», apuntan desde la organización sindical.